El escenario para los docentes en paro indefinido desde el 23 de abril se vuelve cada vez más complejo. Además de no estar recibiendo sus salarios, ahora enfrentan el riesgo de ser reemplazados, ya que el Ministerio de Educación (Meduca) busca alternativas para salvar el año escolar, cuyo segundo trimestre comenzó el 23 de junio.
No obstante, los dirigentes gremiales han pedido a sus bases que se mantengan unidas y firmes en los puntos de protesta, denominados por ellos como “bastiones de lucha”, y que continúen luchando contra la Ley 462, que modificó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS).
Luis Sánchez, secretario nacional de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), informó que esta semana, una vez que se instale la nueva directiva de la Asamblea Nacional, presentarán una propuesta para modificar varios artículos de la ley. “Es una propuesta que hemos estado trabajando con empresarios y varias organizaciones”, expresó.
Sin embargo, aclaró que esto no significa que el 1 de julio los docentes regresarán automáticamente a las aulas. “Las protestas continúan”, sostuvo.
Sánchez pidió a la comunidad educativa que no se deje amedrentar por las medidas adoptadas por el Meduca y la Contraloría General de la República. Además, exhortó a los docentes que han entregado documentos para ser nombrados como reemplazos, bajo el Decreto Ejecutivo 17 del 24 de junio de 2025, a no prestarse para lo que calificó como “un juego del Meduca”, ya que todo ese proceso es ilegal.
Durante una conferencia de prensa realizada el sábado 28 de junio, los dirigentes magisteriales hicieron un llamado al pueblo, a los padres de familia y a las organizaciones para que brinden apoyo moral, jurídico y económico, dado que muchos educadores no están recibiendo salario durante la protesta. Esta situación es consecuencia de la decisión del contralor general, Anel Flores, de suspender el pago a los docentes que no están laborando en las escuelas.
Para la última quincena de junio, el contralor confirmó que se mantuvo la retención de salarios a unos 7,500 educadores que continúan en paro. Los gremios anunciaron que, en los próximos días, presentarán recursos de amparo y otras acciones legales contra normativas que consideran violatorias del Estado de derecho. También pidieron a la Asamblea Nacional que asuma su rol como garante constitucional.
El Decreto 17 es ilegal
Humberto Montero, dirigente magisterial y vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes, rechazó rotundamente las iniciativas del Meduca para reemplazar a los docentes en paro, calificando el Decreto 17 de “totalmente ilegal”.
Durante su intervención, Montero aclaró que, según el Decreto 203, solo existen dos concursos válidos para docentes: el concurso general, que se realiza en octubre, y el de traslado, programado para junio. Aseguró que no hay ningún otro tipo de convocatoria válida para ocupar plazas docentes, y recalcó que el Decreto 17 del 24 de junio de 2025 no menciona ni siquiera un concurso transitorio.
“Les pido a aquellos que están tratando de reemplazarnos que se detengan. El Decreto 17 es completamente ilegal. Ustedes están cayendo en una trampa, impulsados por la desesperación de un gobierno que quiere reemplazarnos a toda costa. Eso es inadmisible”, declaró Montero.
El dirigente también hizo un llamado a la comunidad educativa a no ceder ante las presiones y a mantener la unidad en la lucha por la derogación de la Ley 462, que modifica el sistema de jubilaciones de la CSS .
“Este no es solo un tema de nosotros, los educadores. Es una lucha por el futuro de la educación y por el derecho a una jubilación digna”, añadió Montero, quien también pidió a los docentes reemplazantes que no participen en el proceso ilegal de contratación bajo el Decreto 17.
Finalmente, el dirigente instó a sus compañeros a tener paciencia y esperar su oportunidad para concursar de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto 203 y la Ley Orgánica de Educación. “La lucha que estamos llevando adelante también protegerá sus derechos en el futuro”, concluyó.
En paralelo, cerca de 10 mil docentes se han presentado en las sedes regionales o en la sede central del Meduca para regularizar su estatus como docentes elegibles y entregar sus hojas de vida, como parte del proceso que impulsa la entidad para reemplazar a los educadores que se mantienen en paro.
La ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que esta respuesta masiva evidencia el compromiso de miles de docentes con la continuidad del aprendizaje. Explicó que, cuando un docente es reemplazado, se le notifica formalmente, se abre un proceso administrativo y queda suspendido temporalmente, mientras un nuevo educador asume las clases en calidad de interino. Durante ese periodo, el docente afectado puede ejercer todos los recursos legales que le permite la ley.

Molinar también reconoció que se han cometido errores en la asignación de licencias sin sueldo, lo que afectó a algunos docentes que no debieron estar en ese estatus. “Pido perdón públicamente, porque hubo personas que no debieron verse afectadas por esta situación. Ya estamos trabajando para corregirlo junto con la Contraloría”, aseguró.
En cuanto al posible regreso a clases de los docentes en paro el 1 de julio, la ministra fue enfática: “Ese es el problema cuando mezclamos educación con política. No se puede seguir castigando a los estudiantes por intereses ajenos a su derecho a aprender”.
Molinar subrayó que esta generación, afectada desde la pandemia, solo ha tenido un año completo de clases en secundaria. “No es justo seguir condenándolos a más retrasos. Eso es un error histórico que no podemos repetir”, concluyó.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, también se ha pronunciado respecto a la reforma de la Ley 462. El mandatario fue claro en su postura, afirmando que no refrendará la nueva iniciativa que se pretende discutir en la Asamblea Nacional.

“Yo no tengo que reiterar que esa ley 462, no importa los esfuerzos que quieran hacer a través de la Asamblea, no la voy a refrendar, a sancionar, hagan lo que quieran hacer ahí, no la voy a sancionar”, destacó Mulino.
En sus declaraciones, el presidente también criticó la politización del tema, agregando: “Si quieren hacer politiquería de nuevo con este tema, desde ya lo digo que no la voy a refrendar”.
Mulino subrayó la importancia histórica de la Ley de la CSS, destacando que “fue un logro de este país y así es valorado y analizado y entendido por todos en Panamá y por la comunidad internacional que observa esa ley por la importancia que tiene financiera y económicamente para el país”.