Cuando se trata de acumular tierras a bajo costo y en zonas estratégicas de Bocas del Toro, el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, sabe cómo hacerlo.
En el año 2021, adquirió 42.6 hectáreas de tierra hasta entonces propiedad de la nación, cerca del puerto de Chiriquí Grande, una zona clave para la actividad agrícola de la región, donde predomina el cultivo de piña y la cría de búfalos.
A cambio, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) recibió apenas $276.
Es decir que, por cada hectárea, Robinson pagó $6.48.
Y si el monto se calcula por metro cuadrado, pagó menos de 0.1 centavo (0.000647 centavo, para ser exactos).
Las 42.6 hectáreas entregadas a Robinson se reparten sobre seis parcelas en los distritos de Almirante y Chiriquí Grande. Casualmente, en el puerto de Chiriquí Grande, ya tiene intereses: ahí hay un muelle dedicado a la venta de combustible, que opera sobre concesiones de fondo de mar a favor de Petrocar, S.A., una sociedad que tiene entre sus directivos a la esposa y dos hijos del diputado.
La transacción está amparada en la Ley 24 de 2006, que declara de orden público e interés social las actividades de regularización y titulación masiva de tierras que ejecuta el Estado, a través de Anati.
Las resoluciones de adjudicación de Anati, firmadas por el entonces administrador José Gabriel Montenegro, omitieron información clave, como la fecha en la que Robinson solicitó las fincas. Tampoco se precisa por qué al diputado le interesaban esas tierras: si acaso ejercía algún derecho posesorio sobre ellas o, en cambio, esos derechos fueron adquiridos a terceros.
Estas no serán las únicas tierras que busca conseguir.
En trámite…
Según información obtenida por La Prensa, en la Anati, ahora administrada por Andrés Pagés, están en trámite otras siete solicitudes de adjudicación a nombre de Robinson.
La extensión solicitada es mucho más vasta: 132.8 hectáreas, adicionales a las 42.6 que ya compró en 2021.
Si Robinson logra su nuevo objetivo, en cuatro años habrá conquistado 175.4 hectáreas de tierras propiedad de la nación.
Las nuevas tierras requeridas están en las comunidades de Rambala y Quebrada El Bajo, en el distrito de Chiriquí Grande. Solo una de las parcelas ocupa 63.7 hectáreas en Quebrada El Bajo. También hay otra de 43.9 hectáreas en Rambala.
Velo
Aunque Robinson acaparó 42.6 hectáreas (divididas en seis parcelas) en el gobierno pasado, la información completa se conoce ahora.
La aprobación de los planos de las seis fincas ocurrió entre el 23 de septiembre y el 25 de noviembre de 2020.
Las resoluciones de adjudicación de Anati se expidieron del 19 de enero al 30 de noviembre de 2021.
Quedaba pendiente el último paso: la inscripción en el Registro Público.
Dos fincas pequeñas se registraron en 2021 y otra más, en 2022. Pero las tres representan una pequeña fracción de toda la tierra que se le entregó a Robinson: juntas no suman ni dos hectáreas.
Quedaban poco más de 40 hectáreas por incorporar a la base de datos del Registro Público.
Esta gestión finalmente ocurrió el año pasado, entre el 4 y el 15 de julio de 2024, coincidiendo con el cambio de gobierno.
Una fuente vinculada al proceso de titulación señaló que la inscripción fue realizada por un funcionario de Anati sin la debida autorización de la Dirección General.
El funcionario, quien ocupaba el cargo de auxiliar de topografía desde el 18 de agosto de 2023, fue destituido.
El Mida, a precio de saldo
Además de las tierras propiedad de la nación, Robinson también adquirió 1.4 hectáreas que eran propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).
La compra fue a precio de ganga: Robinson pagó sólo $24.
Desembolsó $12 por una finca de poco más de 1.1 hectáreas y $6 por cada uno de los otros dos terrenos, hasta entonces del Mida.
Esta transacción ocurrió en 2021 y fue documentada en su momento por La Prensa.
Más solicitudes
La Prensa también conoció que se tramita una titulación a nombre de un hijo de Robinson.
La gestión se encuentra pendiente.
Este medio intentó que el diputado aportara detalles sobre el proceso de adjudicación de tierras bajo el programa de titulación masiva.
Se envió un cuestionario a su despacho en la Asamblea Nacional. Aunque su asistente confirmó que lo había recibido, todavía no se ha obtenido respuesta.
