El uso de cámaras de seguridad y centros de videovigilancia se ha incrementado en los últimos años como parte de las medidas adoptadas por el Estado para hacer frente al aumento de la criminalidad y mejorar los tiempos de reacción ante situaciones de riesgo.
A través del Centro de Operación Nacional (C.O.N.), el país gestiona actualmente 3,037 cámaras distribuidas en puntos estratégicos de cinco provincias, siendo la capital la más equipada, con 1,589 dispositivos.
Además del C.O.N., otras entidades públicas y municipales, como el Municipio de Panamá, el Metro de Panamá, el Aeropuerto de Tocumen y bancos estatales, también operan sistemas propios de videovigilancia. Esta red multisectorial permite una cobertura más amplia, tanto en zonas urbanas como en áreas de alto tránsito o vulnerabilidad.
El sistema no solo permite una vigilancia constante, sino que se ha convertido en una fuente de información judicial. Desde su implementación, se han atendido más de 3,200 solicitudes de videos por parte del Ministerio Público, lo que ha contribuido al esclarecimiento de casos, la identificación de sospechosos y el fortalecimiento de las investigaciones penales.
Nuevas cámaras
El Ministerio de Seguridad informó que ha planificado la instalación de 1,459 nuevas cámaras en puntos estratégicos del país. El proyecto de expansión contempla principalmente la provincia de Panamá, con 1,284 unidades nuevas, pero también alcanzará regiones como Herrera, Chiriquí y Veraguas, fortaleciendo la vigilancia en el interior del país.
Este crecimiento es respaldado por estudios de seguridad que identifican zonas prioritarias para la videovigilancia. Los municipios de Don Bosco, Chitré, Boquerón y San Francisco figuran entre los beneficiados.
Para empresarios como el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, Felipe Rodríguez, este programa debe abarcar toda la provincia de Chiriquí.
“Se deben incrementar las cámaras en la provincia, ya que es una de las más importantes del país. Esperamos que otras ciudades comerciales de esta región, además de David, sigan el mismo camino, como Dolega, Boquete y Bugaba”, dijo.
Las estadísticas
Según el Ministerio de Seguridad, este programa ha sido clave en la prevención del delito, la reducción de actos vandálicos y una mayor sensación de seguridad entre los ciudadanos. También se ha mejorado la coordinación entre los cuerpos de seguridad, permitiendo respuestas más rápidas y eficientes ante incidentes.
Las estadísticas revelan el alcance del programa: entre julio de 2024 y marzo de 2025 se recibieron 857,440 llamadas, de las cuales la mayoría estuvieron relacionadas con alteraciones del orden público (30 %), incidentes de tránsito (22 %) y reportes de actividades inusuales (18 %). Casos más graves, como violencia de género y agresiones, también fueron detectados y gestionados.
En ese mismo período se tramitaron 481 casos de violencia doméstica, se capturaron 808 personas requeridas por las autoridades y se recuperaron 297 armas de fuego y 222 vehículos vinculados a denuncias por robo o hurto. Estas cifras reflejan el impacto directo de la videovigilancia en la reducción del crimen.
En municipios como el de David, donde opera este programa, se espera la expansión de las cámaras. El alcalde de David, Joaquín de León, subrayó que este tipo de sistema necesita ser reforzado y ampliado. Actualmente, este municipio cuenta con unas 300 cámaras y señala que se necesitan al menos 200 más.
Durante una reunión, la Gobernación de Chiriquí solicitó al Ministerio de Seguridad más agentes y cámaras para combatir delitos en la provincia.
