Un 25% de descuento podría ser ofrecido por las aseguradoras a los clientes que renueven su póliza y no hayan requerido utilizar la cobertura. Esto ocurriría si se aprueba el proyecto de ley 53, que modifica dos artículos de la Ley 68 de diciembre 2016, la cual regula el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito.
Por el momento, el proyecto de ley 53 fue aprobado en primer debate el pasado 26 de marzo en la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional. Durante la sesión, se escucharon opiniones a favor de la medida, como la de los transportistas representados por la Cámara Nacional de Transporte y otros gremios, mientras que la Asociación de Seguros manifestó su oposición.
En su exposición de motivos, la iniciativa señala: “que al buen cliente se le reconozca un derecho, y el mejor camino es el de poder recibir una devolución del monto pagado, bajo la condición de que no haya requerido utilizar la cobertura mediante la póliza de seguro contratada. Pudiendo, si así lo desea, abonar con ese mismo monto a devolver la nueva póliza para el siguiente año o utilizarlo para la adquisición de otro tipo de cobertura de seguros”.
La normativa también busca incentivar la prevención de accidentes mediante la reducción del costo de la póliza para conductores que no registren siniestros. Además, pretende beneficiar a los conductores responsables con seguros más accesibles y fomentar el cumplimiento de las normativas de tránsito y seguridad vial.
Los transportistas sostienen que este gremio se ha visto duramente afectado por el aumento de la póliza en menos de un año. Además, consideran que están atrapados en un sistema que no les retribuye ningún beneficio.
Por otro lado, los representantes de las aseguradoras argumentan que lo que se propone en la iniciativa sobre la devolución de la prima no proviene de los fondos de la póliza, sino de la reserva destinada a indemnizar a las víctimas.
Actualmente, el 76% de los conductores cuenta con póliza, es decir, 7 de cada 10 poseen seguro, mientras que un 30% no lo tiene.
Esta semana, el proyecto de ley 53 deberá ser discutido en el pleno de la Asamblea Nacional.
Ian Van Hoorde, presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores, expresó sus preocupaciones sobre el impacto del proyecto de ley 53.
Subrayó que “nosotros partimos de la premisa de que los transportistas y diputados que apoyan el proyecto de ley 53 tienen buenas intenciones”, ya que ciertamente el costo del seguro obligatorio (Sobat) se ha incrementado en los últimos años.
No obstante, indicó que esto es debido a la inflación y la escasez de inventarios en agencias y casas de repuestos provocada por la pandemia y la guerra de Ucrania. “Entendemos que el impacto en el segmento de transporte colectivo y selectivo seguramente ha sido mayor porque presentan accidentes con mayor frecuencia”, dijo.
A juicio de Van Hoorde, el proyecto no es la solución, ya que parte de premisas incorrectas:
Malinterpretación de lo que significa “usar un seguro”: se supone que un conductor solo usa su seguro si es “responsable del accidente”. Un seguro se usa para transferir un riesgo. Además, cuando ocurre un accidente el asegurador incurre en costos de asistencia (motorizados, grúas y representación legal) incluso cuando el asegurado no resulta responsable. Estos costos en muchos casos son superiores a la prima pagada.
Revisión obligatoria de montos asegurados: se pretende delegar en las aseguradoras la tarea de revisar cada cuatro años el monto del seguro. Esta es una función que claramente corresponde al ente regulador.
Imposición de plazos y tiempos de respuesta: regular los tiempos de atención afecta la libre competencia, ya que los consumidores eligen compañías según la calidad de sus servicios.
Considerando que el Sobat es un producto “obligatorio” es necesario definir mecanismos de transparencia que permitan al consumidor comprender mejor las variaciones de precio.
En ese sentido, manifestó que quizás el ente regulador debe hacer un informe anual sobre los costos y prima esperada para los segmentos de automóviles de uso particular, comercial y transporte selectivo y colectivo. Para cada segmento la frecuencia y severidad de accidentes es distinta y el precio será distinto.
Indicó que de aprobarse el proyecto de ley 53 no solo estaremos atentando contra la libre empresa, sino que se producirá un aumento general en las primas de la cobertura Sobat que permitirá entonces otorgar descuentos a los buenos conductores.
