Un año, siete meses y 23 días.
Ese es el tiempo que el abogado Valentín Martínez Vásquez estuvo condenado por lavado de activos en el caso New Business.
El 17 de julio de 2023 fue sentenciado —junto a otras cuatro personas, incluido el expresidente Ricardo Martinelli— a 80 meses de prisión por la juez penal Baloisa Marquínez. Esta decisión fue confirmada el 24 de octubre de 2023 por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, aunque en esa instancia se modificó el número de condenados, elevándolo a ocho.
Finalmente, el 1 de febrero de 2024, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió los recursos de casación, por lo que el 4 de marzo de ese año, la juez Marquínez declaró que la sentencia condenatoria quedaba formalmente “ejecutoriada”.
Pero Martínez —hermano del canciller Javier Martínez Acha— no ingresó a prisión. En cambio, presentó un recurso de revisión de sentencia. La Procuraduría General de la Nación emitió una opinión escrita recomendando no acceder a la revisión. Sin embargo, la misma Sala Penal que previamente rechazó los recursos de casación esta vez falló en sentido contrario, aunque una de las tres magistradas que la componen —Maribel Cornejo— se opuso y salvó su voto.
¿Qué ocurrió para que las magistradas María Eugenia López Arias y Ariadne García absolvieran al hermano del canciller de toda responsabilidad penal? Pues que ahora se presentó una declaración notariada de Riccardo Francolini, exaccionista de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) y uno de los imputados que pactó un acuerdo de pena con la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada. Gracias a este acuerdo, Francolini se convirtió en uno de los testigos estrella de la fiscalía.
En una declaración jurada elaborada a petición de la defensa de Martínez, Francolini asumió la culpa por todos los hechos que vinculaban al hermano del canciller con los delitos investigados. Invocó la relación cliente-abogado. Por tanto, las magistradas López y García entendieron que Martínez actuó siguiendo instrucciones de su cliente; no incurrió en dolo ni conocía la naturaleza de los negocios.
¿Evidencia nueva?
La Sala Penal, en un fallo adoptado el 12 de marzo pasado, invocó el numeral 3 del artículo 191 del Código Procesal Penal, que permite la revisión de una sentencia “cuando, después del fallo, sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el procedimiento, hagan evidente que el hecho cometido no es punible o que corresponde aplicar una norma más favorable”.
¿Había evidencia nueva? No, según la magistrada Cornejo. Ella advirtió que las pruebas presentadas por la defensa de Martínez no eran novedosas ni constituían evidencia inédita no considerada al momento de dictar sentencia. “Los elementos aportados para acreditar la causal deben satisfacer los presupuestos de novedad, relevancia y eficacia probatoria”, anotó Cornejo en su escrito de salvamento de voto. Según ella, ese requisito no se cumplió.
No obstante, las magistradas López y García aceptaron los argumentos de la defensa y la pertinencia de declaraciones juradas como la de Francolini, aunque desestimaron otras, como las de Henry Mizrachi —otro exaccionista de Epasa y testigo de la fiscalía— y Avelino Acero, ejecutivo de la constructora FCC, investigada en España por presuntamente pagar más de $175 millones en sobornos durante el gobierno de Martinelli (2009–2014).
Primer caso
Rosendo Miranda, abogado de Martínez, presentó 18 testimonios y dos auditorías del año 2016, entre otros documentos, para probar que su defendido actuó sin dolo.
Martínez fue condenado por dos hechos. El primero: girar un cheque de gerencia por $80,000 a la sociedad New Business Services Limited, titular de la cuenta “canasta” usada para adquirir las acciones de Epasa en diciembre de 2010.
Pero Francolini declaró que él ordenó confeccionar ese cheque y que Martínez solo siguió instrucciones. Los fondos le pertenecían y estaban bajo custodia de la firma Dudley & Asociados, a la que pertenecía el hermano del canciller cuando se compraron las acciones de Epasa.
La fiscal Grissel Mojica respaldó el argumento de la defensa, señalando que la conducta de Martínez “se enmarca dentro de los actos cotidianos que realiza un profesional del derecho”.
Segundo caso
El segundo hecho fue el giro de cinco cheques de gerencia que sumaron $1.3 millones. Aquí, la fiscalía no compartió el criterio de la defensa. Argumentó que la nueva declaración jurada de Henry Mizrachi contradice una previa, dada en calidad de testigo protegido. Por tanto, “esta nueva prueba no tiene la contundencia necesaria para demostrar que las transferencias realizadas por Valentín Martínez no constituyen delito”.
Sin embargo, las magistradas López y García desecharon esos argumentos y le dieron la razón al imputado.
La defensa también presentó un testimonio del exdirector de FCC, Avelino Acero (2009–2013), quien negó haber pagado sobornos en Panamá a cambio de contratos con el Estado. No obstante, las magistradas consideraron que su testimonio no bastaba, especialmente porque otros excolaboradores de FCC lo desmentían.
Los cinco cheques estaban relacionados con una supuesta “asesoría” brindada por Martínez Acha & Asociados —firma fundada por Martínez tras dejar Dudley & Asociados— a FCC, respecto al contrato de la Ciudad de la Salud (entonces llamada Ciudad Hospitalaria). Pero nunca existió tal asesoría. Fue una excusa para justificar pagos de comisiones (sobornos), solicitadas por un alto ejecutivo de la Presidencia, según la sentencia.
Los sobornos circularon a través del sistema financiero local, pasando por sociedades como Gextril Corporation y Rulkafy, S.A., hasta llegar a una cuenta de Clients Custody Account, Inc., todas controladas por Martínez. Él, según el fallo, “con pleno conocimiento de la procedencia de los fondos, ejecutó una serie de transacciones para enmascararlos mediante la trasposición de sociedades ligadas a su persona y a Francolini”.
No se especifica cuánto dinero circuló, pero parte terminó en Global Office Corp., propiedad de Mizrachi.
Compra ficticia
Según el fallo, se fraccionó la operación en cinco cheques usando como justificación un “contrato ficticio de promesa de compraventa” de una oficina. Julio Casla, colaborador de FCC, declaró que la empresa pagó millonarios sobornos y firmó un contrato con Martínez por $6 millones para justificar el pago de una comisión adicional de $12 millones.
Eugenio del Barrio, otro ejecutivo de FCC, dijo que Francolini actuó como intermediario de esas comisiones, que incluían el 9% del contrato adjudicado y los $12 millones por una adenda al financiamiento del proyecto.
Testimonio de Mizrachi
Este relato coincide con lo que declaró Henry Mizrachi, quien como testigo protegido afirmó que participó en reuniones en Presidencia donde se solicitaron sobornos.
En una declaración posterior, Mizrachi afirmó haber simulado una venta de oficina a través de un contrato ficticio para justificar el recibo de $1.3 millones destinados a pagar una deuda personal con la Caja de Ahorros (CA). Asegura que Martínez actuó en nombre de Sparkroll International Group, Corp. (una sociedad cuyo único accionista era Francolini), siguiendo instrucciones de Martinelli.
Según las nuevas declaraciones de Francolini, Martínez solo siguió instrucciones y desconocía que se trataba de una operación ficticia.
La Corte concluyó que el hermano del canciller Martínez Acha actuó como abogado, sin saber lo que tramaban Francolini y Mizrachi. Dio total crédito a Francolini, pese a que Mizrachi ofreció tres versiones distintas del mismo hecho.
