Cuatro años sin clases regulares en escuelas oficiales por huelgas y protestas

Los gremios de educadores mantienen esta semana el paro indefinido que iniciaron el pasado 23 de abril, cumpliendo así un mes desde que adoptaron esta medida de presión contra la Ley 462 de marzo de 2025, promulgada en marzo de 2025, que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), con el objetivo de lograr su derogación. Aunque los dirigentes magisteriales insisten en que el presidente de la República, José Raúl Mulino, derogue dicha normativa, el mandatario ha reiterado en múltiples ocasiones que no contempla esa posibilidad.

En medio de esta tensión entre educadores y el Gobierno están los estudiantes del sector oficial, quienes en los últimos cinco años solo han tenido un año escolar regular: el 2024. En 2020 y 2021, la pandemia mantuvo las escuelas cerradas y las clases se dictaron de forma virtual; en 2022 y 2023 se registraron nuevos paros por protestas sociales y, ahora, en 2025, el paro magisterial ha detenido nuevamente el calendario escolar.

Las protestas de 2022, una de las mayores movilizaciones sociales, incluyeron a gremios docentes, sindicatos, pueblos indígenas, transportistas y grupos cívicos. Se originaron por el alto costo de la vida, el incremento en el precio del combustible, la corrupción y la falta de transparencia.

Posteriormente, en 2023, las manifestaciones se intensificaron tras la aprobación del contrato minero con la empresa canadiense First Quantum Minerals para explotar la mina Cobre Panamá.

Ante este escenario, la psicóloga y especialista en educación Noemí Castillo subraya que cada día perdido representa un retroceso educativo y profundiza las brechas entre estudiantes. “Un contenido que no se dicta es contenido perdido. Los estudiantes difícilmente lo explorarán por sí solos, y eso pone en riesgo el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para su nivel educativo”, explicó.

Según Castillo, el impacto va desde el nivel preescolar —con niños que no desarrollan sus habilidades sensoriomotrices— hasta la universidad, donde los jóvenes carecen de bases sólidas en lectura, escritura y matemáticas.

La especialista indicó que, aunque no se declare oficialmente un año escolar perdido, se amplían calendarios y se aplican períodos de recuperación para estudiantes con hasta tres materias reprobadas. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) advierte que cada día sin clases equivale a tres días en términos de afectación, sin considerar el daño emocional que experimentan los estudiantes.

En 2023, durante la huelga, los alumnos de escuelas públicas perdieron 27 días de clases, mientras que en los colegios particulares se continuó el proceso de enseñanza, combinando presencialidad con plataformas tecnológicas.

Castillo también advierte que la sociedad panameña muestra signos de cansancio ante las consecuencias económicas y sociales que dejan estas escaladas y sus secuelas de destrucción de espacios públicos. “Dañar es un retroceso. Construir es un avance. No es correcto que pequeños grupos de la sociedad se adjudiquen la representación del pueblo y el liderazgo de toda una nación”, afirmó.

Según la especialista, los liderazgos actuales deben ser transformacionales. “La pérdida que enfrentan los estudiantes no se puede medir; es abismal. Las pruebas nacionales e internacionales así lo confirman, y la falta de propuestas evidencia que el sistema educativo debe innovar y favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el trabajo, entre ellas las habilidades de negociación y resolución de problemas”, recalcó Castillo.

Finalmente, señaló que los problemas se resuelven, no se postergan. “No más arengas ni consignas. La sociedad panameña requiere propuestas concretas para avanzar hacia un futuro prometedor”.

Gremios se mantienen en huelga

Humberto Montero, el vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes, afirmó que los gremios seguirán en las calles hasta lograr la derogación de la ley. “El presidente escucha a sus asesores, pero no al pueblo”, denunció, al tiempo que lamentó la falta de diálogo con especialistas que puedan aportar soluciones técnicas.

Aseguró que exigir una pensión digna no es un privilegio, sino un derecho: “Los policías y bomberos se jubilan, pero los educadores nos pensionamos”, afirmó. También criticó el uso de la fuerza pública contra manifestantes, recordando que el derecho a huelga está protegido por la Constitución de la República y por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Montero añadió que, aunque se derogara la Ley 462, persisten preocupaciones por nuevos proyectos mineros y por la falta de transparencia en el sistema judicial. “Ya nueve magistrados han declarado inconstitucional la minería, pero el presidente insiste”, expresó.

Por su parte, en su conferencia semanal, el presidente Mulino reiteró que la derogación de la Ley 462 no es competencia del Ejecutivo, sino de la Asamblea Nacional, que la aprobó con 48 votos. Reconoció que el texto final no es idéntico al proyecto original del Ejecutivo, pero defendió que “se puede vivir con ella” y que su aplicación ya comenzó en la CSS. A su juicio, las críticas provienen, en gran medida, de sectores políticos que “buscan generar inestabilidad”.

“Sabemos que toda reforma importante genera reacciones. Pero la derogación de esta ley sería perjudicial para el país en su conjunto”, aseguró el mandatario.

Mientras tanto, miles de estudiantes en todo el país siguen sin recibir clases, lo que ha generado creciente preocupación entre padres de familia y especialistas por el impacto acumulado que esta prolongada interrupción tendrá sobre la educación panameña.

El Ministerio de Educación (Meduca) recordó que los docentes tienen plena libertad para reincorporarse sin necesidad de autorizaciones ni acuerdos formales.

“El regreso no está condicionado a un inexistente acuerdo que carece de valor legal”, advierte el comunicado, en referencia a la supuesta exigencia de firmar un finiquito de huelga, figura que —según Meduca— no existe en la legislación educativa vigente.

Aleida Samaniego C.

Editora Sociedad.