Janine Prado, jefa de la bancada independiente Vamos, considera un paso histórico la presentación de una moción de censura contra el canciller Javier Martínez Acha. Sin embargo, el tema podría ir más allá: la agrupación impulsa un anteproyecto de ley para normar las sanciones derivadas de este mecanismo constitucional, hoy limitado a un “fuerte llamado de atención” debido a vacíos legales.
En una entrevista con La Prensa, la diputada de Veraguas desglosó las razones de la censura, los desafíos legislativos y la urgencia de transparencia en un gobierno que, asegura, “ha evadido su deber de rendir cuentas”.
“Con ese voto de censura [...] lo que estamos buscando es una sanción moral. Es lo que hasta el momento nos permite la ley”, manifestó.
“Es un momento histórico en la Asamblea Nacional”, reafirmó al tiempo que agregó que se necesita una acción contundente para casos como estos y este fue ese primer paso.
El vacío legal y la propuesta para regular
La Constitución Política, en su artículo 161, numeral 7, faculta a la Asamblea Nacional para emitir votos de censura contra ministros. Sin embargo, como explica Prado, “la ley no reglamenta las sanciones, y eso nos deja solo con la opción de una sanción moral”.
Este vacío ha llevado a la bancada a trabajar en un anteproyecto que establezca consecuencias concretas.“Estamos evaluando con abogados y asesores cómo normar este proceso sin caer en inconstitucionalidad”, detalló la diputada.
En la tarde de este miércoles, el diputado de Vamos Manuel Cheng, presentó una propuesta en ese sentido. La idea es convertir el voto de censura en una herramienta efectiva de control político, no solo simbólica. “Es un paso firme para fortalecer el rol fiscalizador de la Asamblea”, expuso el diputado.
‘Un mensaje enérgico internacional’
La moción contra Martínez Acha, respaldada por 39 firmas de diputados, tres más del mínimo requerido, surge tras meses de tensiones. Desde el 22 de enero, la Comisión de Relaciones Exteriores citó al canciller para que explicara los criterios de nombramiento de embajadores y la firma de un polémico memorándum, en temas de cooperación y seguridad, con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
El memorándum, según los diputados que respaldaron la medida, viola el artículo 325 de la Constitución, que exige que todo acuerdo internacional pase por la Asamblea y un referéndum. “El Ejecutivo alega que no es un tratado, pero la Constitución es clara: cualquier entendimiento vinculante debe cumplir los requisitos legales. Esto no es opcional”, recalcó la diputada, subrayando que el documento compromete temas sensibles como la seguridad del Canal de Panamá.
Un pulso político
Aunque la bancada oficialista del partido Realizando Metas se opuso a la moción, el apoyo de otras fuerzas políticas fue clave. “Esto no es un tema partidista. Hay 39 firmas de distintas bancadas porque hay consenso: el Ejecutivo no puede operar en opacidad”, dijo Prado. Para aprobarse, la censura necesita 47 votos (dos tercios del pleno), un número que reflejaría un rechazo transversal a la gestión del ministro de Relaciones Exteriores.
“¿Cómo podemos dialogar con homólogos internacionales si desconocemos la hoja de ruta del gobierno? Esto va más allá de una disputa: es sobre la colaboración armónica que exige la Constitución”, argumentó la jefa de bancada de Vamos.
Legislación urgente: de la economía circular a la protección infantil
Mientras el voto de censura avanza, la bancada Vamos prioriza otros proyectos clave antes del 30 de abril, día en que concluyen las sesiones ordinarias del Legislativo. Algunos de los temas que esperan debate en pleno son: Economía Circular: va para tercer debate y busca impulsar la sostenibilidad y la reactivación económica; y Reforma al Código Penal: para endurecer penas por abusos a menores y personas con discapacidad. “En Veraguas, mi provincia, esto es una prioridad”, enfatizó Prado.
Recientemente, el pleno de la Asamblea aprobó en tercer debate una nueva ley de interés preferencial, que, de acuerdo con la diputada, facilitará el acceso a viviendas para familias de bajos ingresos.
La amnistía para los corruptos
Sin embargo, la sombra de un controversial proyecto de amnistía para casos de corrupción, promovido por el diputado perredista Jairo Salazar, y Luis Eduardo Camacho, de RM, genera incertidumbre en el pleno.
“Nosotros esperamos y apelamos a la conciencia de los diputados, pero también a la fiscalización de los ciudadanos. Entendamos que este proyecto específicamente busca dejar en libertad a todos aquellos que están condenados o que estén siendo procesados, incluso por tres casos que son emblemáticos en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Aquí estamos hablando de delitos comunes. No sabemos exactamente el número de personas que se verían beneficiadas”, argumentó.
Las planillas
Por estos días, la Contraloría General de la República audita la planilla de la Asamblea, que tiene a 4,000 funcionarios, con un costo de más de $7 millones mensuales. En consecuencia, el pago de la última quincena a los funcionarios se realizó mediante cheques, con el propósito de detectar las botellas: personas que cobran y no trabajan. La diputada también habló del asunto.
“Lo que sí es una realidad es que ese lunes, cuando se anunció esta auditoría y que había que acercarse a la Asamblea a cobrar en cheque, no es la realidad que vivimos diariamente. Ese día teníamos muchísimas personas en la Asamblea, ni qué decir de la cantidad de autos. Creo que ahí sí va a ser importante ese informe que arroje Contraloría. No es mentira que nosotros, como diputados, tenemos que ceñirnos a una planilla por despacho que debería ser de hasta un máximo de $20 mil y hasta un máximo de 20 funcionarios. Y, sin embargo, vemos que, según señala el contralor, hay quien tiene hasta más de $300 mil”.
—¿Cuántos diputados caben en su despacho? —se le consultó.
La diputada contestó lo siguiente: “Ahorita mismo, en mi despacho estamos trabajando tres personas, más, bueno, mi persona. Como diputada, pudiéramos decir que el promedio normal es siete, ocho, máximo. Pensaría que nueve o diez ya no sabría cómo acomodarlas. Pero no más de ahí, realmente”.
Las oficinas de Participación Ciudadana en las provincias
La diputada Prado también cuestionó la operatividad y transparencia de las oficinas de Participación Ciudadana en las provincias, pues en esos despachos hay al menos 600 personas laborando.
“En la oficina de Participación Ciudadana de Santiago de Veraguas hay 59 personas. [...] Ninguna ha sido nombrada por mí ni por el diputado Campos, mi colega en el distrito”.
Criticó la falta de rendición de cuentas:“¿Qué labor están llevando a cabo? ¿Cuál es la hoja de evaluación para medir su trabajo? [...] ¿Por qué pagamos alquileres para instituciones del Estado?”.
Reveló que la oficina en Santiago fue reubicada recientemente sin justificación de costos: “No hay explicación del nuevo contrato ni cuánto se paga de alquiler”, alertó.
Un llamado final: vigilancia ciudadana
Prado cerró la entrevista con un mensaje urgente:“Estos días son cruciales. La ciudadanía debe exigir transparencia y recordar a cada diputado que su voto en proyectos como la amnistía definirá su legado”.
Mientras el reloj avanza hacia el 30 de abril, la bancada Vamos promete mantener su rol fiscalizador.
