Otro revés sufre la licitación de la Caja de Seguro Social para el “servicio de hemodiálisis y suministro de kits de hemodiálisis, así como el diseño, construcción y habilitación de unidades de hemodiálisis, según especificaciones técnicas”, cuyo precio de referencia era de $180.8 millones. El 24 de junio, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) admitió una acción de reclamo contra el informe de la Comisión Verificadora, publicado el 12 de junio, que recomendaba adjudicar el contrato al Consorcio Damos Vida, integrado por DaVita y Sintec por un precio de $178.2 millones.
La acción de reclamo fue presentada por el Consorcio PMC-PM (Promed Medical Care, S.A. y Promoción Médica, S.A.), el cual ofreció $190.4 millones, $9.6 millones por encima del precio de referencia establecido en el acto público. Además, Promed, S.A. mantiene actualmente el contrato con la CSS.
En el reclamo, el Consorcio PMC-PM indica que la Comisión Verificadora no consideró sus observaciones sobre los vicios de ilegalidad, omitiendo la transparencia, responsabilidad y estricta legalidad de acuerdo con los postulados que rigen la función administrativa, artículo 25 del Texto Único de la Ley 22 de 2006 que regula la Contratación Pública.
Además, que después de tres meses, la CSS publicó un nuevo pliego de cargos donde modificó los requisitos para el gerente del proyecto y el listado del personal de la construcción, así como nuevas condiciones para la autorización del fabricante y la formalidad de los certificados presentados.
El consorcio reclamante fundamentó su posición en 22 puntos, con el objetivo de solicitar la cancelación de la licitación, argumentando la presencia de vicios de ilegalidad que impiden a la comisión recomendar la adjudicación, basándose en criterios contrarios a la legislación vigente y destinados a favorecer a un proponente.
La Comisión Verificadora, que seleccionó al Consorcio Damos Vida, debió ser recientemente conformada después de que la Dirección de Contrataciones solicitara un nuevo perfil de miembros, dado que la mayoría eran empleados idóneos de la CSS.
La justificación de la entidad publicada en Panamá Compra indicaba que “debido al listado de balotaje de los posibles miembros para la Comisión Verificadora, que en su mayoría incluía personal idóneo de la CSS, y dado que este error ya fue corregido, procedemos a reemplazar el listado”.
Los integrantes de la comisión fueron: el nefrólogo de la CSS Carlos Viggiano, el abogado de la CSS Juan Pablo Iglesias, el biomédico de la CSS Daniel Salamanca, el arquitecto del Ministerio de Obras Públicas Ángel Javier Rángel Valdés, la financista de la Universidad Tecnológica de Panamá Elinda Pombo, la ingeniera en sistemas de la Caja de Ahorros Natasha Sofía Bonilla y la financista del Cuerpo de Bomberos de Panamá Heredia Woo.
‘No somos cifras, somos pacientes’
Mientras el proceso administrativo se estanca, Alonso Rodríguez, presidente del Grupo de Pacientes de Diálisis (Grupadi), expresó su consternación por la postergación de este acto público: “Siguen jugando con nuestras vidas, necesitamos estos nuevos equipos y salas”.
Con estas nuevas máquinas, que se obtendrán si se adjudica la licitación y no se sigue dilatando en detrimento de los pacientes, se podrán atender aproximadamente a 800 pacientes más, en comparación con los 2 mil 200 pacientes que actualmente atiende la entidad de salud, manifestó.
“Es hora de un cambio, por más de 20 años solo una empresa ha brindado el servicio y no ha sido óptimo. Se han utilizado los mismos equipos e insumos que, con el tiempo, han disminuido en calidad. Nos merecemos mejores materiales, nuevas tecnologías y mejores oportunidades. Esto no es un juego ni un tema que podamos seguir posponiendo; es una cuestión de vida o muerte”, señaló Rodríguez.
Este grupo de pacientes de hemodiálisis se encuentra desamparado, por lo que hicieron un llamado a los directivos de la compañía que sigue dilatando la licitación para que de una vez por todas desistan de sus intereses y consideren que los afectados por insuficiencia renal son seres humanos no desechables, que merecen y tienen todo el derecho de tener una mejor vida.