Un grupo de residentes del corregimiento de San Francisco y de la Junta de Desarrollo Local de Villa Lilla se reunió este miércoles 2 de abril con los diputados del circuito 8-4, donde expusieron sus inquietudes sobre los planes de ordenamiento territorial que busca aprobar la Junta de Planificación Municipal (JPM) de la Alcaldía de Panamá.
En la reunión, convocada por el diputado Roberto Zúñiga, de la coalición Vamos, también participaron Jorge Bloise, así como los diputados Grace Hernández y Ernesto Cedeño, estos dos últimos del Movimiento Otro Camino (MOCA). El objetivo fue escuchar las voces e inquietudes de los moradores.
Los diputados atendieron el planteamiento de los residentes de San Francisco sobre temas puntuales, como un posible cambio de uso de suelo de zona residencial a zona mixta, que forma parte del plan de ordenamiento territorial del distrito. También discutieron la reciente elección de la JPM el pasado 25 de marzo, donde la sociedad civil quedó con una representación limitada.
Raquel Amado, residente de la comunidad de Villa Lilla en San Francisco, manifestó que han tenido acercamientos con los diputados, a quienes se les ha explicado los problemas que afectan a los residentes. Amado consideró positivo este diálogo, ya que los diputados del circuito 8-4 viven en la zona y conocen la realidad del corregimiento, donde los comercios proliferan y los residentes pierden espacios.
“Aunque los diputados no pueden intervenir directamente, se comprometieron a dar seguimiento, apoyo y orientación en la lucha administrativa y legal”, destacó la moradora.
También resaltó que, en todo este proceso, lo que se necesita es que las autoridades garanticen que las consultas ciudadanas sean realmente vinculantes en los planes de ordenamiento territorial.
Precisamente, uno de los principales problemas es la falta de comunicación con la Junta de Planificación, que no ha entregado el acta de su última reunión. La comunidad sigue a la espera de este documento para conocer los detalles de la reciente elección de la Junta Directiva.
Por su parte, Zúñiga señaló que los ciudadanos temen que la JPM tome decisiones sin la debida representación de la sociedad civil.
El diputado de Vamos recordó un caso reciente en el que, durante la elección de la Junta Directiva, solo hubo un representante ciudadano, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso. “Que se haya elegido a un representante de un gremio empresarial y no de la sociedad civil crea un vicio dentro del proceso de consulta. Debemos ser cuidadosos con esto, y en ese sentido vamos a alzar la voz”, advirtió Zúñiga.
En tanto, Hernández, tras su participación en la reunión, afirmó que el problema principal es la falta de escucha por parte de las autoridades hacia la ciudadanía. “No basta con que expertos en urbanismo y arquitectura tomen decisiones sin la participación de quienes viven en el lugar y conocen sus necesidades. La planificación debe ser construida junto con la comunidad y no impuesta desde el gobierno”, indicó.
La diputada de Moca enfatizó que, en materia de ordenamiento, el país ha estado en desorden por décadas y que es momento de involucrar a la población en la toma de decisiones para definir su futuro. “Desde asuntos locales hasta temas nacionales, como la minería, se percibe una tendencia a ignorar a la ciudadanía. La exigencia es clara: consultar a la gente antes de decidir, para construir un país con y para sus habitantes”, concluyó Hernández.
El director de Planificación Urbana del Municipio de Panamá, David Tapia, aclaró en su momento que este proceso de renovación de la JPM se llevó a cabo conforme a la ley. Para ello, se realizó una convocatoria abierta para postulaciones de la sociedad civil, cuyos candidatos fueron remitidos a la Comisión de Vivienda. Ahí se hizo una preselección y se enviaron las nóminas al Concejo, donde fueron aprobadas mediante votación.
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Indicó que el Acuerdo Municipal No. 79 de 2021 busca evitar la duplicación de representación en la Junta, pero no restringe quiénes pueden participar.
La escogencia se basó en la Ley No. 6 de febrero de 2006, modificada por la Ley No. 14 de abril de 2015, que establece la inclusión de dos representantes de la sociedad civil designados por el Concejo con base en propuestas de organizaciones comunitarias. Sin embargo, la norma no define específicamente qué organizaciones pueden representar a la sociedad civil, lo que permite una interpretación amplia.
