Este viernes 25 de abril, los gremios docentes panameños iniciaron su tercer día de paro indefinido, en medio de un clima de creciente tensión con el Gobierno. El jueves, en su segundo día de protestas, cientos de educadores se tomaron las calles de la ciudad capital, expresando su rechazo a la Ley 462 de marzo de 2025, que introduce reformas profundas a la Caja de Seguro Social (CSS).
Desde el mediodía del jueves, los educadores se congregaron en la vía España, en las inmediaciones de la iglesia de El Carmen, donde participaron en una breve reflexión religiosa. Posteriormente, al ritmo del tamborito, marcharon hacia la Asamblea Nacional, en la plaza 5 de Mayo, en un ambiente cargado de consignas, pancartas y exigencias.
A la manifestación se unieron también miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), lo que amplió la convocatoria y evidenció una alianza entre sectores sociales con intereses comunes respecto a la polémica ley.
Sin señales de diálogo
Pese a la movilización, no se han registrado avances en las negociaciones con el Ejecutivo ni con el Ministerio de Educación (Meduca), lo que mantiene en incertidumbre a miles de estudiantes afectados por la paralización de las clases. El Gobierno no ha convocado mesas de diálogo y ha mantenido una postura firme ante la protesta.
Durante su conferencia semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, arremetió contra el paro docente, calificándolo de injustificado y perjudicial para el país. “El que no trabaja, no cobra”, afirmó tajantemente el mandatario, marcando distancia con el movimiento gremial.
“Este país no está para pararlo por caprichos”, agregó Mulino. “Nuestros estudiantes de escuelas públicas están años luz atrás, en términos generales, de los estudiantes de escuelas privadas. No podemos hablar de equidad y permitir que se sigan perdiendo más días de clase”, subrayó, aludiendo al impacto del paro sobre la brecha de desigualdad educativa.
En la misma intervención, el presidente Mulino destacó el informe de la ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, quien reportó una asistencia de casi el 100 % en el sector construcción, pese a los llamados a sumarse a la paralización. “Esto es muy importante”, dijo Mulino, al referirse a los esfuerzos del Gobierno por reactivar este sector mediante una nueva ley de incentivos y créditos preferenciales.
El mandatario reiteró que las huelgas deben ser sostenidas económicamente por quienes las promueven y no con fondos estatales. “Si alguien quiere irse a huelga, que lo haga, pero que la pague con su bolsillo”, sentenció.
Mulino insistió en que la prioridad del Gobierno es garantizar la continuidad de los servicios esenciales, especialmente en sectores críticos como la salud, la infraestructura y, en este caso, la educación pública.
En tanto, la ministra de Educación, Lucy Molinar, enfatizó el impacto negativo que la paralización tiene en miles de estudiantes panameños.
“Mientras haya uno que no esté trabajando, el país fracasó”, afirmó Molinar, visiblemente preocupada. “Mientras haya un niño que no tiene un docente frente a él, ese niño es nuestra preocupación. Apelamos a la conciencia de todos: no podemos seguir en esto, no se puede”, destacó.
La ministra también subrayó la responsabilidad individual de los educadores: “En la vida, la libertad nos da la posibilidad de elegir de qué lado queremos estar”.
Mientras tanto, miles de estudiantes permanecen sin clases en varias regiones del país, especialmente en zonas rurales donde el acceso a recursos digitales es limitado y no hay alternativas para continuar con la enseñanza.
Organizaciones de padres de familia han mostrado preocupación por la falta de soluciones y han solicitado al Meduca que garantice el retorno a las aulas lo antes posible.
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