El paro de docentes, iniciado el 23 de abril, cumple esta semana un mes sin que se vislumbre una solución. La principal demanda de los educadores sigue siendo la derogación de la Ley 462 de marzo de 2025, que reformó aspectos del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).
Dirigentes magisteriales mantienen firme su exigencia de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, promueva la derogación de esta normativa. Sin embargo, el mandatario ha reiterado en diversas ocasiones que no contempla esa posibilidad.
Humberto Montero, vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes, afirmó que los gremios magisteriales continuarán su lucha hasta que se derogue la ley. “El presidente escucha a sus asesores, pero no al pueblo”, señaló. También criticó la falta de diálogo con los gremios y con especialistas que, a su juicio, podrían aportar soluciones técnicas al problema.
Montero subrayó que la exigencia de una pensión digna no es un privilegio, sino un derecho. “Los policías y bomberos se jubilan, pero los educadores nos pensionamos”, comentó, al tiempo que cuestionó lo que considera una falta de voluntad política para resolver el conflicto.
Sobre el derecho a la huelga, recordó que está amparada por convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la Constitución de la República. Lamentó que la respuesta gubernamental haya sido, en su opinión, represiva, a través del uso de la fuerza pública.
Montero también se refirió a temas relacionados con la actividad minera en el país. Afirmó que, incluso si se derogara la Ley 462, persiste la preocupación por nuevos proyectos mineros y por la transparencia en los procesos judiciales. “Ya nueve magistrados han declarado inconstitucional la minería, pero el presidente sigue insistiendo en este tipo de proyectos”, indicó.
La lucha se fortalece y seguiremos en las calles. pic.twitter.com/TyV2Q8ZmNh
— ASOPROF (@ASOPROF30) May 16, 2025
En su conferencia semanal, el presidente Mulino explicó que la Ley 462 no puede ser derogada por el Ejecutivo, ya que esta competencia recae sobre la Asamblea Nacional, que la aprobó con 48 votos. Añadió que la ley fue sancionada porque se consideró una herramienta de trabajo viable para fortalecer el sistema de la CSS.
Aunque reconoció que el texto final de la ley no es idéntico al proyecto original presentado por el Ejecutivo, afirmó que “se puede vivir con ella” y que el director de la CSS ya está implementando medidas para mejorar la institución bajo ese marco legal.
Mulino también sostuvo que los cuestionamientos provienen en gran medida de sectores políticos, particularmente de izquierda, que —según él— buscan generar inestabilidad.
“La derogación de esta ley sería perjudicial para el país en su conjunto. Sabemos que toda reforma importante genera reacciones, y algunos sectores intentan aprovechar la situación para alterar el sistema financiero y democrático del país”, manifestó.
Mientras tanto, miles de estudiantes en todo el país continúan sin recibir clases regulares debido al paro, lo que ha generado preocupación entre padres de familia y especialistas en educación por el impacto académico que podría tener esta prolongada interrupción.
