En una conferencia de prensa marcada por la sombra de la crisis social que vive el país, el presidente José Raúl Mulino defendió con vehemencia la polémica Ley 462 que reformó el sistema de jubilaciones que paga la Caja de Seguro Social (CSS) y acusó a sindicatos, grupos políticos y “mafias” de orquestar una campaña para desestabilizar su gobierno.
Poniendo su mirada en las protestas y bloqueos de vías en Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, el mandatario trazó una especie de línea divisoria: orden versus caos.
La CSS en el centro del huracán
Mulino arremetió contra quienes exigen derogar la Ley 462 que reformó la normativa de la CSS, sancionada en marzo pasado después de varios meses de debate tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.
“Derogarla sería la quiebra de la Caja y del país”, advirtió, y al mismo tiempo puso su dedo acusador sobre los “grupos políticos y sindicales” que intentan recuperar el control de lo que calificó como un “botín” manejado por décadas bajo “corrupción y privilegios”.
“La Caja del Seguro Social era un botín, hoy no es un botín de ninguno de esos señores. Están carboniando eso (protestas y cierres) en Bocas del Toro precisamente como consecuencia de que salieron del escenario de ese tipo de corrupción. Yo no puedo negociar y abrirle las puertas al negociado con fentanilo. No puedo volver a una Caja del Seguro Social que demoraba más de seis meses para una cirugía cardiovascular, donde si eras amigo o afiliado a algún sindicato de la directiva pasada, eras de primero en la fila”, manifestó Mulino desde un podio del anfiteatro de la Presidencia de la República.
A su izquierda estaban sentados tres ministros vinculados a las áreas del conflicto: Frank Ábrego, de Seguridad Pública; Julio Moltó, de Comercio e Industrias; y Jackeline Muñoz de Cedeño, de Trabajo. También estaba Dino Mon, director de la CSS.
Enseguida, el mandatario responsabilizó a exdirectores de la CSS, como Enrique Lau Cortés, quien dirigió la institución entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2024, y Juan Jované, quien comandó la entidad entre 1999 y 2003.
A Jované lo acusó de dejar una “enorme deuda” y a Lau Cortés le recordó los “miles de nombramientos de amigos de las instancias de poder del momento”.
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Crispiano
Enseguida lanzó una acusación contundente: “Ahí los vemos, Lau Cortés, ¿con quién? Con Crispiano Adames”. Lo dijo sin tapujos.
Adames no es cualquier diputado. Fue dos veces presidente de la Asamblea Nacional durante el periodo constitucional (2019-2024) y hasta hace poco formó parte de la cúpula del Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo que gobernó el país en la administración pasada.
Está en el ranking de los cinco diputados con la planilla más costosa del Legislativo. Emplea a 63 personas con un gasto de $122,850 al mes.
Recientemente se le vio conversando en una cafetería con Lau Cortés. El momento quedó registrado en una fotografía que recorrió las redes sociales, incluidas las de La Prensa.
“Ustedes han visto que el principal crítico y que va a las comarcas a hacer campaña contra este gobierno es Crispiano Adames, diputado del PRD, quien fue dos veces presidente de la Asamblea en el gobierno pasado”, aseguró el gobernante, y de inmediato le recordó la costosa planilla. “Como demostró el contralor de la República, dueño de cantidades de nombramientos corruptos en la Asamblea que responden a él”.
Al parecer, no será la única revelación. Mulino adelantó que dará a conocer más información. “Y eso no es todo. Vienen más cuestiones irregulares para que la población pueda saber las otras razones detrás de esto”, sentenció.
De las huelgas...y otros demonios
El jueves 15 de mayo se cumplieron 23 días de paro en las escuelas públicas del país y otros 18 en obras de construcción. Las huelgas son promovidas por gremios de educadores y el poderoso Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), respectivamente. Además de la derogación de la Ley 462 de la CSS, cuestionan un memorándum de entendimiento firmado por los gobiernos de Panamá y Estados Unidos que permite presencia militar temporal en instalaciones panameñas, y también rechazan la minería.
Pero el nudo gordiano de esta historia parece apuntar a la Ley de la CSS. Los grupos que se oponen a la norma alegan que “reduce las pensiones a niveles humillantes”, es “inhumana”, recorta derechos laborales y debilita la atención pública.
Mulino desestimó estos reclamos como “politiquería de izquierda” y aseguró que no habrá marcha atrás: “No negociaré con quienes quieren volver al derroche”, alertó.
