Panamá está a un paso de volver a tener un partido de izquierda. El Frente Amplio por la Democracia (FAD) completará mañana domingo 24 de agosto, el último proceso para convertirse en colectivo político: celebrará una convención constitutiva donde escogerá a su junta directiva.
De acuerdo a información publicada en el Boletín Electoral 5881-A, cuatro de los dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) que actualmente tienen procesos judiciales aspiran a un cargo en la junta directiva.
Se trata de Saúl Méndez, Genaro López, Jaime Caballero y Erasmo Cerrud.
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Méndez quiere ser tercer vicepresidente, López aspira a la secretaría de finanzas, Caballero va por el puesto de primer subsecretario general y Cerrud fue postulado para tercer subsecretario general.
Méndez, López y Cerrud, están bajo la lupa del Ministerio Público por un caso relacionado con un conflicto laboral en el proyecto turístico Red Frog Beach Club, ubicado en Isla Bastimentos, Bocas del Toro.
Se les endilga la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos.
Para evitar el proceso Méndez solicitó asiló a la embajada de Bolivia, la Cancillería le dio el salvoconducto para viajar a ese país, pero de allí huyó a Venezuela. Cerrud utilizó una técnica similar: se asiló en la embajada de Nicaragua, la misma sede diplomática que protegió al expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales, durante más de un año.
Mientras que López tiene arresto domiciliario y Caballero está en la cárcel La Nueva Joya. Su caso es distinto al de sus compañeros. El Ministerio Público lo acusa de utilizar fondos del sindicato para gastos personales y familiares, además de presentar documentos falsificados para justificar estas operaciones. También habría hecho transferencias de dinero a su hija para cubrir gastos personales.
¿Es legal?
Candelario Santana, jurista especializado en derecho del trabajo y profesor universitario, explicó que, pese a las investigaciones abiertas contra los dirigentes del Suntracs, estos pueden aspirar a la directiva del FAD porque cuentan con la protección constitucional de la presunción de inocencia.
Recordó que mientras no exista una sentencia ejecutoriada, es decir, un fallo en firme, sin posibilidad de apelación, no hay impedimento legal para su participación. “Como los procesos apenas están comenzando, ellos mantienen la presunción de inocencia y, por lo tanto, pueden ser candidatos”, sostuvo.
Añadió que, en caso de resultar electos y no poder ejercer el cargo, deberán entrar en funciones sus respectivos suplentes.
Maribel Gordón, candidata a la presidencia
La nómina para la directiva del FAD también tiene a otras figuras emblemáticas de la izquierda como la economista Maribel Gordón, quien compitió sin éxito por la presidencia de la República en las elecciones del 5 de mayo de 2024. Se postuló con la bandera de la libre postulación, pero fue apoyada por la dirigencia del Suntracs. En las elecciones de este domingo aspira a la presidencia del FAD.
El segundo cargo más importante del FAD, el de primer vicepresidente, lo quiere otro de los dirigentes del sindicato de la construcción: Yamir Córdoba, quien ha tomado la vocería de la organización a raíz de que sus colegas están en la mira de las autoridades judiciales.
Otra que aspira a entrar a la directiva del FAD es Priscila Vásquez Jaramillo, de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social.
Los 219 delegados que fueron electos en junio pasado son los encargados de votar por la directiva. El FAD encarna un proyecto que ya ha tenido dos intentos previos de consolidarse como fuerza política con representación electoral, pero que no logró acumular los votos necesarios para mantener su personería jurídica.
El Suntracs, el sindicato más influyente del país está en la mira del Ministerio de Trabajo, cartera que presentó una demanda ante un juzgado para disolver la organización. La ministra Jackeline Muñoz alega que la demanda está sustentada en el artículo 392 del Código de Trabajo y que responde a múltiples denuncias y hechos que evidencian cómo, bajo la fachada de una organización sindical, se han cometido actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos.
De acuerdo con las últimas cifras del Tribunal Electoral, cuenta con 48,765 inscritos.
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