La denuncia por abuso sexual y negligencia en un centro de atención integral para adultos mayores ha puesto en evidencia fallas en los protocolos de respuesta. Aunque la alerta se dio en octubre de 2024, el Ministerio Público no comenzó a tomar declaraciones a las víctimas hasta febrero de 2025.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que, debido a la confidencialidad de la investigación, no puede ofrecer detalles específicos sobre el caso, aunque confirmó que está bajo la jurisdicción del Ministerio Público.
El 6 de septiembre de 2024, la administradora del centro en cuestión recibió un reporte sobre el abuso de una adulta mayor. Sin embargo, la junta directiva no fue informada sino hasta el 2 de octubre y, al día siguiente, una abogada acudió al Mides en busca de asesoría legal. Fue en esa reunión cuando el ministerio tuvo conocimiento de los hechos de abuso y de la negligencia en la administración de medicamentos a los residentes.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el presunto agresor continuó participando en actividades del hogar y tenía acceso libre a las áreas comunes y habitaciones de los residentes. Aunque la familia de la víctima solicitó su expulsión, el hombre permaneció en el lugar casi dos meses después del incidente sin que se iniciara una investigación para determinar si hubo más afectados, según documentos a los que tuvo acceso La Prensa.
Inspecciones y reclamos familiares sin respuesta
El 10 de octubre, la directora de Adultos Mayores del Mides sostuvo una reunión con la familia afectada para abordar las denuncias de abuso y las irregularidades en la medicación de los residentes. Seis días después, el 16 de octubre, la Coordinación Nacional de Adultos Mayores del Mides y el Ministerio de Salud realizaron una inspección en el centro.
El 1 de noviembre, la familia presentó una cronología detallada de los hechos ante la Junta de Síndicos del albergue, señalando deficiencias en la administración de medicamentos y nuevos casos de negligencia. Otras familias también presentaron quejas, como la de una madre preocupada por la atención médica y el trato recibido por su hija en el hogar.
Hasta el 27 de noviembre de 2024, el caso seguía sin resolverse y los familiares de los residentes continuaban denunciando problemas en la atención y el cuidado de los adultos mayores. En febrero de 2025, cuatro meses después de la denuncia inicial, el Ministerio Público comenzó a tomar declaraciones a las víctimas, evidenciando las demoras en la respuesta de las autoridades.
Acciones del Mides ante la crisis
Recientemente, la directora de Servicios de Protección Social del Mides, Rossana Muñis, indicó a La Prensa que su equipo ya trabaja en la planificación del cronograma de inspecciones para 2025. Estas visitas, que se realizan dos veces al año, forman parte de un programa integral destinado a garantizar que los centros cumplan con los estándares de calidad establecidos por la ley y ofrezcan un trato digno a los residentes.
“Quiero asegurar a la ciudadanía que estamos monitoreando de cerca este asunto y que tomaremos las medidas necesarias para garantizar la protección de nuestros adultos mayores”, expresó Muñis.
La funcionaria también destacó que las inspecciones son sorpresivas, lo que permite obtener una evaluación precisa y real de las condiciones en los centros. Durante cada visita, un equipo multidisciplinario compuesto por personal del Mides, el Ministerio de Salud (Minsa), psicólogos, gerontólogos y trabajadores sociales se asegura de que todo esté en orden.
“Si encontramos irregularidades, damos al centro un plazo de 15 días para corregirlas. Si no se toman las medidas correctivas, podemos imponer sanciones que van desde advertencias hasta la suspensión temporal del servicio”, explicó Muñis.
Subrayó que hay ocho hogares de adultos mayores en proceso de cierre y una denuncia en el Ministerio Público.
