La Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) solicitará al Órgano Ejecutivo el veto del proyecto de ley 53, al considerar que la norma afecta la libre empresa y podría encarecer los seguros, en especial las pólizas de autos, uno de los productos más demandados por los consumidores.
Según Apadea, este proyecto, aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional, pretende imponer descuentos en el Seguro Obligatorio Básico de Accidentes de Tránsito (SOAT).
El proyecto de ley 53 establece un 25% de descuento en la renovación de pólizas de seguro de autos, para aquellos conductores que no registren siniestros durante un año.
Ian Van Hoorde, presidente de Apadea, explicó que la principal razón para pedir el veto es que la ley pretende “controlar a la libre empresa”, lo que podría traducirse en una reducción de la oferta de productos en el mercado y un consecuente aumento de precios.
“Si se obliga a las compañías a ofrecer coberturas en condiciones que no son viables, algunas dejarán de vender el producto, lo que reducirá la oferta y, como dicta la economía, eso generará un incremento en los precios”, advirtió Van Hoorde.
El ejecutivo señaló que el informe utilizado en la Asamblea Nacional para sustentar el proyecto, fue entregado tarde al gremio y, aunque reconoce que la Universidad de Panamá hizo un esfuerzo al recopilar datos de la Superintendencia de Seguros, considera que “la información no fue bien interpretada” y debe ser entendida de manera técnica para obtener resultados correctos.
En cuanto al impacto en el mercado, Van Hoorde detalló que el 25% al 30% de las coberturas de responsabilidad civil reciben reportes de reclamaciones, pero solo entre el 10% y el 15% de los casos terminan en responsabilidad. “El resto de la prima pagada por los asegurados se usa para cubrir esos reclamos. Es la naturaleza del negocio”, dijo.
Según la Apadea, el seguro obligatorio cumple una función social esencial: garantizar cobertura y asistencia a las víctimas de accidentes de tránsito. Para sostener este compromiso, se requieren tarifas técnicamente calculadas, basadas en riesgos reales y en las reservas financieras que permitan hacerle frente a los siniestros que se presentan diariamente. En lo que va del año se han pagado 116,044 reclamos por un monto de 110.5 millones de dólares, lo que arroja una siniestralidad cercana al 60% comparada contra las primas.
Contexto internacional y libre competencia
Este proyecto fue presentado por el diputado Ricardo Vigil (circuito 4-3), quien resaltó que la propuesta se sometió a consultas ciudadanas durante casi un año. También incluyó un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, que respalda la viabilidad de la medida y que, según el diputado, no afectará el costo de las pólizas.
Por su parte, Gina Herrero, vicepresidenta de Apadea, agregó que el propio informe presentado por la Universidad de Panamá reconoce que en países como Colombia el descuento por siniestralidad fue declarado inconstitucional en 2022, por tratarse de una intromisión del Estado en la regulación de precios. En el caso de Francia, indicó, existen descuentos escalonados, pero también recargos por siniestros.
“En todos los países citados existen normas de libre competencia y no hay ninguna ley que regule los descuentos por siniestralidad”, precisó Herrero.
La dirigente reiteró que el gremio acudirá a la Corte Suprema de Justicia si el Ejecutivo sanciona la ley, presentando un recurso de inconstitucionalidad contra la creación de una comisión que regularía los precios, incluso por encima de la facultad de la Superintendencia de Seguros.
Llamado al país
Herrero recordó que durante la pandemia de Covid-19 las aseguradoras otorgaron descuentos voluntarios en las pólizas de autos debido a la reducción de riesgos, y aseguró que hoy en día cualquier consumidor puede negociar con su aseguradora o corredor de seguros en el marco de la libre empresa.
Finalmente, hizo un llamado a que el debate trascienda el sector asegurador:
“No veamos esto como un problema de las aseguradoras, sino del país. La Asamblea está regulando temas que afectan la libre competencia. Mañana podría tocarle a otros sectores, como ya está ocurriendo con la discusión de descuentos en las matrículas de colegios privados. Necesitamos enfocar los esfuerzos legislativos en los temas que de verdad requieren soluciones para los panameños”.
Superintendencia rechaza ley
El superintendente de Seguros y Reaseguros, Luis Enrique Bandera, criticó la Ley 53 aprobada en la Asamblea Nacional al considerarla “populista y política”, y reiteró su respaldo a la solicitud de veto que presentará la Asociación Panameña de Aseguradores.
Bandera señaló que la norma se basa en una ley derogada hace 13 años, lo que “resta credibilidad” al estudio utilizado para sustentar su aprobación. Advirtió que el Legislativo no puede regular precios ni modificar la estructura de la Superintendencia, y alertó que abrir este precedente es “peligroso” para la libre empresa y para el modelo económico del país.
