“Con pleno respeto por la soberanía y las leyes de la República de Panamá”. Así inicia la redacción del numeral 1 del Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg) y el Departamento de Defensa de Estados Unidos de América (EUA), relativo a las “actividades cooperativas en materia de seguridad en Panamá”.
Bajo el paraguas de “actividades cooperativas”, el mismo numeral enmarca la permisividad de que personal de EUA utilice instalaciones y áreas designadas por el Minseg para llevar a cabo ejercicios, entrenamientos o instalar propiedad de Estados Unidos y sus contratistas en dichos sectores.
De inmediato, en el numeral 2, se detalla que para fortalecer la cooperación en materia de seguridad, tanto el Minseg como el personal estadounidense podrá hacer uso conjunto de las áreas que se detallan en el “Anexo A” del documento, a saber:
La Base Aeronaval Cristóbal Colón, antiguo Fuerte Sherman.
La Base Naval Vasco Núñez de Balboa y Base Naval Capitán de Fragata Noel A. Rodríguez, antigua Estación Naval de Rodman.
El Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico y la Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez, antigua Base de la Fuerza Aérea en Howard.
En el “Anexo B” del texto también se especifica que por personal de EUA se entiende tanto personal militar de las fuerzas armadas como personal civil del Departamento de Defensa estadounidense.
En un análisis del Memorándum realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, se argumenta que no habrá bases militares. Sin embargo, en el mismo párrafo se habla de la presencia del personal estadounidense en las ubicaciones autorizadas, que ahora son bases aeronavales panameñas.
En el Memorando se reconoce el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Panamá y el gobierno de EUA concerniente a la condición del personal de EUA que podría estar presente temporalmente en Panamá”, que está en vigor desde el 20 de septiembre de 2022, y que se fundamente en un canje de notas que tuvo lugar entre el 15 y el 20 del mismo mes.
Sin embargo, en las referencias jurídicas que sustentan el análisis de la Cancillería, no se alude al artículo V del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, que detalla que solo la República de Panamá mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional.
Tampoco se mencionan los anexos concernientes al artículo V del Tratado de Neutralidad, particularmente la enmienda Da Concini, en los que se especifican las condiciones por las que EUA podría tener presencia militar y que están ligadas a una eventual intervención de las operaciones del Canal que impliquen el bloqueo del tránsito por la vía interoceánica, es decir, una amenaza real a la operación ininterrumpida.
Por otro lado, a pesar de que el numeral 6 del Memorándum especifica que el Minseg será el “responsable primario de la seguridad en las instalaciones autorizadas” y que es responsable de tomar las medidas “que fuesen necesarias” para garantizar la protección y seguridad del personal, los contratistas y la propiedad de EUA, el texto también establece (numeral 7) que, para acceder a ciertas secciones de las instalaciones, los funcionarios panameños deberán hacer una “notificación previa” al personal de Estados Unidos.
Tras la firma del Memorándum de entendimiento grupos de la sociedad civil, sindicatos, abogados, analistas y políticos, han advertido que este acuerdo trae a la memoria la existencia de las antiguas bases militares.
Al respecto, el presidente panameño, José Raúl Mulino, respondió el jueves 10 de abril —durante una visita oficial a Perú—, señalando que “lo que se firmó antes de ayer [el 8 de abril] es un memorándum de entendimiento operativo, administrativo entre dos entidades de defensa (...) donde por lo menos en tres o cuatro versiones que fueron devueltas retiramos los conceptos de presencia militar permanente, bases militares y cesión de territorio porque eso sí es inaceptable”.
Mulino lo dijo tras reconocer que con la visita del secretario de Defensa de EUA, Pete Hegseth, “costó mucho imponer el criterio de la soberanía panameña sobre nuestro territorio y el Canal de Panamá”.
El mandatario dejó ver, de forma casi explícita y por primera vez, que las pretensiones de Estados Unidos contemplaban la instalación de presencia militar permanente.
En el numeral 19 del documento se contempla la posibilidad de la presencia de personal militar estadounidense en bases aeronavales panameñas por un periodo máximo de tres años, prorrogables por otros tres.
Al mismo tiempo, se incluye que si alguno de los Estados decide cancelar el acuerdo, debe notificarlo con seis meses de antelación.
Un punto relevante del Memorándum es lo concerniente a la cooperación en seguridad en lo relativo a “desafíos de seguridad compartidos”.
En su visita a Panamá, Hegseth insistió en que una de las principales preocupaciones de seguridad para EUA es la injerencia de China en el país.
Tras partir de Panamá el 9 de abril, el secretario de Defensa indicó a medios estadounidenses que esta cooperación permite “recuperar el Canal de Panamá de la influencia de China”.
Por su parte, la Cancillería manifiesta que el memorándum cumple con el Tratado de Neutralidad y exige el pleno respeto por la soberanía y las leyes de la República de Panamá, así como la estrecha colaboración del Departamento de Defensa de EUA con el Ministerio de Seguridad Pública panameño, en instalaciones que hasta 1999 simbolizaban la pugna por la jurisdicción en el Canal, hoy resignificadas como espacios de cooperación bilateral.
Reacciones
El Memorándum ha suscitado diversas reacciones entre actores políticos, algunos de los cuales cuestionan sus alcances y las posibles implicaciones en materia de soberanía.
Uno de los pronunciamientos más críticos provino de Ricardo Lombana, excandidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (MOCA), quien calificó el acuerdo como un retroceso en la autodeterminación del país.
“Presidente José Raúl Mulino, qué vergüenza que usted sea panameño, ha herido nuestra patria (...). El paso firme cojea y se arrodilla ante las presiones, no importa cómo las quiera llamar, lo que hemos leído en este memorándum es el establecimiento de bases militares, sin un solo disparo vuelven Howard, Rodman y Sherman”, expresó a través de una declaración pública en sus redes sociales.
Por otra parte, el diputado Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), exhortó a que el Ejecutivo rinda cuentas ante el Legislativo.
“Que la Asamblea Nacional de diputados juegue su rol y se certifique de la presencia del canciller de la República y el ministro de asuntos del Canal [al Legislativo]”, manifestó, al tiempo que añadió: “Es requerido por dignidad y por entereza”.
