El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), mediante el Decreto Ejecutivo No. 28 del 20 de agosto de 2024, prorrogó por seis meses el Decreto No. 3 del 14 de febrero de 2023, que fija un precio de referencia tope para medicamentos y adopta otras medidas. Este decreto establece un precio 30% menor al registrado en cada farmacia al 30 de junio de 2022.
La Unión de Propietarios de Farmacia (Unprofa) rechaza esta extensión, argumentando que, en lugar de resolver el desabastecimiento de medicamentos, podría agravar la crisis de abastecimiento sin solucionar el alto costo de los medicamentos.
Aquí el Decreto Ejecutivo No. 28 del 20 de agosto de 2024:
Adjuntos
GacetaNo_30100_20240820.pdfEl presidente de Unprofa, Orlando Pérez, indicó que el desabastecimiento provocado por esta medida no solo ha afectado a las pequeñas farmacias, que son pilares en la atención comunitaria, sino que también ha tenido un impacto negativo en la salud de los pacientes.
Pérez subrayó que es preocupante que la promulgación de este decreto en la Gaceta Oficial se haya realizado sin un proceso de consulta con las partes interesadas, incluidas las pequeñas farmacias, distribuidores, fabricantes y pacientes.
La falta de diálogo y de atención a las opiniones y preocupaciones de quienes están en primera línea de esta crisis limita las posibilidades de encontrar soluciones sostenibles y efectivas, insistió.
Unprofa ha hecho un llamado a las autoridades para establecer un canal de comunicación continuo con todos los sectores involucrados, incluidas farmacias, distribuidoras, farmacéuticas y organizaciones de salud, con el fin de asegurar que las decisiones tomadas respondan a las realidades y necesidades de los pacientes.
Esta medida provocó, en los primeros seis meses de 2022, el cierre de 30 farmacias en el país, dejando a más de 100 personas sin empleo directo y a 50 de forma indirecta, según datos de Unprofa.
La Mesa Técnica de Medicamentos, presidida por el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, recomendó esta medida al expresidente Laurentino Cortizo, estableciendo el descuento del 30% en unas 170 moléculas.
La reducción del 30% se basa en el artículo 106 de la Ley 1 del 10 de enero de 2001, sobre medicamentos, que establece que “el Ejecutivo podrá poner precio de referencia tope a los medicamentos, a fin de preservar el interés superior del consumidor, en circunstancias en que el comportamiento de los precios en el mercado nacional no guarde relación con los precios de dichos productos o sus similares a nivel internacional”.
Dos años de la medida
Aunque la medida de descuento del 30% en medicamentos fue adoptada en 2022, los pacientes siguen enfrentando altos precios y desabastecimiento de medicinas en las instalaciones de salud.
La semana pasada, la licitación que llevaba adelante la Caja de Seguro Social (CSS) para la compra de fármacos fue suspendida por la entidad.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, solicitó en su cuenta X al director de la CSS, Enrique Lau Cortés, que suspendiera la licitación para la adquisición de medicamentos por un total de $146,630,367.67, que estaba programada para el miércoles 14 de agosto.
Esta licitación, autorizada mediante el Decreto Ejecutivo Nº 33 del 15 de mayo de 2024, comenzó durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024).
Según el decreto, el 31 de enero de este año, la CSS solicitó al Ministerio de Salud (Minsa) realizar una compra estatal de 226 medicamentos para prevenir la escasez.
Mulino afirmó en un tuit que, si no se pudo abastecer en cinco años, no se logrará repitiendo los mismos procesos, mientras los pacientes esperan una solución efectiva a la falta y al alto costo de las medicinas.
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