El representante del corregimiento de Curundú, Senén Mosquera, asumió este jueves 3 de julio la presidencia del Concejo de Panamá, en medio de cuestionamientos por su vinculación con el programa de descentralización paralela, señalado tanto por la Autoridad Nacional de Descentralización como por la Contraloría General de la República, por el presunto uso político de fondos públicos.
Durante su primer encuentro con medios, tras la toma de posesión, Mosquera reconoció que la junta comunal que dirige recibió cerca de $4 millones provenientes de dicho programa.
“Bueno, a la junta comunal le llegaron $4 millones, que ahí están, y se usaron de la forma en que se necesitaban”, afirmó el nuevo presidente del Concejo al ser consultado sobre las transferencias recibidas.
Según dijo, los recursos fueron invertidos en obras comunitarias, aunque no especificó cuáles. “Nosotros nos sentimos satisfechos y contentos con el trabajo que se está haciendo en mi comunidad”, añadió.
Mosquera sostuvo que la Contraloría es la instancia encargada de fiscalizar el uso de esos fondos y que él ha estado dispuesto a colaborar con los procesos de auditoría en curso. “Ese es un trabajo de la Contraloría y nosotros siempre hemos estado anuentes a que ellos hagan su trabajo”, indicó.
También afirmó que su papel como representante se ha centrado en atender las necesidades locales.
Al ser interrogado sobre las denuncias por el manejo discrecional de fondos en el programa de descentralización, Mosquera evitó profundizar, pero invitó a los periodistas a visitar su corregimiento. “Trabajar, y si ustedes quieren, yo los invito para que hagamos un recorrido y vean las obras que se hicieron con ese dinero”, dijo.
En cuanto a su agenda como presidente del Concejo, anunció que desde la próxima semana iniciará conversaciones con los demás representantes para reactivar las comisiones de trabajo del municipio. “A partir del lunes vamos a tener una conversación con los compañeros para ver cómo retomamos el funcionamiento de todas esas comisiones”, adelantó.
Las denuncias
La junta comunal que dirige Mosquera fue una de las señaladas por la Autoridad de Descentralización por el presunto mal manejo de fondos de la descentralización paralela, programa mediante el cual unos 350 millones de dólares fueron transferidos a representantes y alcaldes —en su mayoría del Partido Revolucionario Democrático— durante el gobierno anterior (2019-2024).
De hecho, el presidente José Raúl Mulino, en su discurso del pasado 1 de julio, informó que hasta el momento se han congelado cuentas de este programa por alrededor de $130 millones.
En el caso específico del edil de Curundú, el contralor Anel Flores dijo este año que se trata de una de las primeras juntas comunales en ser investigadas en el distrito de Panamá. La Junta Comunal de Curundú ocupa el segundo lugar del distrito en recepción de fondos provenientes de la descentralización paralela, con un monto total de $3 millones 679 mil 500.
Además de Mosquera, también fue juramentado Mario Kennedy, edil de San Felipe, como vicepresidente del Concejo de Panamá.
En el caso de Kennedy, el representante había sido condenado inicialmente a seis años, en 2012, por mal manejo de recursos de la junta comunal; pero al acogerse a un juicio abreviado, la sentencia fue reducida a cuatro años. Eso le permitió postularse nuevamente y ser reelecto.
Entre los ediles que se opusieron a la elección de Mosquera y Kennedy estuvieron los representantes de Betania, Humberto Enrique Echeverría; de Juan Díaz, David Bernal; de Pueblo Nuevo, Luis Pérez; de Bella Vista, César Kiamco; de San Francisco, Serena Vamvas; de Tocumen, Arielis Barría; y de Ernesto Córdoba, Ismael Atencio. La mayoría forma parte de la coalición Vamos.
Por su parte, Mosquera fue apoyado por los ediles de Realizando Metas, el Partido Revolucionario Democrático, el Partido Panameñista y el Movimiento Otro Camino.
