El lunes 23 de junio debería comenzar el segundo trimestre, pero los docentes aún siguen en las calles exigiendo la derogación de la Ley 462, que modificó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS).
Ante este escenario, el presidente de la República, José Raúl Mulino, advirtió que el próximo lunes evaluará la situación educativa junto a la ministra Lucy Molinar para adoptar decisiones clave, pues la dirigencia magisterial “se tiró” el primer trimestre de este año escolar y deberá afrontar las consecuencias.
En palabras de Mulino, en la reunión del lunes buscarán tomar decisiones para no seguir afectando la educación panameña. Señaló que “estos señores, a quienes la Ley 462 no toca ni les quita ningún privilegio, como su jubilación, que está garantizada mucho antes que la de cualquier otro ciudadano, deben entender que por razones politiqueras e ideológicas no pueden seguir afectando al país ni provocar más daños”. Agregó que la dirigencia magisterial “se tiró” el primer trimestre del sector oficial y que quienes promovieron esta debacle deberán asumir las consecuencias.
Por otro lado, el presidente agradeció a los docentes que asistieron a clases y reiteró que aquellos que no trabajen no recibirán salario en la próxima quincena, enfatizando que el gobierno no financiará paros laborales con fondos públicos.
El presidente Mulino habla sobre los paros en el país.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/aoHcZmGIt4
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 19, 2025
De hecho, la ministra de Educación, comenzando esta semana, reconoció que el año escolar podría perderse si los docentes no se reincorporan el 23 de junio, cuando se cumplirán dos meses de paralización.
“Tenemos que asegurarnos de que cada niño tenga en su aula un docente. Es nuestra responsabilidad y debemos hacerla cumplir”, señaló Molinar. Agregó que se esperaba que primara la conciencia, pero, ante la falta de avances, el gobierno deberá intervenir.
“A partir del lunes ya tenemos que comenzar a tomar medidas, algo que no queremos hacer. Hubiésemos querido que la conciencia imperara, pero nos toca actuar”, manifestó la titular del Meduca.
Molinar fue enfática al afirmar que “a partir del lunes entra en peligro el año escolar”, haciendo un llamado a retomar las clases para evitar un mayor impacto en el calendario académico y en el derecho de los estudiantes a una educación continua.
Los docentes han continuado en las calles a pesar de que un grupo de 17 mil no está cobrando, medida adoptada por la Contraloría General de la República debido a que no están trabajando.
En una entrevista con La Prensa, el contralor general Anel Flores adelantó una de las decisiones más controversiales: más de 30 mil docentes no recibirán salario en la próxima quincena.
La medida, sin precedentes en su escala, es el resultado de una extensa auditoría que busca frenar el pago de salarios a docentes del sector oficial que no han asistido a sus puestos de trabajo, en medio de una paralización que mantiene al sistema educativo al borde del colapso.
“Hoy son más de 17 mil, pero en la próxima quincena serán más de 30 mil los docentes que no cobrarán”, señaló Flores en la entrevista. “Este proceso no se detiene. Seguimos auditando escuela por escuela”, agregó.
A pesar del descontento de los gremios magisteriales, Flores expresó que es una obligación legal. “No se puede pagar por un trabajo que no se ha hecho. Y la ley me prohíbe malgastar fondos públicos”, explicó. “El que no trabaja, no cobra”, remarcó.
Luis Sánchez, dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), reafirmó que el movimiento no dará un paso atrás.
Denunció la represión, rechazó los intentos de deslegitimar la huelga y aseguró que “ni las balas, ni las campañas sucias, ni el silencio de las autoridades detendrán esta lucha”.
“Ahora quieren callarnos con balas, pero no lo lograrán. Donde cae un soldado, se levantan cien. No podemos abandonar la lucha tras 57 días”, expresó Sánchez, ante decenas de docentes que han resistido sin salario desde el inicio del paro.
Aseguró que, pese a la presión oficial, no cederán ni negociarán hasta que se derogue la Ley 462, que modifica el régimen de jubilaciones de la CSS.
Por su parte, el dirigente magisterial Humberto Montero manifestó que, de manera responsable, lo que buscan es establecer un diálogo con las autoridades del gobierno para encontrar una solución a la situación actual.
Reiteró que, como dirigencia magisterial, han intentado en varias ocasiones acercarse para plantear su posición. Aseguró que lo han hecho porque tienen la voluntad de dialogar y esperan que el gobierno también la tenga.
“Lo que no aceptamos son amenazas. ¿Por qué recurrir a ellas si estamos dispuestos a sentarnos, conversar, escuchar y entender lo que el gobierno propone?”, cuestionó.
Montero recordó que ya se han reunido con representantes del Ejecutivo, pero enfatizó que las decisiones no deben imponerse, sino alcanzarse mediante el consenso entre las partes.
El próximo 23 de junio se perfila como una fecha clave para el futuro del año escolar en Panamá. Con la continuidad del paro magisterial y la firme postura del gobierno de no permitir más afectaciones al calendario académico, las autoridades y los docentes deberán buscar un punto de encuentro urgente.
