Con la promulgación de la Ley No. 242 del 13 de octubre de 2021, Panamá sentó las bases para regular el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Esta normativa busca posicionar al país como un destino atractivo para la industria del cannabis medicinal y el cáñamo. Sin embargo, a casi tres años de su creación y reglamentación, las licencias necesarias para la fabricación e investigación científica no han sido emitidas, lo que ha frenado el desarrollo de este prometedor sector.
De acuerdo con Uriel Pérez, director nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), la principal razón de esta demora radica en contradicciones entre la Ley No. 242 y el Decreto Ejecutivo No. 121 de 1 de septiembre de 2022, que reglamenta su aplicación. Pérez explicó que el decreto establece requisitos más estrictos que los contemplados en la ley, dificultando el cumplimiento de los procedimientos necesarios para otorgar las licencias. “Es un tema de contradicciones en los requisitos”, afirmó el funcionario.
Uno de los puntos críticos radica en el artículo 24 de la Ley No. 242, que transitoriamente permite la importación de productos terminados durante los dos primeros años de su implementación. No obstante, el artículo 109 del decreto exige a las empresas cumplir con condiciones de buenas prácticas de fabricación, lo que resulta inviable para aquellas que aún no cuentan con la infraestructura para producir localmente. Esta incompatibilidad normativa ha paralizado el otorgamiento de licencias.
Ante esta situación, el Minsa ha elaborado un nuevo borrador de decreto que busca subsanar las contradicciones detectadas. Actualmente, este documento está en espera de firma. Según explicó Pérez, una vez aprobado, permitirá avanzar con la emisión de licencias a las empresas que ya han cumplido con las condiciones de almacenamiento estipuladas en la normativa vigente. Esto incluye también la autorización para importar productos terminados, según lo establece dicho artículo 24 de la Ley No. 242.
Empresas evaluadas y en lista de espera
El informe final de evaluación de la Comisión Evaluadora del Minsa reveló que siete empresas han cumplido con los requisitos establecidos y están en espera de recibir sus licencias:
Consorcio Panamericana de Cannabis
Consorcio Green Med
Consorcio Tilray Panamá
Farma Verde Corp.
Canna Med Panamá:
Consorcio Adeiwa Pharma
Consorcio Ecovida
Estas empresas fueron evaluadas rigurosamente bajo los criterios establecidos en el artículo 21 de la Ley No. 242, que permite la asignación de hasta siete licencias para la fabricación y distribución de cannabis medicinal. La Comisión Evaluadora recalcó que cada una de estas propuestas cumplió con los requisitos estipulados, demostrando su capacidad para operar en el marco de la normativa.
Pérez sostuvo que el Minsa ha adelantado inspecciones para verificar la infraestructura de las empresas, en especial aquellas relacionadas con el almacenamiento e importación de productos. Estas inspecciones se realizan en cumplimiento del artículo 14 del Decreto No. 121, que establece los lineamientos para garantizar la seguridad y calidad de los productos antes de su distribución en el mercado.
“Estamos esperando la firma del decreto para poder emitir las licencias”, indicó Pérez, quien también mencionó que las empresas han mostrado interés en continuar el proceso y cumplir con las normativas una vez se resuelvan las contradicciones legales.
Un mercado con potencial
La regulación del cannabis medicinal representa una oportunidad económica significativa para Panamá, con potencial para atraer inversiones, generar empleos y posicionar al país como un líder regional en este sector. Además, el desarrollo de esta industria podría beneficiar a pacientes con enfermedades crónicas que buscan alternativas terapéuticas innovadoras y accesibles.
No obstante, los retrasos en la emisión de licencias generan incertidumbre entre las empresas interesadas y los potenciales beneficiarios. La falta de un marco normativo claro y funcional también podría impactar negativamente la imagen de Panamá como un destino confiable para la inversión extranjera.
La exdirectora nacional de Farmacia y Drogas, Elvia Lau, expresó desconocer los cambios realizados en la reglamentación del cannabis medicinal. Sin embargo, destacó que esta falta de avances mantiene a los pacientes que requieren este medicamento en la clandestinidad. Según Lau, Panamá se considera pionero en el tema del cannabis medicinal, pero ya Costa Rica nos lleva la delantera.
Por su parte, Enma Pinzón de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, señaló que, hasta la fecha, no se ha entregado ninguna licencia a las siete empresas seleccionadas para comercializar cannabis medicinal en Panamá. La única licencia que se otorgó fue suspendida. Además, Pinzón indicó que los licenciatarios han solicitado reuniones al ministro de Salud, pero hasta ahora no han recibido respuesta. Mientras tanto, los pacientes continúan utilizando de forma clandestina.
En el 2021, Panamá se convirtió en el primer país de Centroamérica en aprobar el uso del cannabis para fines medicinales y terapéuticos después de cinco años de análisis y discusiones.
En la ley se precisa que el cannabis medicinal está indicado para aliviar dolores de tipo crónico o por lesiones nerviosas; para controlar náuseas y vómitos, al igual que padecimientos como el alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, VIH/sida, cáncer, enfermedad de Crohn, epilepsia, convulsiones, glaucoma, esclerosis múltiple y espasmos musculares.
En ese momento, las autoridades de salud planteaban que la demora en la reglamentación de Ley No. 242 obedecía a que estaban siendo cautelosas para tener una implementación robusta.
El reto ahora recae en garantizar que las modificaciones legales permitan un equilibrio entre el cumplimiento de las regulaciones y la viabilidad operativa de las empresas, asegurando así que Panamá pueda capitalizar el potencial de esta creciente industria.
