CRISIS EDUCATIVAS

Docentes cumplen 42 días en paro y estudiantes pierden clases sin precedente

Docentes cumplen 42 días en paro y estudiantes pierden clases sin precedente
Miembros de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) marchó desde la plaza 5 de Mayo hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto: Alexander Arosemena.

Panamá enfrenta una de las interrupciones educativas más graves del mundo. Hoy se cumplen 42 días de paro indefinido por parte de un gremios docentes, sin que haya señales claras de solución. Mientras los educadores se mantienen firmes en su rechazo a la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), miles de estudiantes continúan sin recibir clases, profundizando una crisis con consecuencias históricas.

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La ministra de Educación, Lucy Molinar, hizo un llamado urgente a retomar las clases. “Volvamos todos. Hagamos un pacto por la paz del país”, expresó, insistiendo en dejar atrás la confrontación y priorizar el bienestar de los jóvenes.

Molinar reconoció que algunos docentes ya han regresado a las aulas, pero advirtió que la desinformación sigue alimentando el conflicto. “Nada de lo que estamos haciendo ayuda a construir país. Al final, aquí vivimos todos y este país nos pertenece a todos”, afirmó.

Además, insistió en la necesidad de bajar la tensión y reenfocar el debate. “Si todos logramos pensar un poco más en Panamá, podríamos empezar a ponernos de acuerdo y encontrar esas avenidas en las que podamos, sobre la base de la verdad, construir”, agregó.

El impacto de las constantes interrupciones educativas es devastador. Entre 2020 y 2025, los estudiantes del sistema público han perdido cerca de 550 días de clases presenciales, la interrupción más prolongada en la historia del país y una de las más severas a nivel global.

De acuerdo con el estudio Sexenio perdido: Efectos económicos y sociales de las interrupciones educativas consecutivas en Panamá, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa) y Jóvenes Unidos por la Educación, esta situación afecta a más de 800,000 jóvenes y podría comprometer seriamente su futuro académico, laboral y social.


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