Seguridad social: gremios docentes insisten en reformas y mantienen huelga tras 70 días de paro

Seguridad social: gremios docentes insisten en reformas y mantienen huelga tras 70 días de paro
Gremios magisteriales se reunieron con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) para analizar 52 artículos de la Ley 462 que reformó las jubilaciones en el país. Foto: Yaritza Mojica

Los gremios magisteriales y representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) se reunieron nuevamente este miércoles 2 de julio en la sede del Arzobispado de Panamá, en el marco del diálogo que sostienen con el sector empresarial. Durante el encuentro, los docentes presentaron una propuesta para modificar 52 artículos de la Ley 462, con el objetivo de alcanzar una salida negociada que garantice un retorno seguro a las aulas y, al mismo tiempo, proteja sus derechos laborales.

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El proceso de mediación, impulsado por la empresa privada con el apoyo de la Iglesia católica, busca garantizar la reactivación de las clases, tras 70 días de paro laboral que mantienen los educadores a nivel nacional desde el pasado 23 de abril, en rechazo a la Ley 462, que reformó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS).

Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), señaló que los gremios han revisado más de 200 artículos de la Ley 462 y proponen modificaciones a 52 de ellos.

Aunque los docentes no han detallado cuáles artículos buscan modificar, su propuesta implicaría reformar aproximadamente el 26% de la ley.

En el pasado se han manifestado en contra de los aspectos financieros de la reforma, la cual incluye la creación del fondo único, alimentado con los aportes del Estado, los empleadores, los trabajadores, así como los rendimientos de las inversiones.

Los educadores, junto a los trabajadores de la construcción, han reclamado volver a un sistema de reparto de beneficio definido de manera exclusiva.

Ahora han manifestado que se necesita reformar la ley recientemente aprobada para garantizar “la estabilidad de la CSS y de todos los trabajadores panameños".

“Esos artículos son fundamentales para asegurar no solo la supervivencia de la Caja de Seguro Social, sino también la estabilidad financiera de todos los trabajadores, sin importar su actividad económica”, explicó Ábrego.

Indicó que esperan concluir la discusión de los articulados este viernes 4 o sábado 5 de julio, en las reuniones sostenidas con representantes del Conep. Una vez finalizado el proceso, se espera que los empresarios presenten la propuesta al Ejecutivo.

Con respecto al llamado que hizo el presidente de la República, José Raúl Mulino, el pasado 1 de julio durante su discurso por el primer año de gestión en la Asamblea Nacional, para que los docentes regresen a las aulas, los gremios expresaron su acuerdo, aunque aclararon que dicho retorno debe ser “seguro” y sustentado en un acuerdo concreto.

“El regreso a clases debe basarse en un proceso de advenimiento que solo puede lograrse mediante el diálogo, el cual hemos estado solicitando desde el primer día”, subrayó Ábrego.

Los gremios magisteriales están solicitando una mesa de diálogo formal que incluya al Gobierno Nacional, ya que las conversaciones actuales solo se están desarrollando entre trabajadores y empresarios.

Incluso, los docentes han buscado apoyo en la nueva Asamblea Nacional, presidida desde ayer por el diputado panameñista Jorge Herrera. El dirigente de Asoprof indicó que “hasta el momento han sostenido acercamientos con diputados interesados en facilitar el regreso a clases y en revisar el contenido de la Ley 462”.

Por su parte, el presidente del Conep, Gabriel Diez, aseguró que existe voluntad por parte de los gremios docentes para retornar a las aulas, en el marco de las conversaciones que forman parte del proceso de mediación impulsado por el sector empresarial.

Diez destacó avances significativos en el diálogo, aunque señaló que algunos argumentos presentados por los educadores no pueden divulgarse públicamente, ya que aún no han sido discutidos con las autoridades gubernamentales.

“Hay puntos específicos sobre la mesa que creemos que pueden permitir avances hacia una solución al conflicto actual. Lo importante es que hay disposición al diálogo y deseo de resolver”, expresó el líder empresarial.

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Las reuniones han contado con la participación de múltiples asociaciones del sector educativo y agrupaciones sociales que han sostenido protestas durante las últimas semanas. Diez confirmó que las conversaciones continuarán en los próximos días.

En cuanto a la posición del sector empresarial, el presidente del Conep afirmó que su organización está actuando como facilitadora para lograr una mediación entre las partes, con el fin de alcanzar la paz social y el reinicio de las clases.

“Tenemos que volver a avanzar como país y hablar de los verdaderos problemas estructurales: el desempleo, la falta de oportunidades y la calidad de la educación. Ahí es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos”, puntualizó.

Consultado sobre una posible fecha para una reunión con el Ejecutivo, Diez indicó que aún no hay un calendario definido, pero insistió en que todas las partes deben actuar con responsabilidad para encontrar una salida dialogada al conflicto educativo.

Mientras tanto, los gremios magisteriales han reiterado que las protestas continúan, esta vez desde los predios de la Asamblea Nacional y en diversos puntos de concentración docente en el interior del país.

Seguridad social: gremios docentes insisten en reformas y mantienen huelga tras 70 días de paro
Miembros de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) marchó desde la plaza 5 de Mayo hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto: Alexander Arosemena.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Meduca) reiteró su llamado a los docentes para que retomen las clases, advirtiendo que la prolongación de la huelga pone en riesgo el año escolar y afecta gravemente a miles de estudiantes del sistema público.

La entidad reconoció el derecho a la manifestación, pero subrayó que el derecho a la educación también debe ser protegido, especialmente en un contexto en el que los alumnos son los principales afectados por la suspensión prolongada de clases.


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