“Intelectualmente deshonesto” fue la expresión utilizada por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, para referirse a quienes critican el Memorándum de Entendimiento (MoU) en materia de seguridad firmado entre ambos países, pese a que en su momento suscribieron acuerdos similares.
Cabrera no mencionó nombres, pero sí dejó claras señales sobre a quién iba dirigida la frase: “firmaron sus propios MoUs durante sus mandatos”, afirmó durante la conferencia de prensa del pasado 8 de mayo.
Entre quienes han cuestionado públicamente el MoU, que autoriza a personal militar estadounidense a utilizar instalaciones panameñas para ejercicios conjuntos y otros asuntos de seguridad, se encuentra Martín Torrijos, quien fue presidente de Panamá entre 2004 y 2009.
“Nadie niega que pueda existir cooperación fluida con los Estados Unidos. A lo que nos negamos es que vuelvan a entregar territorio panameño para instalaciones militares conjuntas, que es una manera más de aceptar la presencia militar extranjera en este país, que estaba prohibida”, dijo Torrijos el mediodía del 30 de abril pasado, cuando junto a otros actores de la política panameña firmaron la denominada declaración en defensa de la soberanía nacional.
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Acuerdos previos en el gobierno de Torrijos
Durante su mandato, Torrijos firmó al menos dos acuerdos con Estados Unidos en materia de seguridad. En marzo de 2009, suscribió una carta de entendimiento en el marco de la Iniciativa Mérida, un programa de asistencia en áreas como antinarcóticos, antiterrorismo, seguridad pública, aplicación de la ley y fortalecimiento institucional. Su objetivo estratégico implicaba controles en fronteras, espacios aéreos y marítimos, entre otros.
De acuerdo con el documento, el programa incluía el intercambio de huellas digitales, la instalación de Unidades Especiales de Investigación Sensitiva (SIU), así como mejoras y capacitación para el equipo policial y el sistema penitenciario. La primera iniciativa permitió que la Agencia Federal de Investigación (FBI) instaurara sistemas de identificación por huellas dactilares bajo sus estándares y protocolos.
Las SIU fueron entrenadas y equipadas por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), con pruebas de polígrafo incluidas.
“Llevan a cabo investigaciones multinacionales complejas y son un componente crítico de los esfuerzos de la DEA para combatir la producción y el tráfico de narcóticos”, se lee en el documento.
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Más adelante, algunas de estas unidades fueron objeto de escándalos, por operaciones polémicas con el programa de escuchas telefónicas Matador, también liderado por la DEA en Panamá.
La carta de entendimiento fue firmada por la entonces embajadora de Estados Unidos en Panamá, Barbara Stephenson, y Rafael Mezquita, quien en ese momento era ministro de la Presidencia.
Radar y cooperación secreta
Además, en 2005 ambos gobiernos firmaron la Nota 165, relativa al uso del Sistema de Intercambio de Información entre Países Cooperantes (CNIES), operado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Este sistema permitió compartir datos de rastreo por radar en tiempo real para identificar, seguir e interceptar aeronaves civiles sospechosas de narcotráfico.
Este acuerdo, gestionado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, exigía que la información y la asistencia fueran utilizadas conforme a la legislación penal estadounidense. La cooperación incluyó financiamiento, inteligencia, datos de radar, apoyo logístico en mando, control y comunicaciones.
La polémica por la soberanía
Ambos acuerdos se mantuvieron en secreto hasta que, en 2011, parte de su contenido salió a la luz pública a través de las filtraciones diplomáticas publicadas por Wikileaks.
Como resultado de estos pactos, se permitió, por ejemplo, la presencia de navíos de guerra del Comando Sur en aguas panameñas. En 2009, la fragata USS Gary permaneció 15 días frente a la costa de Darién, en una misión denominada “Operación Bloque en Línea de Meta”, cuyo objetivo era combatir el narcotráfico.
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“Solo diré que el combate al narcotráfico requiere de cooperación internacional y que durante mi gobierno nunca se comprometió la soberanía de Panamá”, escribió Torrijos en Twitter en 2011, en reacción a las revelaciones de Wikileaks.
En ese entonces, el debate también giró en torno a la soberanía nacional y al hecho de que era la primera vez, desde la invasión de 1989, que barcos de guerra estadounidenses operaban en Panamá.
Torrijos se defendió afirmando que “el problema de los Wikileaks durante mi gobierno no es lo que dicen, sino cómo lo quieren interpretar los que los compraron”.
Samuel Lewis Navarro, canciller durante el gobierno de Torrijos, también se pronunció: “No hay nada turbio” en los acuerdos firmados por la administración Torrijos con otros países. Según dijo, todo se realizó conforme a la Constitución y al derecho internacional.
Otro discurso
Sin embargo, el discurso de Torrijos ha cambiado. “Esto (la soberanía) nos ha costado mucho. Nos costó un siglo de lucha, de sacrificio, de sangre. Llegamos al 31 de diciembre con los Tratados Torrijos-Carter y queda establecido claramente que después de ese día no pueden existir en Panamá presencia de bases, ni de personal militar que no sea panameño. Por eso rechazamos lo que se ha firmado y le exigimos al gobierno que cumpla con la Constitución (...)”, afirmó recientemente.
El debate en torno al nuevo Memorándum de Entendimiento refleja la complejidad de los vínculos entre Panamá y Estados Unidos en materia de seguridad. Mientras el gobierno defiende el acuerdo como parte de una cooperación estratégica, sectores políticos y sociales mantienen reservas sobre su alcance e implicaciones. Por ahora, el tema sigue en el centro del radar público.
