La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), María del Carmen Terrientes de Benavides, presentó un escrito formal ante la Comisión de Investigación que adelanta el proceso en su contra, en el cual solicitó la nulidad absoluta del procedimiento administrativo iniciado.
Terrientes de Benavides fue citada a una entrevista como parte de una investigación ordenada por el Ministerio de Educación (Meduca) por presuntas faltas administrativas y éticas, pero sostiene que dicho proceso presenta graves vicios legales y violaciones a sus derechos fundamentales, lo que, a su juicio, invalida las actuaciones desde su origen.
En su escrito, la secretaria ejecutiva de Coneaupa expuso que el proceso disciplinario se encuentra prescrito, al haberse superado los plazos legales establecidos en la Ley 9 de 1994.
De acuerdo con el artículo 145 de dicha norma, la acción disciplinaria debe iniciarse dentro de un periodo de 30 o 60 días, según corresponda.
Sin embargo, los hechos objeto de la investigación ocurrieron en períodos anteriores, por lo que considera que cualquier actuación posterior carece de validez y constituye un acto nulo de pleno derecho.
Esta omisión, advirtió, compromete la legalidad del procedimiento y evidencia un desconocimiento de las normas que rigen el ejercicio de la función pública.
La secretaria ejecutiva también cuestionó la creación de la comisión de investigación, al considerar que su conformación contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Resolución No. 4 de 2020, que establece que el Comité de Ética es el único órgano competente para conocer y resolver los casos disciplinarios y éticos dentro del Coneaupa.
Escrito completo de Terrientes de Benavides sobre proceso en Coneaupa:
Adjuntos
GetFileAttachment (1).pdfSegún su argumento, la comisión ad hoc designada para llevar adelante la investigación usurpa competencias exclusivas del Comité de Ética, no cumple con los requisitos legales de integración y ha omitido los procedimientos y plazos establecidos para la tramitación de este tipo de procesos.
Estas irregularidades, aseguró Terrientes de Benavides, constituyen vicios de nulidad absoluta que invalidan todas las actuaciones realizadas por la comisión.
Además, denunció que la investigación ha estado marcada por la falta de transparencia, la ausencia de documentación en el expediente administrativo y la restricción de su derecho a examinar las pruebas presentadas en su contra.
También señaló que no se le formularon cargos de manera clara ni se le garantizó el derecho a asistencia técnica, lo cual vulnera principios fundamentales del debido proceso, como la contradicción y la imparcialidad, al no habérsele permitido presentar sus descargos.
Terrientes de Benavides fundamentó sus observaciones en disposiciones de la Constitución Política de la República de Panamá, la Ley 38 de 2000, la Ley 9 de 1994, la Resolución No. 4 de 2020 y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que exige la existencia de expedientes completos y debidamente motivados en todos los actos administrativos.
A su juicio, el incumplimiento de estas normas constituye una violación directa al principio de legalidad y al derecho a la defensa, pilares del sistema disciplinario en la administración pública.
La secretaria ejecutiva de Coneaupa también precisó que su superior jerárquico funcional es el Pleno del Consejo de Coneaupa, y no la ministra de Educación de manera individual.
En ese sentido, subrayó que cualquier proceso disciplinario en su contra debe emanar de una decisión formal del órgano colegiado, no de una autoridad unipersonal, y que cualquier actuación fuera de ese marco carece de competencia legal.
Decisiones de Coneaupa en revisión
Como se recordará, el Meduca ordenó el pasado 26 de septiembre la creación de una comisión para investigar una serie de decisiones tomadas en los procesos de acreditación de universidades dentro del Coneaupa.
La reunión, convocada por la ministra de Educación, Lucy Molinar, tenía como objetivo inicial separar e investigar a la secretaria ejecutiva del Coneaupa, Terrientes de Benavides.
Sin embargo, tras la presentación de varias cartas enviadas al Meduca por distintas universidades, se acordó abrir una investigación, dado que las decisiones en cuestión fueron adoptadas por el pleno del organismo.
Este medio pudo conocer que la comisión está integrada por representantes de la Asamblea Nacional, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), universidades particulares, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), y tendrá un plazo de 30 días para presentar resultados.
La Ley 52 de junio de 2015, que creó el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para la Mejora de la Educación Superior Universitaria, establece en su artículo 27 que el secretario ejecutivo y el secretario adjunto pueden ser removidos por mayoría absoluta del Coneaupa, previa evaluación de su desempeño.
El caso ha generado atención en el ámbito académico y administrativo, pues refleja tensiones dentro del Coneaupa en torno a la conducción de procesos disciplinarios y el respeto a la normativa interna.
Además, reaviva el debate sobre la importancia de garantizar el cumplimiento estricto de las leyes y la protección de los derechos de los servidores públicos frente a actuaciones que puedan considerarse arbitrarias o contrarias al debido proceso.
Hasta el momento, el Meduca no se ha pronunciado sobre este caso.
