La ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que no firmará ningún finiquito de huelga, en respuesta a la solicitud hecha por los gremios magisteriales, quienes condicionaron su regreso a las aulas el próximo lunes, 7 de julio, a que se garanticen sus derechos laborales, incluyendo el pago de su salario a pesar de no impartir clases.
Molinar indicó: “Esta no es una huelga, esto es un paro unilateral. Yo no puedo firmar un finiquito de huelga porque esto no es una huelga legal”.
Añadió que “los temas por los que ellos están luchando no tienen nada que ver con la educación”.
Durante su llegada a la Expo Vocacional Futuro 360, la ministra enfatizó que no puede conceder algo que no le compete. Agregó que debe cumplir con la normativa: “Si tú no trabajas, no puedes recibir pago. Eso no se puede hacer”.
Precisamente, los gremios magisteriales, tras concluir la reunión en el Palacio Legislativo —el jueves 3 de julio— con la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional a cargo de Jorge Herrera, reiteraron que “desde hace rato están diciendo que quieren volver a las aulas y a las clases; sin embargo, no existe ninguna respuesta ante esa petición, que está respaldada incluso por la empresa privada, la Iglesia y ahora también por el Órgano Legislativo”.
Los gremios han enfatizado que el retorno a clases depende de una respuesta del Ejecutivo, al que acusan de mantener cerradas las puertas al diálogo. Han insistido en la necesidad de establecer una mesa de advenimiento que permita alcanzar un acuerdo para reactivar el sistema educativo sin atropellar los derechos adquiridos por concurso de los maestros y profesores del país.
Con respecto a las declaraciones de Molinar de no firmar un finiquito de huelga, el secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, argumentó que todas las huelgas son, por definición, acciones unilaterales de los trabajadores y que corresponde a los tribunales de justicia, no al ministerio, determinar su legalidad.
“La legalidad o no de la huelga, serán los tribunales, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que puede decidir esa situación y en su defecto la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no es la ministra la que va a determinar si es legal o ilegal, y mucho menos Bolo Flores -refiriéndose al contralor Anel Flores-”, dijo el dirigente.
Ábrego reiteró que los docentes en paro están dispuesto a regresar a las aulas el día lunes 7 de julio, siempre y cuando se garantice los derechos. Sin embargo, “si la ministra de Educación no quiere sentarse, entonces el gobierno nacional que designa a alguien que sí quiera que las clases se regularicen a partir del lunes”, indicó.
Según el dirigente magisterial “no se puede negociar con alguien que no quiere, entonces hay que sentarse con alguien que sí quiere que las clases se reinicien el lunes 7, y listo, problema resuelto”.
En tanto, Molinar manifestó que se ha solicitado en reiteradas ocasiones a los docentes que regresen a las aulas, recordando que su función principal es atender a los estudiantes.
Criticó que algunos sectores utilicen a los alumnos como instrumento de presión, señalando que se ha amenazado con no entregar notas como medida de protesta.
Sumado a esta situación, la ministra lamentó el impacto emocional que el paro ha generado en los estudiantes, indicando que el daño no solo es académico, sino también psicológico, según reportes de los gabinetes psicopedagógicos.
Con respecto al retorno a clases esta semana, el Ministerio de Educación (Meduca) informó que en varias regiones educativas se ha regresado a las aulas, como es el caso de Bocas del Toro.
La ministra reiteró a los gremios docentes en paro que no tiene competencia para negociar temas como la ley 462 de la Caja de Seguro Social, que reformó las jubilaciones en el país, y pidió a los docentes que dejen de usar a los estudiantes como rehenes de sus luchas. También, hizo un llamado a los padres de familia y a toda la sociedad a defender el derecho a la educación como una prioridad nacional.
Sobre la Ley 462, Ábrego reiteró que los gremios han presentado propuestas para modificar artículos que consideran lesivos y espera que el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)-que está actuando en calidad de mediador-actúe con responsabilidad en la discusión. Señaló que la Asamblea Nacional, la Iglesia Católica, algunos diputados y empresarios están de acuerdo con la revisión de la norma y con la firma de un acuerdo para el retorno a clases.
