La Universidad de Panamá (UP) continúa gestionando ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la aprobación de los recursos necesarios para cumplir con el pago del bono de fin de año a sus funcionarios.
El Consejo Administrativo de la institución envió una carta a la Dirección de Presupuesto de la Nación para solicitar que se reconsidere el reciente rechazo a los traslados presupuestarios requeridos para ejecutar esta gratificación anual.
“Por el momento, hemos solicitado el traspaso de 20 partidas de 299,000 dólares cada una”, explicó el rector Eduardo Flores. Sin embargo, debido a la negativa del MEF, la universidad no ha podido disponer de estos fondos, lo que genera preocupación en la comunidad universitaria sobre el cumplimiento de este pago dentro del plazo establecido.
El rector indicó que las solicitudes presentadas cumplen con los criterios de responsabilidad fiscal, legalidad y disponibilidad presupuestaria. No obstante, fueron rechazadas bajo el argumento de medidas de contención del gasto. Ante esta situación, la administración universitaria pidió que estos criterios sean reevaluados, ya que se trata de un compromiso laboral respaldado por el marco jurídico vigente.
El Consejo Administrativo recordó que el pago de esta gratificación está contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo 2024-2028, publicada en Gaceta Oficial, lo que la convierte en un derecho adquirido para los colaboradores.
Desde inicios de 2025, la UP ha impulsado varios traslados internos para reforzar la partida destinada a gratificaciones, sustentados en ahorros generados mensualmente en el renglón de Servicios Personales. Sin embargo, de todas las solicitudes, solo una fue aprobada en abril; las demás permanecieron sin respuesta por meses y finalmente fueron rechazadas a finales de junio.
“Este retraso afecta el cumplimiento de obligaciones laborales reconocidas institucional y legalmente”, señaló el rector Flores.
Además, explicó que los fondos solicitados provienen de ahorros por licencias sin sueldo, jubilaciones, renuncias y fallecimientos, por lo que no representan incrementos en el gasto ni afectan el techo presupuestario y tampoco contravienen las medidas de contención.
En la nota enviada al MEF, la UP sustenta su solicitud en el artículo 103 de la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de la UP —que garantiza su autonomía administrativa y presupuestaria—, la Convención Colectiva 2024-2028 y acuerdos del Consejo Académico que autorizaron el desembolso para la vigencia 2025.
La persistencia de estos rechazos, pese a la fundamentación técnica y jurídica presentada, genera preocupación entre la comunidad universitaria, que advierte posibles afectaciones al clima institucional, la estabilidad laboral y la confianza en el cumplimiento de la Convención Colectiva.
El MEF, hasta el momento, no ha emitido comentarios sobre la solicitud ni sobre el rechazo a los traslados presupuestarios requeridos.
