La planilla de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) revela una situación insólita: varios de sus colaboradores, en su mayoría profesores, perciben salarios que superan los $7,000 mensuales, la misma cantidad que gana el presidente de la República.
La planilla global de esta casa de estudios superiores incluye a 2,000 colaboradores, entre personal administrativo y docente. De este total, 219 empleados reciben salarios de $7,000 o más al mes, lo que representa un gasto significativo para la institución.
Estos altos sueldos cuestan a la universidad aproximadamente $1.5 millones mensuales, lo que se traduce en $18 millones al año solo para este grupo de profesionales.
De este grupo de 219, seis personas ganan $9,000 o más y 16 devengan $8,000 o más, mientras que otros 197 empleados también superan los $7,000. La mayoría de estos sueldos pertenecen a profesores, lo que ha generado debate sobre la distribución de recursos en la institución.
El diputado de la coalición independiente Vamos, Betserai Richards, ha cuestionado la planilla de la Unachi y subrayó que es una institución “politizada”. De hecho, indicó que desde la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, de la cual forma parte, se ha comenzado a revisar la planilla, lo que ha llevado a solicitar una auditoría forense a la Contraloría General de la República.
“Esta revisión tiene como objetivo esclarecer cómo se administran los recursos públicos en la universidad y si estos salarios están justificados en función del mérito académico y administrativo”, puntualizó.
Richards criticó el hecho de que los altos salarios en la Unachi se pagan con los impuestos de los ciudadanos, mientras que instituciones de gran relevancia social, como el Instituto Oncológico Nacional, cuentan con presupuestos significativamente menores. Por ejemplo, para 2024 Unachi recibió un presupuesto de $108 millones, mientras que el Oncológico apenas recibió $70 millones, lo que pone en evidencia una posible mala distribución de los fondos públicos en el país.
El diputado abogó por una revisión a fondo de los salarios y presupuestos en estas instituciones para garantizar que se apeguen a criterios de mérito y necesidades reales, y no a decisiones políticas.
“La auditoría forense solicitada es vista como un paso crucial para arrojar luz sobre estos manejos y asegurar que los fondos públicos se utilicen de manera adecuada y justa”, concluyó.
Algunos casos
La propia rectora de Unachi, Etelvina Medianero de Bonagas, lidera la lista con un salario de $14,000. Luego están figuras como Francisco Vigil, el exjefe de la descentralización, quien recibe un total de $7,965 al mes.
Otro exfuncionario destacado es el exgobernador de Chiriquí, Juan Carlos Muñoz, quien gana $9,764 mensuales. Entre los aliados cercanos de Medianero de Bonagas se encuentra Rosa Moreno, vicerrectora administrativa y familiar del diputado Raúl Pineda, con un ingreso total de $9,038.
Por otro lado, Evelia Aparicio de Esquivel, exalcaldesa de David y veterana militante del Partido Revolucionario Democrático (PRD), gana un total de $10,164 mensuales.
Otras realidades
En la Universidad de Panamá, según los datos de esa casa de estudios superiores, un profesor en la categoría de “asistente”, que requiere una licenciatura, maestría o doctorado en su especialidad, además de un posgrado en docencia superior, comienza con un salario de $1,340.
Este es el punto de partida para aquellos que logran ocupar los primeros lugares en el banco de datos.
Sin embargo, el rango salarial puede extenderse hasta los $5,400 para un “profesor titular 3″, que suele tener al menos 25 años de experiencia y debe haber producido una cantidad significativa de publicaciones, incluyendo artículos, folletos y libros. Es decir, la universidad exige a sus profesores la producción académica continua como requisito para avanzar en su carrera.
En cambio, la Unachi fue cuestionada en 2023 por el exdiputado Juan Diego Vásquez al otorgar nombramientos de profesores a tiempo completo a quienes supuestamente tenían maestrías y doctorados de corta duración, expedidos por una casa de estudios superiores que no estaba acreditada por ninguna agencia reconocida en Estados Unidos.
“Muy buena pregunta, pero primero quiero decir que todas las universidades estatales tienen leyes diferentes y lo que me está diciendo sobre los títulos, sí es cierto”, respondió la rectora en aquel momento, ante las críticas de Vásquez.
