Las plantas potabilizadoras afectadas por la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, en la región de Azuero, comenzaron a restablecer el suministro de agua a las comunidades que dependen de ellas. Sin embargo, el líquido no es apto para el consumo humano, advirtió el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.
“El agua no se puede usar para tomar”, recalcó Boyd Galindo, quien explicó que solo podrá utilizarse para actividades como el aseo personal y el lavado de utensilios.
No obstante, incluso este uso restringido puede representar un riesgo sanitario. El virólogo y microbiólogo Alexander Martínez Torres, coordinador de los Laboratorios de Microbiología Experimental y Aplicada y de Microbiología de Aguas de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá, advirtió que el contacto con agua contaminada puede generar afecciones en la piel, gastroenteritis de origen viral, bacteriano o protozoario, así como enfermedades neurológicas, entre ellas meningitis viral o bacteriana.
Martínez Torres explicó que, aunque se utilicen métodos como luz ultravioleta o cloración, virus entéricos y protozoarios pueden sobrevivir a estos tratamientos, lo que incrementa el riesgo de transmisión tanto por contacto directo con el agua contaminada como por ingestión accidental durante el uso cotidiano.
El infectólogo Xavier Sáez-Llorens indicó que, si el agua presenta alta densidad de bacterias coliformes, por ejemplo, habría riesgo de ingerirla durante el baño o que esta entre en contacto con las mucosas; ingerirla directamente podría causar intoxicación intestinal.
De igual modo, se debe tener en cuenta el tipo de microbio, añadió.

La causa del problema: múltiples factores
La crisis del agua que se registra por la contaminación del río La Villa apunta a varios factores, como la porcicultura, el uso de agroquímicos, entre otros.
De hecho, un operativo interinstitucional realizado el pasado 7 de junio en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, culminó con la paralización temporal de actividades en cuatro establecimientos vinculados a la contaminación de la cuenca del río La Villa.

La acción fue encabezada por el Ministerio de Ambiente (Miambiente), con apoyo de la Inteligencia de la Policía Nacional, la Policía Ambiental Rural y Turística, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y el Ministerio de Salud (Minsa).
Los sitios notificados con orden de cierre fueron:
Porcinaland, propiedad de Orlando De Gracia.
Finca La Ceiba, propiedad de Albino Muñoz.
Finca Paja Verde, propiedad de Azael Moreno.
Vertedero Municipal de Macaracas, con notificación dirigida al alcalde del distrito.
Las medidas, de acuerdo con fuentes oficiales, se tomaron de forma preventiva, con el objetivo de frenar actividades que estarían afectando directamente el recurso hídrico. Las autoridades otorgaron un plazo a los responsables para que ejecuten acciones correctivas.
No obstante, Juan Guevara, representante de la Asociación de Porcicultores de Panamá, atribuyó la situación a una “cacería de brujas” por parte de las autoridades, al culpar a los productores por la contaminación de los ríos.
Guevara afirmó que el verdadero problema es el colapso de las plantas potabilizadoras y del sistema de alcantarillado, especialmente en Chitré y Los Santos.
Añadió que la planta potabilizadora de Chitré tiene más de 80 años y fue mal construida. Desde las crecidas de 2022 y 2024, los fallos se han incrementado. Según dijo, los mantenimientos no se están realizando adecuadamente y esta situación se repite en todo el país.