Tras más de 70 días de paro indefinido, los gremios magisteriales han expresado su disposición para regresar a las aulas, pero han dejado en claro que solo lo harán si el Ejecutivo cumple con una serie de condiciones fundamentales. Entre ellas se encuentran el pago de los salarios retenidos durante los meses de huelga y la resolución de varios puntos de conflicto relacionados con su estatus laboral.
El pasado jueves 3 de julio, dirigentes de 23 gremios docentes se reunieron con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, con el objetivo de reactivar el diálogo. Durante este encuentro, los representantes docentes solicitaron que el Legislativo actúe como mediador ante el Órgano Ejecutivo, que hasta ahora ha evitado establecer una mesa de negociación.
Entre las principales demandas de los educadores se incluyen: el retiro de cualquier intento de judicialización contra los docentes que participaron en la huelga, la eliminación del estatus de licencia sin sueldo, el restablecimiento de su condición laboral activa, y la garantía de que no habrá sanciones ni represalias administrativas o económicas. Los gremios aseguran que, a cambio, están dispuestos a recuperar el tiempo perdido durante el paro y cumplir con los contenidos académicos no impartidos.
Una de las peticiones clave de los gremios fue la creación de una Comisión de Alto Nivel para la revisión, modificación o derogación de la Ley 462, que ha generado un rechazo generalizado entre los educadores. Según los dirigentes gremiales, han estado trabajando en una propuesta para modificar 54 artículos de esta ley, que afecta principalmente al sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social.
Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), destacó: “Estamos listos para regresar, pero no sin garantías. Necesitamos un retorno seguro y con pleno respeto a nuestros derechos laborales”. Ábrego también agregó que los diputados han ofrecido actuar como puente con el Ejecutivo, que sigue manteniendo cerradas las puertas tanto del Ministerio de Educación (Meduca) como del Palacio de Las Garzas.
El respaldo y la incertidumbre
El regreso a clases ha sido una demanda constante por parte de los padres de familia, respaldada incluso por sectores de la empresa privada, la Iglesia y ahora también por el Órgano Legislativo. Sin embargo, Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, subrayó: “No podemos regresar con las manos vacías. Tenemos que volver con algo seguro, con un documento firmado que garantice el pago de nuestros salarios y el respeto a nuestros derechos”.
Mientras tanto, el paro continúa, generando incertidumbre en miles de estudiantes que siguen sin clases en todo el país. La ministra de Educación, Lucy Molinar, respondió en términos firmes, señalando: “Esta no es una huelga, esto es un paro unilateral. Yo no puedo firmar un finiquito de huelga porque esto no es una huelga legal”.
Molinar también argumentó que los temas que están en disputa no tienen relación con la educación, pues los docentes están en paro desde el 23 de julio en rechazo a la Ley 462.
La ministra agregó que debe cumplirse con la normativa: “Si no trabajas, no puedes recibir pago. Eso no se puede permitir”. Este mismo planteamiento, de que no se debe pagar a quienes no trabajen, ya había sido expresado previamente por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y por el contralor general de la República, Anel Flores.
El impacto en la educación
Este paro docente ha tenido consecuencias graves en la educación pública de Panamá, especialmente para los 800,000 estudiantes del sector oficial. Desde 2020 hasta 2025, los estudiantes han perdido casi 550 días de clases presenciales, lo que representa la interrupción educativa más larga registrada en el país y una de las más graves a nivel mundial.
Según un reciente estudio titulado Sexenio perdido: Efectos económicos y sociales de las interrupciones educativas consecutivas en Panamá, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá y Jóvenes Unidos por la Educación, esta interrupción educativa tendrá un impacto negativo a largo plazo en el futuro académico, laboral y social de los estudiantes panameños.
El estudio señala que la pérdida de clases afectará la preparación académica de las futuras generaciones y pondrá en peligro su inserción en el mercado laboral. Los efectos podrían ser devastadores, con un aumento en la desigualdad educativa y una disminución de las oportunidades para los jóvenes en el futuro.
A medida que el paro se prolonga, la presión aumenta tanto sobre el Gobierno como sobre los gremios docentes para que encuentren una solución. Los docentes han enfatizado que el regreso a clases está condicionado a una respuesta clara del Ejecutivo, a quien acusan de mantener las puertas cerradas al diálogo.
La situación sigue siendo crítica, y los estudiantes, padres de familia y la sociedad en general esperan que se logre una solución que permita retomar las clases y restablecer la normalidad en el sistema educativo. Sin un acuerdo, el futuro de la educación en Panamá sigue siendo incierto.
