La crisis educativa en Panamá ha llegado a uno de sus momentos más críticos. Desde el inicio del segundo trimestre del año escolar 2025, este 23 de junio, miles de estudiantes siguen sin clases debido al paro docente indefinido que ya supera los dos meses. La huelga, motivada principalmente por el rechazo a la Ley 462, ha paralizado una parte significativa del sistema educativo nacional.
Dicha ley, aprobada en marzo, introdujo reformas al sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS). Los gremios docentes aseguran que la normativa vulnera derechos adquiridos y pone en riesgo su estabilidad económica futura. En contraste, el Gobierno sostiene que los beneficios de los educadores no se verán afectados.
Frente a este escenario, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que evaluará, junto con la ministra de Educación, Lucy Molinar, las decisiones necesarias para resolver la situación.
En declaraciones públicas, Mulino responsabilizó a la dirigencia magisterial de haber “tirado” el primer trimestre escolar, y los culpó de las consecuencias negativas que esta huelga ha provocado en el sistema educativo.
El presidente Mulino habla sobre los paros en el país.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/aoHcZmGIt4
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 19, 2025
El mandatario reiteró que la Ley 462 no afecta los beneficios de los docentes, especialmente en lo relacionado con sus jubilaciones, las cuales —según indicó— están garantizadas desde mucho antes que las del resto de la población panameña. Mulino sostuvo que los intereses políticos e ideológicos no deben imponerse sobre el bienestar colectivo, y subrayó que el paro docente debe cesar de inmediato.
Advertencia del Meduca
Por su parte, la ministra de Educación, lanzó una advertencia directa a los educadores: aquellos docentes que no se presenten al inicio del segundo trimestre serán reemplazados. Así lo declaró el 21 de junio, durante la final de los Juegos Intercolegiales 2025, donde también reconoció que esta no es la solución ideal, pero insistió en que quienes decidan no retornar a sus puestos deberán afrontar las consecuencias.
Molinar enfatizó que el derecho a la educación de los estudiantes debe estar por encima de cualquier diferencia política o ideológica. En sus palabras, la paciencia del Gobierno ha llegado a su límite. “Es momento de defender el derecho de nuestros estudiantes a una educación de calidad”, afirmó con firmeza.
El paro ha tenido un impacto profundo en distintas regiones del país. Se estima que la pérdida de un trimestre completo de clases ha generado gran preocupación entre padres de familia, estudiantes y autoridades locales. Aunque algunos docentes han retomado sus funciones, un número significativo continúa en huelga, dejando a miles de niños y adolescentes sin acceso al aula.
Escuelas cerradas y falta de información
Hasta la fecha, el Ministerio de Educación (Meduca) no ha publicado cifras oficiales detalladas sobre la cantidad exacta de escuelas afectadas por la huelga. Sin embargo, el presidente Mulino mencionó que aproximadamente el 30 % de los centros escolares en el país sigue sin operar, lo que representaría alrededor de 930 escuelas de las 3,102 existentes en el país.
La ausencia de información oficial actualizada ha generado críticas sobre la falta de transparencia por parte de las autoridades educativas. Diversos sectores han reclamado una mayor claridad sobre el alcance del paro y sobre las medidas que el Ejecutivo piensa implementar.
Molinar reiteró que aquellos docentes que regresen a sus puestos serán bien recibidos, pero advirtió que quienes se mantengan en huelga y participen en actividades de carácter político deberán asumir las consecuencias legales y administrativas que eso conlleva.
La posición de los gremios
A pesar de la presión ejercida desde el Gobierno, los gremios docentes insisten en mantener el paro indefinido. Aunque han existido intentos de diálogo con asesores del Ejecutivo, representantes del sector empresarial y de la Iglesia católica, el magisterio considera inaceptable la permanencia de la Ley 462 y exige su derogación o modificación sustancial.
Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, expresó que el gremio está dispuesto a dialogar, pero acusó al Gobierno de actuar con poca voluntad política. “No hay disposición para modificar la ley, y así es difícil avanzar en una solución negociada”, declaró.
Ábrego también alertó sobre la creciente polarización política alentada desde el Ejecutivo. Según el dirigente, esta actitud podría conducir al país a una crisis más profunda. Insistió en que el diálogo debe ser el mecanismo principal para resolver el conflicto, y aseguró que su postura cuenta con el respaldo de distintos sectores de la sociedad, incluyendo empresarios y diputados.
Cuestionamientos legales por las sanciones
Humberto Montero, dirigente del Frente Nacional de Educadores Independientes, también se pronunció sobre las medidas del Gobierno, calificándolas de ilegales. Según explicó, decisiones como la retención de salarios o el intento de reemplazar a los docentes en paro exceden las facultades tanto del Ministerio de Educación como de la Contraloría General de la República.
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“El derecho a la huelga está protegido por la Constitución panameña. No se puede sustituir a los docentes sin un proceso legal válido”, subrayó Montero. Afirmó que cualquier medida tomada sin un procedimiento formal constituye un acto arbitrario y carente de sustento legal.
Asimismo, criticó enérgicamente los comentarios del presidente Mulino y otros funcionarios, quienes han calificado a los docentes como “vagos” y han dicho que deben seguir marchando hasta que “se les rompan los zapatos”. Según Montero, estas expresiones no solo descalifican la labor del educador, sino que ignoran completamente las propuestas presentadas por los gremios y el trasfondo social de su lucha.
Además, desmintió los señalamientos de que la huelga esté siendo financiada por grupos externos. “Nuestra lucha es genuinamente social. No hay agendas ocultas ni intereses externos. La crisis actual es consecuencia directa de las decisiones equivocadas del Gobierno”, aseguró.
Disposición al diálogo y un futuro incierto
Pese al ambiente de confrontación, los líderes gremiales mantienen su disposición al diálogo. Aseguran que han intentado en múltiples ocasiones establecer puentes con las autoridades, la empresa privada y otros actores relevantes para encontrar una solución viable al conflicto.
“No estamos en las calles por capricho. Es el Gobierno el que ha cerrado la puerta a un diálogo sincero. La Ley 462 no solo perjudica a los docentes, sino también a miles de trabajadores que merecen condiciones de retiro justas y dignas. Estamos defendiendo el futuro de la educación en Panamá”, concluyeron.
Con las escuelas cerradas, el calendario escolar alterado y las posturas cada vez más polarizadas, la incertidumbre persiste. Mientras no se logre un acuerdo entre las partes, miles de estudiantes seguirán siendo los principales afectados de este prolongado conflicto.
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Datos clave de la noticia :
Dos meses sin clases. El paro docente indefinido ha dejado a miles de estudiantes sin clases desde abril, afectando todo un trimestre escolar.
Rechazo a la Ley 462. La principal demanda de los gremios es la derogación o modificación de esta ley, que reformó el sistema de jubilaciones de la CSS.
Amenaza de reemplazo. El Gobierno advirtió que los docentes que no regresen a las aulas serán reemplazados, aunque no hay datos oficiales actualizados sobre el número de escuelas afectadas.
Falta de diálogo efectivo. Los educadores insisten en que han buscado diálogo, pero acusan al Ejecutivo de no mostrar voluntad política para resolver el conflicto.
