La educación panameña atraviesa una crisis crítica, especialmente en el sector oficial, que exige medidas urgentes. Los recientes paros docentes, sumados a las secuelas de la pandemia, han agravado aún más la situación.
En los últimos años, los estudiantes panameños han estado fuera de las aulas por casi 500 días, lo que ha afectado su aprendizaje y desarrollo académico. Este déficit de tiempo es grave, ya que los estudiantes han tenido que enfrentar tanto los efectos de la pandemia como la inestabilidad provocada por huelgas y el cierre de escuelas.
La especialista en educación Nivia Rossana Castrellón señala que aproximadamente 465 días de clases presenciales se han perdido debido a huelgas y cierres de escuelas. A esto se suman los días de suspensión de clases en 2025, lo que eleva el total a casi 500 días sin clases presenciales. Castrellón sostiene que esta interrupción prolongada ha truncado el aprendizaje de los estudiantes, creando una brecha de conocimientos difícil de recuperar.
Según Castrellón, las consecuencias de esta pérdida educativa son profundas. Además de afectar la calidad de la educación, los estudiantes se enfrentan a serias dificultades para acceder al mercado laboral en el futuro. El retraso académico ha dejado a muchos jóvenes en una posición vulnerable, reduciendo sus oportunidades de progreso y movilidad social. La falta de aprendizaje no solo afecta los resultados académicos, sino también la autoestima, la motivación y la confianza de los estudiantes en sus capacidades.
A esto se suma la grave situación en el mercado laboral. Los jóvenes panameños, en promedio, tienen solo 10.7 años de escolaridad, mientras que el mercado exige al menos 11.7 años. Como resultado, aproximadamente mil jóvenes se convierten en “ninis” (jóvenes que ni estudian ni trabajan) cada mes. Castrellón plantea que esta tendencia tiene consecuencias claras para la sociedad: estos jóvenes estarán atrapados en un círculo de exclusión social y tendrán pocas opciones de acceder a empleos formales ni cotizar a la Caja de Seguro Social (CSS), lo que limita sus perspectivas de estabilidad económica.
Disparidad educativa
El contexto es aún más preocupante si se considera que los estudiantes de escuelas oficiales han tenido acceso limitado a clases virtuales y plataformas de aprendizaje alternativo. Mientras que las escuelas privadas han podido continuar sus estudios de manera más constante gracias a mejores recursos tecnológicos, los estudiantes del sector público se han visto obligados a enfrentar una educación interrumpida y con menos opciones de aprendizaje. Esta disparidad refleja las desigualdades dentro del sistema educativo panameño, donde el acceso a las herramientas digitales sigue siendo un lujo para muchos.
Otro factor agravante que indica Castrellón es la disparidad en la cantidad de horas de clase. Los estudiantes de escuelas privadas reciben al menos siete horas de clase al día, mientras que en las escuelas oficiales el tiempo de instrucción se reduce a solo cuatro horas y media.
Castrellón afirma que esta diferencia en la cantidad de tiempo dedicado a la enseñanza es una de las principales razones por las que los estudiantes del sector público no alcanzan el mismo nivel académico que sus compañeros en el sector privado.
Además, las clases en las escuelas oficiales son más cortas. Mientras que en las privadas las clases pueden durar entre 45 y 60 minutos, en las públicas los estudiantes más grandes tienen clases de solo 37 minutos. Esta brecha no solo afecta la cantidad de contenido cubierto, sino también la calidad de la enseñanza, ya que los docentes tienen menos tiempo para abordar los temas de manera adecuada.
Años irregulares
El panorama se complica aún más por el contexto de movilizaciones sociales. En los últimos cinco años, los estudiantes del sector oficial solo han tenido un año escolar regular: 2024. En 2020 y 2021, las escuelas estuvieron cerradas debido a la pandemia, y las clases se impartieron de manera virtual, lo que representó un desafío enorme. En 2022 y 2023, las huelgas y paros docentes interrumpieron nuevamente el calendario escolar, y en 2025, el paro magisterial ha detenido el proceso educativo, dejando a los estudiantes aún más rezagados.
Las protestas sociales de 2022, que incluyeron gremios docentes, sindicatos, pueblos indígenas y otros sectores, fueron impulsadas por el alto costo de la vida, el aumento en los precios del combustible, la corrupción y la falta de transparencia.
En 2023, las movilizaciones se intensificaron después de la aprobación del contrato minero con la empresa canadiense First Quantum Minerals para explotar la mina Cobre Panamá.
En 2025, las protestas continúan, con dirigentes que exigen la derogación de la Ley 462, que reformó las pensiones de la CSS. Esta situación ha dejado a los estudiantes atrapados en un conflicto que está afectando su derecho a una educación de calidad.
La posición de los docentes
Fernando Ábrego, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, afirmó que los docentes seguirán en las calles hasta que se derogue la Ley 462 de marzo de 2025, que consideran perjudicial para la población panameña.
Ábrego manifestó que la protesta no solo representa a los gremios docentes, sino también a la clase trabajadora y sus familias, quienes se sienten directamente afectados. Según el dirigente, la protesta ha sido respaldada por padres de familia y estudiantes que se han unido a las demandas.
El dirigente subrayó que la lucha no es por una reforma de la ley, sino por su derogación total. “Queremos que se mantenga la Ley 51, y a partir de ahí, podemos discutir en los próximos dos o tres meses una nueva legislación que realmente represente los intereses de la mayoría”, explicó.
Por su parte, en su conferencia semanal, el presidente José Raúl Mulino reiteró que la derogación de la Ley 462 no es competencia del Ejecutivo, sino de la Asamblea Nacional, que la aprobó con 48 votos. Reconoció que el texto final no es idéntico al proyecto original del Ejecutivo, pero defendió que “se puede vivir con ella” y que su aplicación ya comenzó en la CSS. A su juicio, las críticas provienen, en gran medida, de sectores políticos que “buscan generar inestabilidad”.
La crisis educativa en Panamá es un problema complejo que requiere soluciones urgentes. Aunque las protestas y las huelgas son una manifestación legítima de descontento, el impacto en los estudiantes no puede seguir ignorándose.
La educación es un derecho fundamental que no debe verse comprometido por los conflictos políticos o sociales. Es necesario que tanto el gobierno como los educadores trabajen juntos para encontrar una solución que permita recuperar el tiempo perdido, garantizar la calidad educativa y ofrecer a todos los estudiantes las mismas oportunidades de éxito, sin importar su situación socioeconómica.
