La Asociación Nacional de Supervisores de Educación de la República de Panamá (Anserpa) ejercerá su derecho a huelga de manera indefinida a partir de mañana 5 de mayo, hasta que las justas reclamaciones de los sectores organizados y del pueblo en general sean debidamente atendidas.
La decisión fue tomada durante una asamblea general realizada ayer 3 de mayo en Penonomé, provincia de Coclé, en respaldo y solidaridad con la huelga emprendida por los gremios docentes desde el 23 de abril, en rechazo a la Ley 462 de marzo de 2025, que incluye reformas a la Caja de Seguro Social (CSS). La huelga ya suma 11 días de duración.
Los supervisores expresaron su repudio a la forma intransigente e inconsulta con la que el presidente de la República, José Raúl Mulino, firmó el memorando de entendimiento con los Estados Unidos, considerando que dicho acuerdo vulnera gravemente la soberanía nacional.
Además, manifestaron su oposición a la intención de reactivar la explotación minera, a pesar del fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2023. También rechazaron el ingreso de miembros de la Policía Nacional a los centros educativos, al considerar que representa un peligro para docentes, estudiantes, personal administrativo y padres de familia presentes en los planteles.
Nos llega esta información/ Meduca se resquebraja. Todos los educadores somos pobres pero con dignidad. pic.twitter.com/gqBl6XCwkY
— ASOPROF (@ASOPROF30) May 4, 2025
Humberto Montero, vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes y dirigente magisterial, manifestó que el sector se siente fortalecido y unido en esta lucha.
“Esta huelga continuará hasta que se derogue la nefasta Ley 462, conocida como la ‘ley de la muerte’. Esta no es solo una lucha del sector educativo, sino del pueblo panameño. Cada día se suman más sectores”, afirmó.
Montero criticó duramente al Gobierno Nacional, al que acusó de actuar con prepotencia, arrogancia y falta de humildad al firmar el memorando con Estados Unidos sin consulta ciudadana, lo que —según sus palabras— “lesiona gravemente la soberanía nacional”.
Asimismo, rechazó la intención de reactivar la actividad minera pese al fallo de la Corte Suprema, y denunció el ingreso de la Policía Nacional a las escuelas, lo cual —dijo— pone en riesgo la seguridad de toda la comunidad educativa.
El dirigente también respaldó a los directores de colegios, asegurando que son ellos quienes han sido amenazados por altos funcionarios del Ministerio de Educación (Meduca), y no los docentes, como se ha intentado hacer creer. “Eso es falso. Los docentes no estamos amenazando a nadie. Solo exigimos que se respete el Decreto 681 de junio de 1952, que justifica nuestras ausencias en este contexto de huelga”, explicó.
En medio de la polémica por la huelga de docentes que afecta a las escuelas públicas del país, el contralor general, Anel Flores, advirtió el pasado 28 de abril que se tomarán medidas estrictas para garantizar que se apliquen los descuentos salariales correspondientes.
En declaraciones ofrecidas, Flores explicó que, durante el primer paro realizado semanas atrás, no se pudieron efectuar los descuentos porque los directores de las escuelas no entregaron a tiempo los informes de asistencia a la Dirección de Recursos Humanos.
Según relató, los reportes de tardanzas y ausencias no fueron remitidos debido a que los directores manifestaron haber recibido amenazas. El contralor, sin embargo, dejó claro que no permitirá que esta situación se repita. “Mire, yo no voy a hacer ninguna amenaza, pero sí voy a decir lo siguiente: ya identificamos a todos los directores de las escuelas a nivel nacional”, sostuvo.
Como medida de presión, Flores anunció que, en la próxima quincena, los pagos a los directores ya no se harán por ACH (transferencia bancaria), sino mediante cheques físicos, los cuales serán retenidos hasta que cada director entregue los informes de asistencia debidamente completos.
Flores subrayó que esta decisión busca garantizar la rendición de cuentas y la correcta aplicación de las sanciones por inasistencia. “Aquí, el que no trabaja no se le va a pagar, y eso se va a cumplir con ellos o sin ellos”, advirtió tajantemente.
El funcionario enfatizó que la Contraloría actuará para asegurar que los fondos públicos se utilicen de manera responsable y que quienes incumplan con sus obligaciones no reciban remuneraciones indebidas.
Montero cuestionó además al contralor general, Flores, afirmando que desconoce la normativa vigente. Señaló que, en lugar de perseguir a los docentes, debería enfocarse en fiscalizar las planillas infladas de la Asamblea Nacional. “El contralor debería centrarse en donde realmente hay irregularidades, no en los educadores que están luchando por el país”, recalcó.
Finalmente, celebró la incorporación de los supervisores de educación a la huelga, quienes se unirán formalmente este lunes 5 de mayo, y destacó el apoyo de sindicatos como Suntracs (Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares), Conato (Consejo Nacional de Trabajadores Organizados) y Conusi (Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente), así como de asociaciones de padres de familia y estudiantes que, de manera autónoma, han manifestado su respaldo.
“Este gobierno ha militarizado la protesta social para intimidarnos, pero no tenemos miedo. Sin lucha, no hay victoria. Esta causa se va a defender hasta el final, y ese decreto se tiene que derogar”, concluyó.
Desde Anserpa se exhortó a las autoridades de este gobierno a propiciar un diálogo abierto, transparente y con soluciones concretas, priorizando siempre el bienestar de la sociedad panameña.
Ante la situación, el Meduca aseguró que la educación es un derecho fundamental, protegido por la Constitución, los convenios internacionales y las leyes nacionales.
“Exhortamos a todos a priorizar el bienestar y el futuro de nuestra población estudiantil. Las diferencias no se resuelven con actos que afectan a toda una comunidad y al progreso de nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló la entidad.
Con este nuevo respaldo por parte de los supervisores de educación y el creciente apoyo de otros sectores sociales, el conflicto entre los gremios educativos y el Gobierno se intensifica.
Mientras tanto, el país se mantiene a la expectativa de una posible salida mediante el diálogo y la búsqueda de consensos que permitan restablecer la normalidad en el sistema educativo.
