Los gremios magisteriales que se mantienen en paro de labores acordaron, este sábado 10 de mayo, durante una reunión general en la sede de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), en la provincia de Veraguas, reiterar su posición de que se derogue la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS). A esta exigencia se sumó ahora la solicitud de renuncia de la ministra de Educación, Lucy Molinar.
Alberto Díaz, del Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá (Asomogrerp), declaró que los 23 gremios magisteriales que conforman el movimiento mantienen su posición de “resistencia popular” y continuarán en las calles protestando hasta que el Ejecutivo derogue la Ley 462.
El dirigente señaló que “nadie ha solicitado una mesa de diálogo, ni al presidente José Raúl Mulino, ni a la ministra de Educación, Lucy Molinar; al menos, no desde el sector docente que inició el paro el pasado 23 de abril”, indicó.
Díaz manifestó en conferencia de prensa, junto a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Pueblos Originarios, que el Memorando de Entendimiento firmado entre Estados Unidos y Panamá debe ser anulado y dejado sin efecto. Asimismo, mantienen su postura de rechazo a la reapertura de la mina, y en cuanto a los embalses del río Indio, proponen desviar el río Bayano para los fines que tiene el Canal de Panamá.
A su vez, los educadores denunciaron actos de represión por parte de la Policía Nacional, cuando el pasado viernes 9 de mayo se lanzaron gases lacrimógenos contra manifestantes que realizaban un mitin en la ciudad de Santiago. En dicha acción resultaron afectados adultos mayores, niños y personas con discapacidad que se encontraban en los alrededores de la protesta.
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Los docentes también señalaron que no aceptarán ningún tipo de descuento a ningún educador y que las protestas continuarán.
Con respecto a este tema, la viceministra de Educación, Agnes de Cotes, afirmó el pasado viernes —durante un recorrido por la escuela República de Venezuela— que los directores ya están enviando la lista de quiénes están trabajando. Esta información sigue un proceso administrativo en el Ministerio de Educación (Meduca) hasta llegar a la Contraloría General de la República, que será la encargada de evaluar los posibles descuentos salariales.
De Cotes enfatizó que los docentes tienen derecho a disentir, pero no a suspender su labor educativa, y recordó su compromiso ético y profesional con los estudiantes.
El Meduca reitera que el derecho a la educación es constitucional y hace un llamado a los docentes y padres de familia para retomar la actividad escolar, señalando que todas las escuelas están abiertas, aunque con distintos niveles de asistencia.
Hasta el momento, según reportes entregados al Meduca, la huelga docente ha tenido afectaciones más notorias en las provincias de Bocas del Toro, Colón y Veraguas. No obstante, se reconoce que cualquier niño fuera del aula representa una pérdida educativa.
En cuanto a la solicitud de los gremios magisteriales sobre la renuncia de Molinar, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Meduca.
