Tras el escándalo de la llamada “descentralización paralela” en distintos municipios y juntas comunales del país, cuyas investigaciones continúan en curso, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) cambia el rumbo de las inversiones en gobiernos locales y apuesta por la inyección de dinero a través de proyectos [públicos y privados].
El proyecto del ferrocarril Panamá–Chiriquí es uno de los principales objetivos para desarrollar localidades fuera del área metropolitana, según informó la entidad este martes 17 de junio en una conferencia de prensa conjunta con autoridades locales y miembros del gabinete.
Allí se explicó el rol que busca jugar la AND para llevar desarrollo a los gobiernos locales, no necesariamente con los fondos de descentralización.
El ferrocarril se lleva todos los reflectores entre los proyectos que prometen desarrollo local, y en los que la AND impulsa a las autoridades locales a participar. Entre ellos, oportunidades logísticas alrededor de las 14 estaciones anunciadas en 5 provincias.
La Asamblea Nacional ya aprobó un traslado de $11.1 millones a la Secretaría Nacional del Ferrocarril, adscrita al Ministerio de la Presidencia, para realizar los primeros estudios técnicos del proyecto, incluido el estudio de impacto ambiental —estimado en categoría 3—, así como los estudios de prefactibilidad de ingeniería y la contratación de personal especializado.
“Diferentes empresas trabajarán paralelamente, coordinadas con un gestor de proyecto. Esas diferentes empresas estarán entre 30, 40 o 50 kilómetros cada una, lo que va a crear puestos de trabajo a lo largo de la primera fase [del ferrocarril]”, explicó Henry Faarup, secretario del ferrocarril.
La primera etapa a la que hace referencia Faarup abarca unos primeros 210 kilómetros, aproximadamente, pero no hay todavía una fecha para el inicio de la obra de construcción.
Nuevo esquema
Ese nuevo esquema de inversiones de las que se podrían beneficiar los gobiernos locales, apunta a dejar atrás el halo de opacidad en la descentralización durante el periodo entre 2019 y 2024. “Una historia triste”, es como lo define Roxana Méndez, administradora de la AND, que asegura haber interpuesto 238 denuncias por el escándalo.
Las fiscalías anticorrupción califican esta investigación como una causa compleja debido al gran volumen de documentos requeridos a cada una de las juntas comunales y al hecho de que algunas de ellas se encuentran en sitios de difícil acceso, lo que se convierte en un obstáculo para acceder a las distintas obras a la que se destinaron fondos.
¿Fin de la opacidad?
Una de las primeras medidas que tomó el actual gobierno (2024-2029) para evitar el mal uso de fondos en gobiernos locales fue reducir el presupuesto destinado a la descentralización en el año 2024, una medida a la que las autoridades locales se opusieron y que finalmente se abandonó.
Consecuentemente, la AND interpuso las denuncias y exigió a las autoridades locales la rendición de cuentas de los fondos entregados. Hasta el momento, se ha avanzado en un 50% de la revisión de informes de rendición de cuentas a lo interno de la AND, según informó Méndez.
La Contraloría General de la República, por su parte, ha realizado hasta 40 auditorías, y el Ministerio Público mantiene sus investigaciones.
La entidad, ahora, apuesta por brindar herramientas a las autoridades locales, a través de un foro el próximo 26 de junio, para que se beneficien de la inversión del propio gobierno central, con proyectos como el del tren Panamá-Chiriquí.
Para evitar nuevos escándalos, Méndez detalló que han intentado reforzar los controles en el otorgamiento de fondos de descentralización. Asegura que se han implementado sistemas informáticos de seguimiento de proyectos en línea, supervisión en campo y planificación alineada con las prioridades de cada distrito.
A la fecha, la entidad informa la destinación de fondos para proyectos en gobiernos locales por un monto de $30.8 millones, enfocados en vialidad, deporte, agua e infraestructura pública. De momento, no se han alertado irregularidades.
A pesar del avance en las investigaciones, no hay condenados aún por las presuntas irregularidades de la “descentralización paralela”.
Entre los casos que se investigan está el de Seren Mosquera, edil de Curundú y actual presidente del Concejo Municipal de Panamá [representante de Curundú 2019-2024].
También se presentaron denuncias contra los exrepresentantes de los corregimientos de San Francisco, Ernesto Córdoba Campos y Pacora: Carlos Pérez Herrera, Rubén Medina y Hugo Henriquez respectivamente.
