Las sanciones salariales impuestas a más de 20,000 educadores de Panamá fueron calificadas como “inadmisibles e inaceptables” por el dirigente del Frente Nacional de Educadores Independientes, Humberto Montero.
Montero subrayó que las acciones del contralor, Anel Flores, son “totalmente ilegales”, y alertó sobre el grave impacto económico que esta medida tendrá en las familias de los educadores. “Nosotros tenemos la razón”, agregó, indicando que las autoridades deben garantizar el pago de los salarios.
Ante esta situación, los gremios magisteriales han decidido emprender acciones legales. El pasado viernes, los abogados de las organizaciones docentes presentaron un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, exigiendo que se reviertan las sanciones y se asegure el pago correspondiente.
“Le mandamos un mensaje a los magistrados y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia: deben ver la posibilidad de que esto se caiga”, expresó Montero, confiado en que la Corte actuará a favor de los educadores.
El impacto del paro en la educación
Hoy se cumplen 43 días de paro indefinido por parte de los gremios docentes de Panamá, sin que haya señales claras de solución al conflicto.
La protesta, centrada en el rechazo a la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), mantiene a miles de estudiantes sin clases, profundizando una crisis educativa histórica con graves consecuencias tanto a nivel social como económico.
La ministra de Educación, Lucy Molinar, ha hecho reiterados llamados a la paz, instando a los educadores a retomar las aulas. En sus declaraciones, pidió que todos los sectores se comprometan a “volver a la normalidad” y propuso un “pacto por la paz del país”.
Sin embargo, advirtió que persiste un clima de desinformación que alimenta el conflicto, señalando que las acciones actuales no contribuyen a la construcción de un futuro común. “Al final, aquí vivimos todos y este país nos pertenece a todos”, subrayó con énfasis.
Por su parte, Montero defendió la postura de los educadores, destacando que el paro indefinido mantiene un apoyo del 90 % en los llamados “bastiones de lucha”.También señaló que, aunque algunos docentes han mostrado reticencia a continuar con la huelga, son adultos capacitados para decidir si regresar o no a las aulas.
En este sentido, desmintió los rumores de que los dirigentes estén presionando a los educadores para que se sumen a la protesta: “Ningún dirigente amenaza a ningún docente para que se adhiera al paro”, recalcó.
No hay diálogo con la ministra
En cuanto a un posible diálogo con la ministra de Educación, Montero dejó claro que no existe intención de negociar con ella, ya que considera que la responsable de la Ley 462 no es la ministra, sino el presidente de la República.
Según explicó, cualquier acercamiento con las autoridades del Ministerio de Educación solo se dará después de que la ley sea derogada, puesto que esta es la causa principal de la huelga.
De acuerdo con un estudio de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fundespa) y Jóvenes Unidos por la Educación, entre 2020 y 2025 los estudiantes del sistema público habrán perdido cerca de 550 días de clases presenciales, un récord negativo que coloca a Panamá entre las posiciones más críticas a nivel mundial en cuanto a interrupciones educativas.
Más de 800,000 jóvenes están directamente afectados por esta situación, lo que podría comprometer gravemente su futuro académico, laboral y social.
La lucha de los educadores panameños continúa, y su postura sigue firme en exigir la derogación de la Ley 462 y el respeto a sus derechos laborales.
Mientras tanto, el país sigue a la espera de una solución a este conflicto, que continúa perjudicando a la educación y a la sociedad en general.
