En medio de una creciente preocupación por la calidad de la educación superior en Panamá, cuatro universidades privadas cierran, mientras al menos otras cuatro permanecen a la espera de recibir su acreditación oficial, requisito indispensable para continuar operando legalmente en el país.
La situación fue confirmada por María del Carmen Terrientes de Benavides, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), ente encargado de supervisar y otorgar las acreditaciones dentro del sistema universitario panameño.
Terrientes de Benavides explicó que la demora en la acreditación oficial de estas instituciones se debe principalmente a que el Consejo —único organismo autorizado para emitir la promulgación definitiva— no ha sido convocado por el Ministerio de Educación (Meduca), entidad que lo preside.
“El Meduca ha estado concentrado en resolver la crisis del año escolar, pero confiamos en que la situación de la convocatoria será subsanada en el corto plazo”, señaló Benavides durante una entrevista con La Prensa.
Universidades en espera de acreditación
Las universidades que esperan su acreditación definitiva son: Universidad Interamericana a Distancia de Panamá, Universidad Hispanoamericana de Panamá, Universidad Iberoamericana de Panamá y Universidad de Hosanna.
Terrientes de Benavides detalló que las universidades nuevas cuentan con un plazo inicial de seis años para funcionar bajo un decreto provisional, que les permite impartir clases y formar estudiantes mientras se someten a rigurosas evaluaciones.
Durante este periodo, son evaluadas por pares nacionales e internacionales, quienes verifican el cumplimiento de estándares académicos y administrativos.
Una vez cumplidos estos requisitos, reciben un decreto definitivo por parte del Coneaupa. Sin embargo, la supervisión no termina allí: dos años después deben someterse nuevamente a un proceso obligatorio de acreditación institucional para garantizar la continuidad de la calidad educativa.
Universidades cierran
Paralelamente, cuatro universidades han solicitado o enfrentan el proceso de cierre por diferentes causas, principalmente relacionadas con baja matrícula, incumplimiento de estándares o inactividad:
La Salle College Internacional Panamá: institución de origen canadiense que cesó operaciones tras la pandemia, debido a la drástica caída en la cantidad de estudiantes. “Llegó a tener solo 12 estudiantes. Ellos mismos solicitaron el cierre”, explicó Benavides.
Universidad Bancaria: también solicitó su cierre de forma voluntaria.
Universidad Interamericana de Administración y Liderazgo (UIAL): inactiva desde hace varios años, mantiene un estatus de cierre técnico.
Universidad Panamericana (UPAN): ha enfrentado dificultades en varios procesos de acreditación institucional, fallando en más de una ocasión.
Terrientes de Benavides enfatizó que, conforme a las reformas del Decreto Ejecutivo 539 aprobadas mediante el Resuelto 723 del 21 de marzo de 2022, cualquier universidad que no supere el proceso de acreditación institucional en dos ocasiones está destinada al cierre obligatorio.
“Esto no es una cuestión discrecional ni negociable, está claramente establecido en el marco normativo vigente. La calidad educativa no puede ser comprometida”, puntualizó.
La supervisión del Coneaupa ha detectado además la oferta de carreras no aprobadas oficialmente por la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA) en algunas universidades, un incumplimiento que constituye una falta grave. Entre ellas se encuentran programas de mercadeo sin resolución oficial, una práctica ilegal que puede acarrear severas sanciones administrativas, incluida la clausura definitiva de la institución infractora.
El Coneaupa está integrado por 13 miembros que representan a diversas instituciones del Estado y del sector privado, incluyendo el Meduca, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), universidades públicas y privadas, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y organizaciones profesionales.
“El ministro de Educación o su representante preside el Coneaupa, pero solo tiene voto en caso de empate”, aclaró Terrientes de Benavides.
En cuanto a la integración del consejo, la secretaria ejecutiva expresó que sería conveniente incluir representantes del Ministerio de Trabajo, dada la estrecha relación entre la calidad educativa y la empleabilidad de los egresados universitarios.
Avances y retos
A pesar de estos retos, Terrientes de Benavides subrayó que Panamá ha logrado avances significativos en materia de regulación y control de la educación superior. Actualmente, todas las universidades activas con más de seis años de operación deben estar acreditadas, y el objetivo para el año 2028-2029 es que todas las carreras ofrecidas en el país también cuenten con acreditación obligatoria.
“La acreditación en Panamá es un requisito obligatorio, lo que nos posiciona muy por delante de muchos países de América Latina donde la acreditación aún es voluntaria”, concluyó Terrientes de Benavides.
Este proceso riguroso de evaluación busca garantizar que las instituciones educativas ofrezcan programas de calidad, formadores capacitados y condiciones adecuadas para la formación académica y profesional, elementos esenciales para el desarrollo económico y social del país.
