Unas 839 demandas activas por indemnizaciones de daños y perjuicios por el envenenamiento masivo con el dietilenglicol enfrenta actualmente la Caja de Seguro Social (CSS) ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
El monto total de los reclamos comprendidos por estas demandas alcanzan la suma de 3 mil 220 millones 79 mil 162 dólares con 80 centésimos. Originalmente el número de demandas y reclamaciones era mayor, pero al menos 74 de estas no fueron admitidas o están en apelación. El monto de estos otros reclamos es de unos 171 millones 967 mil 88 dólares con 32 centésimos.
La información contenida es un desglose preparado por la Procuraduría de la Administración, entidad que lleva adelante la defensa de la CSS en estas 839 reclamaciones. De acuerdo con la institución hay 237 a la espera de sentencia y 239 pendientes de fecha para la práctica de pruebas.
Hasta la fecha la CSS, según fuentes de la entidad, solo ha pagado 188 mil dólares por una sentencia que la condenó en 2022, por la primera demanda por daños y perjuicios causados por este envenenamiento, que conoció la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
El envenenamiento
En el año 2006, se produjo una emergencia sanitaria en el país como resultado del envenenamiento masivo con dietilenglicol, un compuesto químico usado en procesos industriales y no apto para consumo humano, y que la CSS había empleado en la elaboración de productos farmacéuticos, principalmente un jarabe de guayacolato sin azúcar y una loción de calamina. El resultado final fue de unas 800 muertes certificadas y unos mil 300 afectados.
El 11 de abril de 2017, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó una resolución en la que se establecieron penas de prisión para 10 personas en este caso. La Sala decidió no entrar en la cuestión de la responsabilidad civil por el envenenamiento masivo, razón por la cual las 875 reclamaciones fueron dirigidas a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con el grueso de las reclamaciones iniciadas en el año 2018.
Los peritajes
De acuerdo con la Procuraduría de la Administración, para 2025 se habrá completado la práctica de pruebas de todos estos casos. Dentro de ese listado de pruebas presentadas por las partes, incluyendo a la CSS, están los peritajes necesarios para contrarrestar la argumentación de los demandantes en estos casos.
Precisamente, fueron dos peritajes, uno por 10 mil dólares de un contador y otro por 7 mil dólares de un psiquiatra, los que ayudaron a la CSS para que en el primer caso que fue decidido en el año 2022 la indemnización fuera de 188 mil dólares, y no los 2.1 millones de dólares, que fue el reclamo original de esta demanda, sin embargo los peritajes, contratados por la CSS, valoraron el daño en el monto inferior ya mencionado.
El pasado martes 12 de noviembre la CSS retiró de la Comisión de Presupuesto, la solicitud presentada por la institución para pagarle 603 mil dólares a tres peritos: José Alexis Cifuentes, psiquiatra; Zoila Glen Araya, psicóloga; y Alejandro Cuadra, contador público autorizado. El monto del pago provocó cuestionamientos por parte de los diputados Betserai Richards y Jhonatan Vega, de la libre postulación, ambos de la Comisión de Presupuesto, con los representantes de la CSS.
Entre los señalamientos contra los pagos estaban la inadecuada fundamentación de los mismos y la falta de explicaciones sobre por qué la institución se había limitado solo a esos tres peritos para tantos casos, y no incorporó a otros profesionales para que dieran sus pericias. El pago solicitado corresponde a 85 casos en los que se dieron los servicios de peritaje, y cuyas reclamaciones son por un monto de 510 millones de dólares.
La preparación de la CSS
La principal institución de seguridad social de Panamá no tiene asignado monto alguno para pagar nuevas indemnizaciones, producto de las probables sentencias de la Sala Tercera en los procesos vinculados al dietilenglicol. “A la fecha del presupuesto vigente para el 2024 y 2025, no se ha constituido ninguna reserva especial para proveer cualquier desviación en estos casos” explicó una fuente de la institución a La Prensa.
De acuerdo con la misma fuente, a la vez que se está acompañando el proceso de reformas de la Ley Orgánica de la CSS, se está considerando el tema de las indemnizaciones muy seriamente. “La nueva Administración está en proceso de evaluar las posibles desviaciones que puedan surgir por esta causa.”
En atención al tamaño del desafío que enfrenta la institución y al volumen de casos judiciales que deben atenderse, la CSS ha creado “[...] una oficina especial de profesionales del sector salud, además del servicio de abogados institucionales, para atender los requerimientos solicitados por las autoridades competentes respecto a este tema”, acotó la fuente.
