La condición del presidente de la República, José Raúl Mulino, fue contundente: levantar los cierres de calles en Bocas del Toro a cambio de una revisión de la Ley 45, sobre pensiones de los trabajadores del sector bananero. Pero el condicionamiento no surtió efecto. Tanto los trabajadores de las bananeras como otros grupos de manifestantes respondieron intensificando las protestas.
Los cierres volvieron a apoderarse de las calles de Bocas del Toro este lunes 2 de junio, e incluso se extendieron a sectores clave de la vía Interamericana, como en Tolé y El Salado, en la provincia de Chiriquí, cuando comunidades indígenas se manifestaron. Esa imagen se repitió también durante el fin de semana en Arimae, Darién.
La reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) a través de la ley 462, ha sido el catalizador para que trabajadores bananeros y pueblos originarios, se manifiesten también por las condiciones de vida en el Panamá Rural. Bocas del Toro, por ejemplo, es la provincia más pobre del país, con 39.1% de su población en condiciones de pobreza.
“Al minuto que levantan los paros de manera permanente, esa ley [45] va para la Asamblea. Yo no voy a mandar una ley cuando Bocas del Toro, Changuinola sobre todo, sigue trancada. Se lo hemos dicho al señor [Francisco] Smith en todos los idiomas habidos y por haber”, dijo Mulino el pasado jueves 29 de mayo.
La declaración de Mulino sobre los reclamos de los trabajadores bananeros provocó el rechazo del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana), dirigido por Francisco Smith. Pero lo que más crispó los ánimos fue el establecimiento de una fecha límite para que los manifestantes levantaran los cierres como condición para avanzar en la revisión legislativa.
De acuerdo con un comunicado del sindicato, las palabras del presidente agudizaron el malestar entre los trabajadores, quienes decidieron continuar con la huelga.
Desde el pasado 19 de mayo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral declaró ilegal el paro, condicionando, también, en esa ocasión, el regreso de los trabajadores de Sitraibana a sus labores en la empresa Chiquita Panamá en un plazo menor a 24 horas. ¿El resultado? El ultimátum no surtió efecto.
El 20 de mayo, Mulino convocó a los jefes de bancada de la Asamblea Nacional para expresar su intención de presentar una ley especial a la Asamblea Nacional basada en la Ley 45, con el fin de dar respuesta a los reclamos de los trabajadores bananeros. Sin embargo, la condición es que se levanten los cierres.
A pesar del clima de tensión, el mandatario envió una comisión de alto nivel a la provincia este lunes 2 de junio. Allí se reunieron con dirigentes de sectores productivos: comerciantes, productores independientes de banano, miembros de la cooperativa de transporte y empresarios de diversas actividades.
Según informó la Presidencia, “todos los participantes pidieron al Gobierno la urgente apertura de las carreteras y la aplicación de las leyes”, al tiempo que calificaron la situación como “un estado de anarquía que está ahuyentando todas las inversiones”.
Por otra parte, la Caja de Seguro Social (CSS) dijo que los grupos de manifestantes de Bocas del Toro rechazaron reunirse con una comisión técnica que tenía la intención de explicar la reforma a la entidad a través de la ley 462.
“Lamentamos muchísimo que luego de la convocatoria que aceptó el equipo técnico de Prestaciones Económicas para ofrecer las explicaciones, aclarar dudas y desmentir los temas que se están vertiendo en las redes sociales, estos gremios decidieran levantarse de la mesa”, afirmó Jorge Ortega Llamas, asesor del despacho superior de la CSS.
Los manifestantes, incluido Sitraibana, han solicitado la derogación de la ley 462 y la revisión de la ley 45.
Por otro lado, una vez más en Changuinola, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, señaló que le han “comunicado que esta semana estarán presentando la autorización de despido del resto del personal que quedaba en la bananera [Chiquita Panamá]”.
Una vez más, la amenaza de la pérdida de empleos pone presión sobre los manifestantes, algo que no surtió efecto desde el primer anuncio de la retirada de la compañía, y que solo les ha motivado a mantenerse en las calles.
Según cifras de la propia empresa, el cese de operaciones implicaría que unos 5,000 trabajadores perderían sus empleos, pero un video en redes sociales publicado este lunes, donde aparecen dirigentes de gremios de obreros y de docentes en Changuinola, indica que están dispuestos a todo con tal de que se cumplen sus peticiones, al tiempo que exigen que el gobierno “deje de jugar con la inteligencia de los bocatoreños”.
