El drama de la migración continúa escribiendo nuevas páginas en Panamá. La abogada Jenny Soto Fernández, especialista en derecho migratorio, ha sido testigo de la llegada de un grupo de migrantes iraníes e indostanes, quienes fueron trasladados bajo circunstancias cuestionables desde Estados Unidos. Su testimonio revela un entramado de decisiones gubernamentales y diplomáticas que ha dejado a estas personas en una situación de vulnerabilidad.
Soto Fernández, con más de una década de experiencia en el ejercicio del derecho migratorio, relata que su primer contacto con los migrantes se dio a través de familiares residentes en Estados Unidos. Fueron ellos quienes le facilitaron el número de contacto de los recién llegados, quienes buscaban asesoría para solicitar refugio en Panamá o en otro país como México. De hecho, uno de los migrantes que representa es Artemis Ghasemzadeh, la iraní que pedía ayuda desde el hotel Decápolis.
Según Soto Fernández, el acceso a sus representados fue negado en reiteradas ocasiones, lo que les impidió firmar documentos fundamentales para su defensa. A pesar de contar con los poderes impresos y de haberlos presentado en varias instancias, las autoridades migratorias mantuvieron su postura restrictiva.
El grupo de migrantes estaba conformado por 24 personas iraníes, entre ellos niños, mujeres y hombres pertenecientes a cuatro familias. Soto Fernández sostiene que los migrantes querían reunirse con ella para comprender mejor su situación legal, ya que la información que recibían de las instituciones responsables, como la OIM y ACNUR, no les resultaba satisfactoria.
Proceso complejo
Uno de los problemas más críticos identificados por la abogada fue la barrera del idioma. De los iraníes, solo una persona hablaba inglés; el resto se comunicaba exclusivamente en persa. Sin traductores oficiales designados por las autoridades, los migrantes dependían de aplicaciones de traducción en teléfonos, una situación que Soto Fernández considera una violación de sus derechos.
Los iraníes fueron trasladados desde la frontera de Texas. Les habrían asegurado que podrían ingresar a Estados Unidos, pero fueron subidos a un avión militar y enviados a Panamá sin mayores explicaciones. Soto Fernández denuncia que fueron víctimas de engaño y que esta situación debe ser expuesta. Señala que el manejo diplomático ha sido deficiente y que la Cancillería, pese a ser la instancia responsable de negociar este tipo de casos, se ha desligado del asunto.
Los migrantes fueron luego trasladados desde el hotel Decápolis a San Vicente, en Darién. Según la abogada, el Ministro de Seguridad anunció que se les concedería un permiso humanitario por 30 días, prorrogable, para que pudieran realizar sus trámites legales. Sin embargo, Soto Fernández critica que el gobierno panameño haya esperado más de un mes para tomar esta decisión y subraya que, desde el inicio, se les negó el acceso a la defensa legal.
El Decreto Ejecutivo 5 del 16 de enero de 2018 establece los procedimientos para la solicitud de refugio en Panamá. En su normativa, estipula que los solicitantes deben ser entrevistados por personal idóneo con traductores oficiales. Soto Fernández denuncia que en Panamá no hay traductores oficiales registrados para los idiomas persa e hindí, lo que dificulta el debido proceso para los migrantes provenientes de Irán e India.
Los iraníes le han expresado a Soto Fernández su temor de volver a su país, donde podrían ser perseguidos y castigados con penas que van desde latigazos hasta la horca, solo por cambiar de religión. Muchos de estos migrantes buscan refugio debido a su conversión al cristianismo.
En Irán, la religión oficial es el islam chií, que es practicado por la vasta mayoría de la población, con un 89% de chiitas, la rama predominante y oficial del Estado. Sin embargo, también existe una minoría significativa de musulmanes sunnitas, que representan un 11% de la población. Además, hay una minoría religiosa judía y cristiana.
Información confusa
Uno de los principales desafíos que enfrentan estos migrantes es la falta de información clara sobre los procesos migratorios. Han solicitado detalles sobre la posibilidad de acceder a un permiso temporal humanitario de 30 días, lo que les permitiría reunirse con sus representantes legales y presentar la documentación correspondiente para su estatus migratorio.
El proceso migratorio implica múltiples factores, incluyendo la situación económica y familiar de cada persona. Además, los migrantes deben evaluar si desean acogerse a un regreso voluntario a su país de origen, como han manifestado algunas autoridades gubernamentales. Sin embargo, surgen dudas sobre la seguridad y el protocolo de retorno en caso de que su país de origen no tenga relaciones diplomáticas con Panamá.
El retorno forzado de migrantes a países donde son perseguidos puede agravar su situación. Algunos de ellos podrían enfrentar arrestos arbitrarios o incluso represalias contra sus familias y comunidades. Además, se debe considerar que en algunos países ciertas condiciones personales, como la orientación sexual o la afiliación religiosa, pueden ser motivo de criminalización.
La especialista en migración señala que muchas de estas personas han sido erróneamente catalogadas como terroristas o miembros de grupos organizados, cuando en realidad son activistas de derechos humanos. Esto ha llevado a que sus nombres aparezcan en listas de alerta internacional sin una evaluación detallada de su situación.
Finalmente, la experta hace un llamado a que Panamá continúe con su tradición de ser un país acogedor y respetuoso de los derechos humanos. Recuerda que el país ha sido históricamente un refugio para aquellos que huyen de la persecución y que es fundamental que las autoridades garanticen procesos justos y humanitarios para quienes buscan protección dentro de sus fronteras.
