Continúa la controversia por la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría I de un proyecto residencial en la comunidad de La Cresta, ubicada en el corregimiento de Bella Vista, por parte del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).
La Asociación de Vecinos de La Cresta (Avelac) considera que el edificio proyectado no cumple con la normativa vigente sobre densidad permitida en la zonificación del área y, recientemente, presentó una solicitud de suspensión del EIA del proyecto.
La solicitud de suspensión recae en la Resolución DRPM-SEIA 056 del 16 de junio de 2025, mediante la cual Miambiente aprobó el EIA del proyecto denominado PH Zima La Cresta, cuyo promotor es la sociedad Zima La Cresta, S.A.
Sobre este recurso, Miambiente informó que fue recibido el 28 de julio de 2025 y que actualmente se encuentra en proceso de análisis. La entidad indicó que “la norma jurídica que rige la materia, es decir, el Decreto Ejecutivo N.° 1 de 2023, regula el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su modificación, señalando claramente que la opción de recurrir ante esta institución recae sobre los promotores de los proyectos. La comunidad que se sienta afectada dispone de la vía contencioso-administrativa”.
Miambiente explicó a La Prensa que el proceso de evaluación del EIA, llevado a cabo en la Dirección Regional de Panamá Metro, “cumplió con todos los requisitos establecidos en la legislación y con el procedimiento contemplado en ella”.
Agregó que, dado que la principal queja de la comunidad se refiere al cálculo de densidad del anteproyecto previamente aprobado por el Municipio de Panamá, no es competencia de Miambiente refutar el criterio de la entidad rectora en esta materia.
La Resolución N°15-92 del 24 de febrero de 1992, emitida por el Ministerio de Vivienda, aprobó la rezonificación y las normas de desarrollo urbano especial para La Cresta, estableciendo que la densidad neta permitida es de 300 personas por hectárea y 60 unidades de vivienda por hectárea.
Sin embargo, la Junta de Desarrollo Local (JDL) de La Cresta señala que el proyecto contempla la construcción de 59 apartamentos en un terreno de solo 3,481 metros cuadrados, es decir, menos de una hectárea.
Promotora Zima responde
La gerente de proyecto de la promotora Zima, Katherine Torres, afirmó que la empresa ha cumplido con todos los requisitos legales para la construcción del nuevo desarrollo inmobiliario en La Cresta.
Torres explicó que el EIA fue evaluado durante más de seis meses y que toda la documentación está disponible en la página web de Miambiente —sección Prefasia—, donde se registran los expedientes de este tipo de proyectos.
Entre los cuestionamientos de los residentes, abordó el tema de la servidumbre pública, asegurando que el plano topográfico demuestra que se respeta la franja correspondiente a la finca 8069, tal como lo verificó Miambiente.
En cuanto a la zonificación, indicó que la Dirección de Obras y Construcciones (DOYC) del Municipio de Panamá emitió una carta oficial confirmando que el anteproyecto se ajusta a la normativa vigente.
Torres precisó que, en la carta con fecha del 19 de febrero de 2025, el director de Obras y Construcciones, Luis Carballeda, detalló que el cálculo de densidad se realizó con base en la Resolución 32-2019 del Miviot, que indica que la infraestructura cumple con la densidad neta permitida por la zonificación.
Aseguró que la normativa permite 320 personas por hectárea, lo que, en su terreno, equivale a un máximo de 104 personas, cifra que —afirmó— será respetada.
Sobre la participación ciudadana, la gerente destacó que, aunque la ley para un EIA de categoría I solo exige una modalidad de consulta, la empresa realizó tres: encuestas, volanteo y reunión informativa. Esta última se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2024 y contó con la presencia de una socióloga para atender inquietudes, así como vecinos de Avelac y el representante de Bella Vista, César Kiamco.
Por su parte, Josef Mordok, propietario del proyecto, defendió el proceso de participación ciudadana y la aprobación del EIA, asegurando que se cumplieron todas las exigencias legales y técnicas.
“Cumplimos con la participación ciudadana y respondimos todas las inquietudes planteadas. No se trata solo de decir que no a un proyecto; hay que argumentar las razones, y esas se incluyen en el estudio”, afirmó.
El promotor señaló que, pese a que inicialmente correspondía un estudio de categoría I, se les exigieron categorías más altas, así como evaluaciones adicionales: estudio de inundabilidad por parte del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) —que concluyó que el terreno no es inundable—, estudios de tráfico y ruido, y la presencia obligatoria de un arqueólogo durante la excavación.
Asimismo, explicó que el estudio de tráfico permitió definir los accesos más adecuados al proyecto. Además que cuentan con los permisos del Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales (Idaan).
Respecto a los cuestionamientos sobre transparencia, sostuvo que “toda la información está disponible en la plataforma de Miambiente y que la aprobación del estudio fue el resultado de cumplir con cada uno de los requisitos establecidos”, concluyó.
