El proyecto de ley 52,que establece el uso obligatorio de sillas de retención infantil en vehículos particulares y dicta otras disposiciones, fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.
La propuesta, presentada por la diputada independiente de la coalición Vamos, Yarelis Rodríguez, obtuvo 46 votos a favor y ninguno en contra. Ahora, el siguiente paso es que el proyecto de ley sea sancionado por el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino.
Este proyecto busca garantizar la seguridad y protección de los niños durante el transporte vehicular, mediante la implementación del uso adecuado y obligatorio de las sillas de retención infantil en todos los vehículos particulares que transporten niños menores de 135 centímetros de estatura. Sin embargo, ha generado varios comentarios y opiniones en redes sociales, con algunas críticas.
Aquí puede leer el proyecto de ley aprobado en tercer debate:
Adjuntos
Proyecto 52 Tercer Debate .pdfLa nueva legislación establece sanciones estrictas para los conductores que no cumplan con sus disposiciones. Aquellos que sean sorprendidos transportando a un niño sin la silla de retención adecuada deberán pagar una multa de $100.00, perderán 5 puntos en su licencia de conducir y estarán obligados a asistir a un curso intensivo sobre seguridad vial y el uso correcto de las sillas de retención infantil, impartido por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
El documento aprobado también establece que, si el conductor reincide y es sorprendido nuevamente transportando a un niño sin la silla de retención adecuada, la multa ascenderá a $200.00, se le restarán otros 5 puntos de su licencia y deberá asistir a una segunda capacitación obligatoria. Además, en este caso, su licencia será suspendida por un período de dos meses.
En caso de que el conductor cometa una tercera infracción o más, la multa aumentará a $500.00, con la correspondiente pérdida de 5 puntos en su licencia por cada nueva infracción. Además, deberá asistir a un curso intensivo sobre seguridad vial y el uso adecuado de las sillas de retención infantil, y su licencia será suspendida por tres meses.
Sin embargo, se aclara que esta norma no aplicará para taxis, vehículos colegiales, comerciales ni de emergencia o servicios esenciales, como ambulancias, bomberos y policía.
La diputada Rodríguez destacó que el uso de la silla de retención puede reducir hasta en un 90% las lesiones graves y hasta en un 75% las muertes infantiles.
Por su parte, Osiris Gratácos, directora de Educación Vial de la ATTT, señaló que entre 2016 y 2022 se registraron 2,086 accidentes de tránsito en los que estuvieron involucrados niños. De estos accidentes, 37 menores perdieron la vida de manera inmediata por no estar asegurados en los asientos traseros del vehículo.
Además, los datos de los últimos 15 años indican que se han registrado 10,063 accidentes de tránsito en los que han estado involucrados niños de entre 0 y 14 años de edad, con un saldo de 213 fallecidos a causa de estos siniestros.
Hasta la aprobación de esta nueva ley, Panamá no contaba con una normativa específica y rigurosa que regulase el uso de sillas de retención infantil. Sin embargo, el país sí cuenta con la Ley No. 9 de 1993, que establece la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad para todos los ocupantes de un vehículo.
Además, el Decreto Ejecutivo No. 640, emitido en 2006, establece que el conductor es responsable del vehículo y debe velar por la seguridad de sus pasajeros, pero no aborda el tema de las sillas de retención infantil.
La reciente aprobación del proyecto de ley 52 ha generado reacciones de los gremios transportistas, quienes han advertido que presentarán demandas contra la ley, argumentando que esta fue aprobada sin la debida consulta con todos los sectores sociales.
“Presentaremos las demandas correspondientes ante la instancia judicial correspondiente, como Cámara Provincial de Transporte, porque creemos que la ley es positiva, pero debe contar con la consulta ciudadana adecuada. No solo se debe pensar en los panameños de clase media o alta, sino en todos los sectores de la sociedad”, afirmó Omar López, presidente de la Cámara Provincial de Transporte de Panamá.
López denunció que la Asamblea Nacional aprobó la normativa sin realizar las consultas necesarias con los diferentes grupos del país. “No se ha tenido en cuenta a los panameños que ni siquiera tienen para echarle gasolina al vehículo. ¿Y a aquellos que tienen tres o cuatro niños? ¿Cuántas sillas podrán poner en su vehículo?”, cuestionó.
Estas declaraciones reflejan las preocupaciones de los gremios, que consideran que la ley afectará a los sectores más vulnerables de la población. Si bien el objetivo principal de la ley es aumentar la seguridad vial y reducir las muertes infantiles, la implementación efectiva de esta ley dependerá de un equilibrio adecuado entre la seguridad y la accesibilidad para todos los panameños.
En resumen, el proyecto de Ley 52, que promueve el uso obligatorio de las sillas de retención infantil en vehículos particulares, ha sido aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional. La ley cuenta con el apoyo de una amplia mayoría de los legisladores, pero aún se enfrenta a críticas de los gremios transportistas, quienes argumentan que su implementación debe ser reconsiderada para asegurar una consulta más amplia y considerar las dificultades económicas de muchos panameños. Sin embargo, el principal objetivo de la ley sigue siendo garantizar la seguridad de los niños y reducir las muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito.
El descontento en las redes sociales
Un video publicado por la diputada mostrando precios entre $30 y $70 fue el detonante de muchas críticas, a pesar de que Rodríguez afirmó que “no hay nada más valioso que la vida de un hijo”.
Uno de los comentarios en el video fue el del usuario @juansolorzano18, quien escribió en Instagram: “Tristemente está equivocada en su forma de pensar. Esto afectará al pueblo que la eligió, y este pensamiento me hace arrepentirme de haber votado por usted. Una cosa es hacer conciencia y otra exigir gastar al pueblo algo que debe quedar a la responsabilidad de cada uno. Esto solo hará que haya policías buscando más coimas y ya no se podrá dar el bote a un familiar que tenga niños, y ni se diga a los Uber o taxis”.
Otro usuario, en la red social Instagram @noahlopez799, agregó: “Hay tantas leyes que aún se necesitan, por ejemplo, mejorar la educación y las condiciones de las escuelas. También es necesario que se refuercen las sanciones para quienes no paguen la cuota obrero-patronal, con penas que podrían llegar hasta 10 años, entre otras medidas. Sin embargo, no entiendo por qué se está aprobando una ley que parece sugerir que los autos particulares son inseguros, pero no se aplica lo mismo a los taxis o los buses escolares. Señores, por favor, hay que reflexionar sobre estas decisiones”
Sin embargo, no todos están en contra. Algunos ciudadanos defendieron la ley como un paso importante en la seguridad vial infantil. Anel Del Busto (@EduSegVial507) escribió: “Yo quiero verlos emputa’os cuando muera el hij@ menor del prim@, herman@, tía, amigo, compañero. Esta ley trata de salvar vidas. No es capricho de ningún diputado. Hay una fundación que defiende a los seres humanos para evitar más muertes en siniestros viales”.
Este es el segundo intento de la Asamblea Nacional por aprobar una ley de este tipo. La primera propuesta fue presentada durante el periodo 2014–2019 por la entonces diputada independiente Ana Matilde Gómez, pero fue objetada por el expresidente Juan Carlos Varela.
