La política migratoria del gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump está generando un impacto significativo en Centroamérica. El flujo migratorio ha tomado un giro inesperado, ya que miles de personas, en su mayoría venezolanas, se ven obligadas a regresar al sur, pasando nuevamente por Panamá en su intento de retornar a sus países de origen. El panorama es complejo, tanto a nivel humanitario como logístico.
De acuerdo con datos proporcionados por el Servicio Nacional de Migración de Panamá, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, un total de 2,877 migrantes han transitado por el país en su viaje del norte al sur. De ellos, 391 permanecen en la Estación Temporal de Recepción de Migrantes en Lajas Blancas, ubicada en la provincia de Darién.
El 95% (2,720) de estos migrantes provienen de Venezuela, mientras que el resto es de nacionalidad colombiana, peruana, chilena y de otros países. La mayoría de estos migrantes enfrentan una situación de vulnerabilidad, ya que no solo buscan salir de la crisis económica en sus países, sino también huir de situaciones de violencia y persecución.
Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública, explicó que el gobierno ha diseñado un proceso estructurado para atender a los migrantes irregulares, haciendo especial énfasis en aquellos venezolanos que ingresan al país sin los permisos adecuados.
Subrayó que cuando se detecta a un migrante irregular, este es inmediatamente enviado a los campamentos, donde se les proporciona atención médica, alimentación y un lugar seguro para descansar. Este protocolo, según el ministro, tiene como objetivo apoyar a los migrantes hasta que encuentren una forma de continuar su viaje de retorno a su país de origen.
A lo largo de este proceso, los migrantes también han experimentado dificultades en su tránsito por las playas de Llano Cartí, en la comarca Guna Yala. Debido a la falta de control y al creciente número de migrantes, el gobierno panameño, en colaboración con las autoridades de Costa Rica, ha tomado medidas para regular el flujo y mejorar la identificación de los migrantes en la comarca.
Ábrego indicó que se acordó con las autoridades costarricenses reunir a los migrantes en un campamento cercano a la frontera, realizar su biometría y asegurarse de que los migrantes tengan algún tipo de documento de identificación, como la cédula de identidad venezolana o colombiana.
Para manejar la creciente presión sobre las rutas migratorias, las autoridades de seguridad establecieron un acuerdo con las autoridades de la comarca Guna Yala para regular los traslados en lancha desde el puerto de Cartí hasta Ustupu y luego hacia La Miel, en la frontera con Colombia.
Inicialmente, los traslados eran informales debido al pequeño volumen de migrantes, pero con el aumento de la cifra, las autoridades de seguridad intervinieron para evitar el caos y los conflictos con la población local. No obstante, la situación se complicó el 20 de febrero de 2025, cuando un trágico accidente ocurrió durante uno de estos traslados. Una lancha, operada por un capitán panameño, volcó en el mar Caribe.
La tragedia resultó en la muerte de una niña venezolana y el rescate de 20 personas. Las autoridades atribuyeron el accidente al incumplimiento de las normas de seguridad por parte del capitán, quien no había tomado las precauciones necesarias para navegar en condiciones difíciles.
En respuesta, Ábrego señaló que se han tomado medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los migrantes, como limitar a 45 personas por lancha y organizar los viajes con una frecuencia de cada dos días.
La tragedia, sin embargo, no ha sido el único desafío. La comunidad indígena Guna Yala, a través de su máximo órgano administrativo, el Congreso General Guna Yala, expresó su creciente preocupación por el impacto del flujo migratorio en la región.
A través de un comunicado fechado el 23 de febrero de 2025, las autoridades de la comarca denunciaron la falta de recursos y apoyo por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Panamá, quienes, según ellos, no han destinado fondos para crear albergues ni para proporcionar el equipo necesario, como botes, vehículos o suministros alimentarios para atender a los migrantes en la zona de Llano Cartí.
Por su parte, Ábrego respondió que no se construirá un albergue en esa área ni se proporcionarán transportes adicionales. Según el ministro, proporcionar estos recursos podría contribuir a la expansión del tráfico ilegal de migrantes.
La postura del gobierno panameño es clara: el país no puede hacerse cargo de una crisis migratoria internacional que excede sus capacidades, pero sigue comprometido con la seguridad y el bienestar de las personas en tránsito.
El gobierno de Panamá continúa ajustando sus políticas para equilibrar la ayuda humanitaria con la necesidad de controlar el flujo migratorio. La situación sigue siendo un reto, no solo por las implicaciones logísticas y de seguridad, sino también por el sufrimiento humano de miles de personas atrapadas entre fronteras y políticas migratorias restrictivas.Mientras tanto, la región se enfrenta a una crisis en crecimiento que exige respuestas más coordinadas y sostenibles entre países y organizaciones internacionales.
