Un grupo considerable de estudiantes en Panamá continúa sin recibir clases, después de que los docentes iniciaran un paro indefinido el pasado 23 de abril en rechazo a la Ley 462, que modificó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social. Han transcurrido 78 días sin una solución concreta al conflicto, mientras que el Ministerio de Educación (Meduca) no ha logrado reemplazar a todos educadores ausentes.
A casi dos meses del inicio del paro indefinido, el Meduca no ha publicado datos oficiales precisos sobre la cantidad de educadores, estudiantes y centros escolares afectados por la medida.
Durante un webinar organizado por la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), quedó en evidencia que la principal preocupación de los docentes no es cómo se recuperará el año escolar, sino las posibles sanciones administrativas que podrían enfrentar por haber participado en la huelga.
“A mí me preocupa que podamos salvaguardar nuestros puestos de trabajo y la estabilidad laboral, pero también que logremos que la Ley 462 se revise, se reforme o se derogue. Esta lucha no termina aquí”, expresó Fernando Ábrego, secretario general de Asoprof, al dirigirse a la base docente.
Ábrego advirtió que en escuelas como el Instituto América ya se están notificando a cerca de 40 docentes por presunto abandono del puesto y violación de los derechos del menor, con base en los artículos 161 de la Ley 285 de 2022 y 204 de la Ley Orgánica de Educación. Asoprof ha respondido con recursos de reconsideración y prepara apelaciones legales en caso de que el Meduca confirme las sanciones.
“Esta lucha se trasladará a los centros educativos”, afirmó el dirigente, al referirse a la continuación del conflicto por vías legales y administrativas.
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“El gobierno está tratando de infringirnos el mayor daño posible: psicológico, económico e institucional, para que no volvamos a levantarnos frente a medidas injustas. Pero la historia está de nuestro lado”, aseguró.
Las acciones del Meduca
El Meduca anunció el domingo 6 de julio la apertura de procesos disciplinarios contra los docentes que persisten en actividades políticas relacionadas con este paro y no se reincorporan a sus funciones, en medio de una etapa crítica para el sistema educativo nacional.
“Estamos viviendo momentos cruciales para el futuro de la educación del país”, señaló la ministra de Educación, Lucy Molinar. Explicó que la postura adoptada obedece a la necesidad de devolver el sistema educativo a su misión fundamental: estar al servicio del estudiante y fortalecer su formación integral.
“Hemos invertido una década en aventuras políticas que nos distraen de la misión más importante que tiene la institución: ocuparnos del estudiante y formar mejores ciudadanos para el país”, manifestó Molinar. Por ello, el Meduca sostiene que es momento de sentar un precedente que garantice el compromiso de los docentes con la tarea educativa.
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El Meduca celebró el retorno de miles de maestros a las aulas y expresó su respaldo a los directores que necesitan contar con personal comprometido con la educación. “Todo el que ha vuelto está dando clases, y todo el que se quiera reintegrar será recibido con los brazos abiertos”, afirmó Molinar.
Sin embargo, enfatizó que aquellos que persistan en actividades políticas, en lugar de regresar a sus funciones, enfrentan procesos disciplinarios, pues es vital normalizar el sistema y priorizar el bienestar y aprendizaje de los estudiantes. “El sistema educativo tiene que estar al servicio de la educación, no de otros intereses”, concluyó.
En Panamá, los estudiantes del sector oficial han experimentado la interrupción educativa más larga registrada, con casi 550 días de clases presenciales perdidos entre 2020 y 2025. Esta situación, resultado de la pandemia de covid-19 y otras dificultades sociales y económicas, ha tenido un impacto significativo en el desarrollo académico de los jóvenes.
