Una denuncia por abuso sexual en un centro de atención integral para adultos mayores está en manos del Ministerio Público, confirmó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Sin embargo, debido a la naturaleza confidencial de la investigación, las autoridades del Mides señalaron que no pueden proporcionar detalles específicos en este momento, aunque confirmaron estar al tanto de la situación.
Sobre los abusos y negligencias en los centros de atención a adultos mayores, la directora de Servicios de Protección Social del Mides, Rossana Muñis, indicó que su equipo ya trabaja en la planificación del cronograma de inspecciones para 2025. Estas visitas, que se realizan dos veces al año, forman parte de un programa integral destinado a garantizar que los centros cumplan con los estándares de calidad establecidos por la ley y ofrezcan un trato digno a los residentes.
“Quiero asegurar a la ciudadanía que estamos monitoreando de cerca este asunto y que tomaremos las medidas necesarias para garantizar la protección de nuestros adultos mayores”, expresó Muñis.
La funcionaria también destacó que las inspecciones son sorpresivas, lo que permite obtener una evaluación precisa y real de las condiciones en los centros. Durante cada visita, un equipo multidisciplinario compuesto por personal del Mides, el Ministerio de Salud (Minsa), psicólogos, gerontólogos y trabajadores sociales, se asegura de que todo esté en orden.
“Si encontramos irregularidades, damos al centro un plazo de 15 días para corregirlas. Si no se toman las medidas correctivas, podemos imponer sanciones que van desde advertencias hasta la suspensión temporal del servicio”, explicó Muñis.
Muñis subrayó que las irregularidades más comunes están relacionadas con la gestión de medicamentos, el trato a los residentes y las condiciones de infraestructura.
En cuanto al cumplimiento, agregó que se trabaja estrechamente con los centros para corregir cualquier deficiencia antes de tomar medidas más drásticas. Además, se mantiene un compromiso con la capacitación continua del personal y con un monitoreo constante para asegurar que los centros ofrezcan un servicio adecuado.
Adultos mayores en riesgo
En Panamá, los adultos mayores que dependen de cuidados en centros de atención integral enfrentan una situación de vulnerabilidad, agravada por la falta de supervisión efectiva y la ineficiencia de las autoridades encargadas de garantizar sus derechos.
Según un informe elaborado por seis organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, la falta de seguimiento ha generado denuncias de negligencia, maltrato y violaciones a los derechos humanos en diversos centros de atención. Este informe se basa en una inspección realizada el 13 de noviembre de 2024, en 11 centros de atención integral para personas mayores, de los cuales 10 están ubicados en la provincia de Panamá y uno en la provincia de Veraguas. Durante la inspección, se documentaron condiciones preocupantes que afectan la calidad de vida de los residentes.
La mayoría de los centros operan en espacios reducidos y presentan condiciones cuestionables en cuanto a higiene y seguridad. De los 11 centros visitados, solo cinco mostraron condiciones aceptables en infraestructura y servicios.
Un hallazgo importante de la inspección fue la insuficiencia de personal en la mayoría de los centros, lo que sobrecarga a los cuidadores y compromete la atención de los residentes. En algunos centros, un solo cuidador debe atender entre 8 y 10 personas mayores, lo que afecta la calidad de los cuidados. Además, la mayoría de estos centros no ofrecen servicios de geriatría, lo que obliga a los familiares a cubrir estos gastos adicionales.
El informe también destaca las restricciones en los horarios de visita, lo que dificulta el control y la supervisión por parte de los familiares. Mientras que los centros con mensualidades superiores a 1,500 dólares permiten visitas sin restricciones, aquellos con mensualidades más bajas, alrededor de 700 dólares, imponen horarios limitados, restringiendo el acceso a los familiares y dificultando su capacidad de garantizar el bienestar de sus seres queridos.
En algunos centros, las visitas están limitadas a 30 minutos, y en otros se requiere cita previa para acceder, lo que impide una supervisión adecuada. En casos extremos, como el de un hogar, las visitas solo se permiten los fines de semana, entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m.
Con respecto a los centros privados, Muñis aclaró que estos tienen la facultad de establecer sus propios horarios de visita y normas internas, dado que son entidades privadas.
