El Ministerio de Educación (Meduca) continúa con su llamado a los docentes para que regresen a las aulas este 26 de mayo. La ministra de Educación, Lucy Molinar, expresó con optimismo: “Afortunadamente, creo que el lunes tendremos reinicio de clases normal”.
Además, la ministra confirmó que muchos docentes ya están regresando a sus puestos de trabajo y que, tras reuniones con padres de familia, han logrado consenso sobre la importancia de no perder más días de clases.
Sin embargo, los gremios magisteriales mantienen una postura firme y seguirán en las calles, con el objetivo de lograr la derogación de la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS). Los docentes acumulan 33 días de paro, lo que representa 24 días hábiles de clases perdidos.
Humberto Montero, vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes, señaló que el 95 % de los docentes continúa en las calles y en batallones de lucha, exigiendo que se elimine esta ley. Según Montero, padres de familia, estudiantes y sectores sindicales siguen apoyando las jornadas de presión en todo el país.
“Nosotros seguiremos en las calles, realizando marchas, piqueteos y concentraciones hasta que esta ley sea eliminada. No nos vamos a rendir”, expresó con firmeza Montero.
Sostuvo que la marcha del 23 de mayo, que partió desde el Parque Urracá hasta la Presidencia de la República, congregó a miles de personas que exigieron ser escuchadas por las autoridades. Aunque no fueron recibidos por el presidente, los manifestantes reafirmaron su compromiso con la causa y agradecieron la solidaridad de padres, estudiantes y otros sectores sindicales, como el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato).
Con el 95 % de los docentes en las calles y el respaldo de sectores sindicales y de la comunidad educativa, las protestas continuarán hasta que la Ley 462 sea derogada, lo que genera una creciente tensión social en todo el país, indicó Montero.
Por su parte, Fernando Abrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, confirmó que las acciones de protesta continuarán y que mañana no habrá clases en la mayoría de las escuelas públicas. “Aunque el Gobierno haga llamados, los maestros seguimos firmes en nuestra lucha para defender nuestros derechos y la salud pública afectada por la reforma a la CSS”, señaló Abrego.
A pesar de los llamados del Gobierno, los gremios aseguran que la lucha sigue siendo por la derogación de la Ley 462, y no se detendrán hasta lograr ese objetivo. Para los docentes, este es un conflicto que va más allá de la educación, pues consideran que la reforma afecta gravemente la salud pública y sus derechos laborales.
Mientras tanto, la ministra Molinar reiteró que la educación no debe ser víctima de otros intereses. En sus declaraciones, destacó que las movilizaciones han dificultado el desarrollo académico de los estudiantes, pero hizo un llamado a la normalización de las clases, insistiendo en que muchos docentes ya han regresado.
“Aspiro a que todo se normalice”, concluyó la ministra, señalando que la educación debe prevalecer sobre los intereses políticos que puedan estar detrás de la protesta.
El panorama es incierto
Los gremios magisteriales no parecen dispuestos a ceder y el Gobierno continúa presionando para garantizar el reinicio de clases.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), al cumplirse un mes del paro docente que mantiene fuera de las aulas a miles de niñas, niños y adolescentes en el país, planteó que el derecho de nuestros hijos a recibir educación continua no puede ser rehén de ninguna causa. “Es vital que los estudiantes regresen a las aulas y reciban clases”.
El gremio empresarial, presidido por Giulia De Sanctis, recalca que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de Panamá, además de ser la principal herramienta para romper el círculo de la pobreza. “Es un derecho que debemos garantizar a nuestros hijos”, sostuvo la Apede en un comunicado.
Según la organización, de los 54 días que han transcurrido del calendario lectivo 2025, los estudiantes solo han recibido clases en 33. Esta interrupción, causada por el rechazo a la Ley 462 del 18 de marzo —que reforma aspectos de la Caja de Seguro Social—, ha afectado el derecho a la educación de miles de menores.
La Apede citó datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), basados en el último censo de población, que revelan que el 8% de los niños y adolescentes entre 6 y 17 años no saben leer ni escribir.
Además, los resultados de la prueba PISA 2022 muestran que una alta proporción de estudiantes panameños de 15 años no alcanza los niveles mínimos de comprensión lectora. “Esto es sencillamente inaceptable”, subrayó la asociación.
En medio de esta tensión entre educadores y el Gobierno están los estudiantes del sector oficial, quienes en los últimos cinco años solo han tenido un año escolar regular: el 2024. En 2020 y 2021, la pandemia mantuvo las escuelas cerradas y las clases se dictaron de forma virtual; en 2022 y 2023 se registraron nuevos paros por protestas sociales y, ahora, en 2025, el paro magisterial ha detenido nuevamente el calendario escolar.
Las protestas de 2022, una de las mayores movilizaciones sociales, incluyeron a gremios docentes, sindicatos, pueblos indígenas, transportistas y grupos cívicos. Se originaron por el alto costo de la vida, el incremento en el precio del combustible, la corrupción y la falta de transparencia.
Posteriormente, en 2023, las manifestaciones se intensificaron tras la aprobación del contrato minero con la empresa canadiense First Quantum Minerals para explotar la mina Cobre Panamá.
Mientras el Gobierno insiste en reanudar las clases y los gremios docentes mantienen su postura de resistencia, miles de estudiantes siguen atrapados en medio de una pugna que trasciende las aulas. Con cada día que pasa, el daño educativo se acumula y el futuro de toda una generación se vuelve más incierto.
