La jornada de caos y violencia que vivió Río de Janeiro el pasado martes —con al menos 121 muertos, entre ellos cuatro agentes policiales, 113 detenidos y un despliegue de 2,500 efectivos— constituye una trágica confirmación de lo que advertimos, en enero pasado, en nuestro Informe de Riesgo Político América Latina 2025: el crimen organizado es la principal amenaza para la gobernanza democrática de la región.
El operativo tenía como objetivo capturar a Edgar Alves de Andrade, alias Doca, jefe del Comando Vermelho (CV), el segundo grupo criminal más poderoso de Brasil y el principal de Río de Janeiro, con cerca de 30,000 hombres bajo su mando. La acción se concentró en las favelas de la Penha y del Alemão. Sin embargo, lo que comenzó como una operación de contención derivó rápidamente en enfrentamientos más propios de un conflicto armado que de un operativo policial. Uno de los principales líderes —el propio Alves de Andrade— logró escapar, y hay temor de represalias. De momento, reina una tensa calma en la ciudad, con una fuerte presencia militar y policial en las calles y controles fronterizos reforzados con los países vecinos.
Se trató de la operación policial más grande en la historia de Río de Janeiro y, al mismo tiempo, de la peor masacre registrada en Brasil. El hecho fue duramente cuestionado por organismos de derechos humanos, que exigieron una investigación exhaustiva sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. La magnitud de la violencia ocurre, además, a pocas semanas de la COP30, que Brasil organizará en Belém, y a solo un año de las elecciones generales de 2026.
En este contexto, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomó distancia del operativo, lamentando y condenando la brutalidad policial, subrayando que no había recibido ninguna solicitud de apoyo federal y recordando que la seguridad pública es competencia de los gobiernos estatales. La controversia ha intensificado la tensión entre ambos niveles de gobierno y reabierto el debate sobre qué modelo de seguridad debe adoptar Brasil —y, por extensión, América Latina—: si el enfoque de “mano dura” al estilo Bukele, basado en despliegues masivos y lógica militar, o una estrategia de mediano plazo centrada en la inteligencia, la asfixia financiera de las mafias, la inclusión social y medidas estructurales como limitar el acceso a armas, que diversos estudios recientes señalan como más sostenibles y eficaces.
Poderes paralelos
Pero el CV y su principal rival, el Primer Comando de la Capital (PCC), son apenas la punta del iceberg de una tendencia regional. En un número cada vez mayor de países de América Latina, el crimen organizado ya no es un fenómeno delictivo sino político: controla territorios, dicta normas locales, imparte “justicia”, recauda “impuestos” (extorsiones) y sustituye al Estado en la provisión de orden, factores que revelan el grado de erosión del monopolio estatal de la fuerza en vastas zonas urbanas y rurales latinoamericanas, así como la creciente capacidad de los grupos criminales para comportarse como “poderes paralelos” que compiten con las instituciones legítimas del Estado.
Estas bandas criminales combinan el narcotráfico, el contrabando de armas, la extorsión, el transporte ilegal, la trata de personas y, cada vez más, actividades de “gobernanza criminal”: mediación de conflictos, castigos, seguridad privada y control social. Consecuencia de todo ello, ya no se trata de grupos improvisados, sino de organizaciones que cuentan con una alta sofisticación militar y tecnológica, estructuras empresariales criminales con jerarquías, franquicias, sistemas contables y presencia transnacional.
Panamá, con una tasa de homicidios de 12.9 (Insight Crime 2024), no es inmune a este peligro. La provincia capital y la de Colón concentraron el 75% de los casos. Además, su ubicación estratégica entre Centro y Suramérica la convierte en un punto fundamental para actividades ilícitas, además de refugio y zona de negociaciones para organizaciones criminales: narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas.
Altísima violencia interna
América Latina presenta un rasgo paradójico: combina bajísimo nivel de conflicto inter-estatal con altísimos niveles de violencia intrastatal. Según el informe ya citado de Insight Crime, 121,695 personas fueron asesinadas en 2024, lo que sitúa la tasa media de homicidios en torno a 20.2 por cada 100,000 habitantes, casi cuatro veces mayor que el promedio mundial de 5.6.
Esta violencia estructural no se explica únicamente por desigualdad o pobreza: responde también a una disputa directa por el control del territorio y de las rentas ilícitas, frente a Estados débiles, fragmentados o capturados por intereses ilegales. Cuando un grupo criminal puede desafiar abiertamente al Estado con armamento pesado, coordinación táctica y capacidad de comunicación en tiempo real, estamos ante una amenaza política y estratégica, no ante delincuencia común, en la que la frontera entre seguridad pública y seguridad nacional se vuelve difusa.
Impactos negativos
El crimen organizado no solo amenaza la seguridad de los ciudadanos, sino también la gobernabilidad democrática, la competitividad económica y la imagen internacional de los países latinoamericanos. Socava, asimismo, la legitimidad del Estado al dejar a las comunidades más pobres en la desconfianza y el abandono; desgarra el tejido social, donde el miedo y la extorsión se vuelven parte de la rutina; y ahuyenta el turismo y la inversión, desviando recursos públicos hacia una seguridad reactiva en lugar de políticas de desarrollo. A ello se suma la creciente infiltración del dinero del narcotráfico en la política y las campañas electorales.
El resultado es un círculo vicioso de descomposición institucional: Estados que no controlan su territorio, policías infiltradas, sistemas judiciales amenazados y comunidades atrapadas entre la violencia y la impunidad. Una verdadera metástasis que, según estimaciones del BID, puede reducir el crecimiento económico de los países hasta en 3.4%.
Reflexión final
La sangrienta experiencia que vivió Río esta semana confirma que el crimen organizado se ha convertido en el principal riesgo político y la mayor amenaza para la gobernanza democrática en América Latina; gobernanza que ya no se disputa únicamente en las urnas ni dentro de las instituciones políticas, sino también en las calles y barrios de las principales ciudades y regiones, donde el Estado es cada vez más desafiado por organizaciones criminales con alto poder de fuego y estructuras cada vez más sofisticadas.
Por ello, esta tragedia no debe ser vista como un drama exclusivamente brasileño, sino como un campanazo de alerta para toda América Latina. Refleja el avance de “poderes paralelos” que operan con capacidad de veto sobre el Estado, control territorial e influencia institucional. Millones de ciudadanos viven bajo su dominio, pagando el precio más alto: la ausencia del Estado, la descomposición social, el debilitamiento de la democracia y la peligrosa normalización de la violencia como parte del paisaje cotidiano.
Las democracias latinoamericanas enfrentan así una encrucijada decisiva: o son capaces de responder a esta amenaza mayúscula —con respeto irrestricto a los derechos humanos y al Estado de derecho, mediante políticas integrales, eficaces y oportunas que articulen seguridad, inteligencia, justicia social e inclusión económica—, o la región seguirá atrapada en un círculo de guerra urbana que erosiona su legitimidad, destruye su cohesión social y pone en grave riesgo su futuro democrático.
El autor es director y editor de Radar Latam 360 @zovatto55