Bocas del Toro: ¿Huelga legítima o ‘sabotaje´?
El epicentro de la crisis está en Changuinola, el rostro comercial y productivo de la provincia de Bocas del Toro, donde al menos 7,300 trabajadores de la industria del banano, de la empresa Chiquita Brands, llevan 15 días en huelga. Mulino alertó que la empresa podría cerrar operaciones “en días”, como ocurrió en Puerto Armuelles (Chiriquí), y responsabilizó al sindicato liderado por Francisco Smith de “carbonear” la provincia.
Smith es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera de Bocas del Toro, organismo que organiza y lidera los bloqueos de vías en la zona. Son muchos. Se habla de 20, 15, 12 cierres de calles. En un momento se habló de hasta 40 bloqueos. Para movilizarse, los bocatoreños deben hacer transbordos, mientras que los productores no pueden cosechar, transportar ni vender sus productos. Los bocatoreños denuncian estar “secuestrados en su propia provincia”.
Para el gobierno, la protesta es un “sabotaje” auspiciado por el Suntracs y figuras políticas como el diputado Crispiano Adames, quien, según Mulino, busca capitalizar el malestar para debilitar su gestión.
“He sido suficientemente paciente y he mandado, y seguiré enviando, la misión de alto nivel de mi gobierno a Bocas del Toro para que trate de llegar a un acuerdo con estos señores, que es un tema estrictamente sindical. ¿Aupado por Suntracs? Por supuesto que sí. ¿Presionado por Suntracs? Por supuesto que sí”, dijo el presidente de la República.
Los manifestantes, en tanto, argumentan que la Ley 462 agrava condiciones laborales históricamente precarias.
El rol de las fuerzas del seguridad
Por el momento, las fuerzas de seguridad del país, que en los últimos días se han activado para replegar a manifestantes que cierran calles y vías principales en otras provincias, actuarán con prudencia en Bocas del Toro.
Aunque Mulino dijo podrían abrir Changuinola con solo una orden suya. Como ya se dijo, por el momento el mandatario prioriza una salida negociada. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, admitió que el diálogo con Francisco Smith, dirigente del sindicato bananero, está estancado. “Ofrecimos reglamentar la ley (462), pero rechazan todo”.
Smith, en tanto, dice que la Ley 462 lesiona la Ley 45 del sector bananero. No obstante, exige derogar la 462.
Mientras tanto, Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, calcula pérdidas de $100 millones diarios.
Orden público vs. derechos constitucionales
Ante los más de 480 bloqueos registrados en tres semanas, Mulino también advirtió que no permitirá que el país sea “secuestrado por unos pocos”. Aunque descartó por ahora suspender garantías constitucionales, como sugirió el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos.
“Es una herramienta constitucional de defensa al sistema. Pero en este momento no se está valorando, porque no creemos que la situación está así. Este país no está en convulsión”, aseguró.
Hoyos, padre del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos Boyd, se refirió al tema el miércoles 14 de abril en sus redes sociales. “Para defender la democracia, el orden público y los derechos de la mayoría, ahora amenazados, el presidente Mulino debe aclarar si está dispuesto a invocar el artículo 55 constitucional y suspender los artículos 21, 23 y 38 constitucionales: habeas corpus y manifestaciones”, escribió en X.
“El Estado de derecho le da al Consejo de Gabinete estas potestades frente a quienes alteran el orden público y pretenden desconocer, mediante la fuerza arbitraria, los resultados de la libre elección presidencial de 2024″, añadió.
Para defender la democracia, el orden público y los derechos de la mayoría, ahora amenazados,el Presidente Mulino debe aclarar si está dispuesto a invocar el artículo 55 constitucional y suspender los articulos 21,23y 38 constitucionales:habeas corpus y manifestaciones.
— Arturo Hoyos (@arturoHoyos4823) May 14, 2025
No obstante, Mulino enfatizó que no se ha alcanzado un nivel de desorden que justifique medidas excepcionales.
“No estamos todavía en esa etapa, gracias a Dios. No estamos en una etapa de siquiera pensarlo”, añadió.
Aunque Mulino insiste en que su gobierno no cederá con la derogación a la Ley 462, las huelgas siguen vivas, Bocas del Toro está al borde del colapso económico y la oposición exige una mesa de diálogo nacional para evitar un estallido social.
Según analistas, el peligro es que el discurso de orden contra caos pierda fuerza si no se traduce en soluciones tangibles.
