A más de dos meses de clases paralizadas y con miles de estudiantes sin maestros, el Gobierno activó un plan de emergencia: un decreto que autoriza la contratación inmediata de docentes sustitutos para reabrir las escuelas cerradas por la huelga magisterial. El movimiento magisterial lo califica como un acto de represión legalizada.
El Decreto Ejecutivo No. 17, firmado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra Lucy Molinar, busca llenar las vacantes dejadas por miles de docentes que protestan desde abril contra la reforma a la Caja de Seguro Social. Pero para los líderes gremiales, esta medida viola la Constitución, ignora los principios del derecho laboral y busca debilitar el corazón del movimiento docente justo cuando preparan una ofensiva legislativa.
Esta medida se adopta en medio de una paralización de labores que mantienen los principales gremios docentes del país desde el pasado 23 de abril, en protesta contra la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS) y otras normativas.
El Ministerio de Educación (Meduca) ha puesto en marcha el decreto, estableciendo un procedimiento especial y transitorio para la selección y nombramiento de maestros y profesores en centros educativos oficiales, con vigencia hasta el 31 de diciembre.
Los dirigentes magisteriales calificaron el Decreto Ejecutivo No. 17 como un nuevo intento ilegal por parte del Meduca para debilitar el movimiento de huelga.
Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), rechazó la implementación del decreto, que permitiría la contratación de docentes sustitutos. Lo calificó como: “políticamente represivo, legalmente inválido y constitucionalmente inaceptable”.
Según explicó, el decreto busca suplantar a los docentes en huelga sin que se haya declarado la ilegalidad de la misma, una decisión que solo puede tomar la Corte Suprema de Justicia.
“El derecho a huelga está protegido por el artículo 69 de la Constitución Política de Panamá, y solo puede ser restringido tras el agotamiento de los procesos administrativos y judiciales correspondientes”, aseguró Sánchez.
También denunció que el decreto representa una intromisión del Ejecutivo en funciones legislativas, al regular materias propias de una ley formal, como la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Carrera Docente, lo cual —recordó— corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional.
Además, advirtió que esta disposición abre la puerta a designaciones sin concurso público, pasando por alto los principios de transparencia, imparcialidad y estabilidad laboral. “Este decreto es una burla al reglamento del régimen del educador establecido por la Ley 47 de 1946”, agregó.
Sánchez también señaló que se está utilizando el argumento del “interés superior del niño” como herramienta política para justificar el reemplazo de los huelguistas, una interpretación que, recordó, fue rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso San Miguel Sosa vs. Venezuela (2018).
El dirigente anunció que AEVE presentará un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia y llevará la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Gobierno panameño de criminalizar la protesta y violar los derechos sindicales.
“Nosotros no vamos a quedarnos callados. Esto no se trata solo de educación; se trata de democracia, de respeto a los derechos laborales y humanos”, subrayó.
El educador cerró su intervención exhortando a los docentes en huelga a mantenerse firmes y no dejarse intimidar. Alertó que estas acciones buscan debilitar al movimiento antes del mes de julio, cuando los gremios tienen previsto presentar una propuesta legislativa para modificar los artículos de la Ley 462 que consideran lesivos.
“Esto es una estrategia de miedo, pero no van a poder dividirnos. Mañana, todos en los bastiones de lucha”, concluyó Sánchez.
Llamados fallidos
Jaime Castillo, asesor legal de Meduca, explicó a TVN Noticias que el decreto responde a una paralización de clases unilateral que, aunque no afectó al 100 % de los centros, sí ha perjudicado a un gran número de estudiantes. “El interés primario y primordial para el Gobierno es restituir y garantizar a esa población estudiantil el derecho que tienen a educarse”, señaló Castillo.
El Meduca ha realizado constantes llamados de retorno a los educadores. Si bien este lunes se observó un regreso masivo en muchos centros educativos, un grupo de docentes aún se resiste a retornar a las aulas.
Ante esto, Castillo enfatizó que los educadores son “servidores públicos nombrados para enseñar, y ese propósito no se puede eludir, porque el servicio que se brinda es en beneficio de una población”.
Además, subrayó que el derecho a educarse de los estudiantes es un interés superior reconocido por la Constitución y la ley, y que este es prioritario frente al derecho de los adultos.
El documento, publicado en Gaceta Oficial, permite aplicar este proceso especial de nombramiento, por tiempo transitorio, para reemplazar a los educadores que no han regresado a sus puestos de trabajo, garantizando así la continuidad educativa.
Proceso de reemplazo
El proceso de selección se basará en el registro permanente de elegibles del Meduca, vigente desde 2005. Los docentes que formen parte de este registro y reúnan los requisitos para el cargo serán seleccionados en estricto orden de lista, priorizando al primero en función de su formación profesional.
Castillo explicó que la Ley Orgánica de Educación establece que la ausencia injustificada por cinco días o más de un docente constituye abandono del cargo. Esta valoración deberá ser realizada por los directores de los centros educativos. “Una vez concluidos esos procesos, las vacantes quedarán listas para ser suplidas de inmediato”, afirmó Castillo.
El asesor legal destacó que la restitución de clases debe ocurrir pronto. “Un día más sin clase es una afectación gravísima a esa población estudiantil, pero no se trata solo de recuperar contenidos... Lo importante también es devolverle a ese estudiante el derecho a soñar, a crecer, a desarrollarse”, manifestó. Además, criticó que la educación no puede seguir siendo rehén de intereses políticos.
