La situación en Panamá continúa escalando con los paros en los sectores de la construcción y la educación, creando un ambiente de tensión que afecta a toda la sociedad. Frente a esta situación, la ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció la suspensión de clases en todo el país y para todas las escuelas para la jornada de este lunes y en función de cómo se desarrollen los hechos decidirá qué procede.
A través de un comunicado, la entidad dijo que la medida se adopta ante el anuncio del Suntracs y grupos afines de que cerrarán calles, “lo que podría generar riesgos para la comunidad educativa y su llegada segura a las escuelas”.
“Esta no es una decisión ni fácil, ni cómoda, ni justa. Porque para nosotros la defensa de cada día, de cada minuto de formación de nuestros estudiantes es prioridad”, afirmó Molinar, en rueda de prensa.
La ministra aprovechó el momento para hacer un llamado a la reflexión: “En una democracia hay mecanismos para debatir, para discutir, hay derecho a no estar de acuerdo, hay espacios para hacer propuestas, para plantear alternativas”. No sé qué se resuelve creando caos, agregó.
Hoy, lunes 28 de abril de 2025, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) se suma al paro, mientras que los gremios docentes, que comenzaron una huelga indefinida el miércoles 23 de abril, aseguraron que mantendrán sus protestas en rechazo a las recientes reformas del gobierno, especialmente en relación con la Ley 462, que modifica la Caja de Seguro Social (CSS), y el sistema de pensiones.
Sobre la paralización docente, Molinar remarcó que docentes que quieren dar clases han sido acosados y amenazados. “Sí, hubo amenazas, hubo acoso, hubo amedrentamiento, hubo unas condiciones de verdad penosas, que no deben darse ni entre educadores, ni en el sistema educativo [...] Hay miedo”.
Frente a la paralización del sector obrero a partir de hoy, el 27 de abril, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) emitió un comunicado en el que advirtió a los sindicatos convocantes que no siguieron los procedimientos legales establecidos en el Código de Trabajo.
Según la legislación vigente, cualquier huelga debe ser precedida por una conciliación formal entre las partes involucradas, algo que no ha ocurrido en este caso.
Esto, según el Mitradel, convierte el paro en una simple paralización de labores, lo que podría acarrear sanciones graves para los trabajadores participantes, que van desde la suspensión de salarios hasta el despido por abandono del trabajo.
Este llamado de atención por parte del gobierno se suma a las tensiones ya existentes, ya que el paro en la construcción no solo afecta la productividad del país, sino que también ha generado preocupación porque otros sectores sindicales podrían unirse a la protesta.
El gobierno advirtió que se tomarían medidas firmes si no se regresa a la normalidad laboral, mientras que los sindicatos han acusado al Ejecutivo de ignorar las demandas de los trabajadores y de no cumplir con los acuerdos previamente establecidos.
Gremios docentes en paro indefinido
La protesta de los gremios docentes comenzó en rechazo a la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social, y que los sindicatos consideran perjudicial para el bienestar de los trabajadores y sus derechos a la seguridad social.
Los gremios docentes, incluidos los del Frente de Educadores Independientes y la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), han afirmado que no levantarán la huelga hasta que el gobierno derogue esta ley.
Humberto Montero, vocero del Frente de Educadores Independientes, ha declarado que los primeros días de la huelga han sido “satisfactorios” y que se espera que con el tiempo el movimiento gane más fuerza con la incorporación de otros sectores sociales y sindicales.
Sin embargo, no todos los docentes están de acuerdo con el paro. Algunos siguen asistiendo a clases por miedo a represalias, mientras que otros, según Montero, continúan luchando con la esperanza de lograr un cambio significativo.
En cuanto a la respuesta del gobierno, el presidente José Raúl Mulino no dudó en emitir una postura firme, calificando la huelga de “caprichosa” y advirtiendo a los docentes que “el que no trabaja, no cobra”.
Mulino expresó que el gobierno no puede permitirse que los estudiantes de las escuelas públicas sigan perdiendo días de clases, lo que, según él, aumenta la desigualdad educativa entre los estudiantes de las escuelas públicas y las privadas. “Nuestros estudiantes de escuelas públicas están años luz detrás de los estudiantes de escuelas privadas”, destacó el presidente en una rueda de prensa.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) también expresó su preocupación. A través de un comunicado, calificó las huelgas convocadas tanto por los sindicatos de la construcción como por los gremios docentes como “irresponsables” y “destructivas”. Para el gremio empresarial, estas medidas no solo afectan la productividad del país, sino que también golpean con fuerza el sistema educativo y la estabilidad social.
La Cciap subrayó que las protestas en el sector de la construcción se basan en “falsedades”, especialmente en lo que respecta a la supuesta modificación de la edad de jubilación.
El gremio recordó que las reformas propuestas por el gobierno no afectan directamente las jubilaciones y que muchas de las demandas de los gremios ya habían sido atendidas por parte de los patronos.
En cuanto a la huelga docente, la Cámara denunció que la protesta está afectando a los estudiantes, quienes ya enfrentan importantes desafíos por la pérdida de clases durante la pandemia. “¿De verdad vamos a seguir castigando a los muchachos, los mismos que sufrieron durante la pandemia por el cierre de escuelas más prolongado de Latinoamérica?”, cuestionaron desde la Cciap.
El gobierno de Mulino ha reafirmado que no cederá a las demandas de los sindicatos, especialmente en lo que respecta a la derogación de la Ley 462.
La postura del Ejecutivo ha generado un gran malestar entre los gremios, que insisten en que la ley perjudica los derechos de los trabajadores y que el gobierno está incumpliendo los acuerdos previos.
