En septiembre de 2022, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) celebró 50 años de fundación.
Sin embargo, la alegría que debió acompañar las bodas de oro de la organización fue sustituida por una creciente preocupación, especialmente entre sus líderes.
Como si se tratara de un terrible regalo de aniversario, en esa fecha se conoció que la organización sindical —y varios de sus dirigentes más prominentes— fue señalada en una querella penal por una serie de delitos relacionados con 14 fincas en Red Frog Beach Club. Dichas propiedades fueron ofrecidas por el promotor Pillar Construction, S.A. (posteriormente renombrado Bastimentos Holding) como pago de las compensaciones laborales a 412 trabajadores que participaron en la construcción de ese proyecto en isla Bastimentos, Bocas del Toro.
Tras un acuerdo extrajudicial con la empresa constructora, las fincas fueron traspasadas al Suntracs (que supuestamente representaba a los trabajadores) entre 2012 y 2020. A partir de entonces, hubo esfuerzos infructuosos para que el sindicato entregara lo que correspondía a los beneficiarios reales de esas tierras.
Fue entonces cuando, desde el seno de la organización, surgió un plan de “yo con yo”: valiéndose de una cooperativa perteneciente al mismo sindicato, blindaron las 14 fincas, utilizándolas como garantía de un supuesto contrato de préstamo hipotecario por $3.1 millones.
Al 6 de junio de 2022, el Suntracs ya había firmado, notariado e inscrito el contrato de préstamo en el Registro Público. Esto provocó que, mes y medio después, cuando los extrabajadores presentaron la querella, descubrieran que los bienes estaban hipotecados a favor de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L.
Pero el plan distaba de ser perfecto.
La cooperativa no contaba con los fondos suficientes para otorgar semejante préstamo. En su cuenta en la Caja de Ahorros (CA) apenas había $201,156.78. En cambio, el sindicato sí disponía del dinero. Entonces se les ocurrió que la organización obrera “prestara” a la cooperativa los fondos, y que esta, a su vez, se los “prestara” de vuelta.
Toda la información relacionada con esta cuestionada transacción, así como con la precaria garantía crediticia que se intentó establecer, está ahora en manos de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada. Esta fiscalía entregó recientemente la custodia de las 14 fincas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras investiga a los dirigentes del Suntracs por la posible comisión de cinco delitos: estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato.
Las irregularidades no terminan allí. Además de la falta de una “razón lógica comercial aparente” para la transacción, ni el sindicato estaba facultado para otorgar líneas de crédito, ni la cooperativa para ofrecer préstamos hipotecarios.
Nombres repetidos
En la presunta “simulación” de esta transacción participaron miembros de la alta dirección del Suntracs y de su cooperativa.
Resulta llamativa la repetición de nombres en ambas juntas directivas:
Luis González Marín, presidente y representante legal de la cooperativa, es suplente de Yamir Córdoba, secretario de Organización del Suntracs. Córdoba, a su vez, es vocal suplente primero en la cooperativa.
Abdiel Bethancourt es secretario de Finanzas del Suntracs y también secretario de la cooperativa.
César Ochoa es secretario de Asuntos Comunales del sindicato y vicepresidente de la cooperativa.
Sebastián Fula es secretario de Cultura en Suntracs y vocal suplente tercero en la cooperativa.
David Niño es secretario de Derechos Humanos y Ambientales en el sindicato y tesorero en la cooperativa.
Orestes Jiménez figura como secretario suplente de Educación del Suntracs y vocal suplente segundo en la cooperativa.
Hasta ahora, la fiscalía ha solicitado la aprehensión de cuatro directivos del Suntracs: Saúl Méndez, secretario general; Genaro López, exsecretario general y actual secretario de Finanzas; Jaime Caballero, secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales, y Erasmo Cerrud, secretario de Defensa.
Méndez permanece en la embajada de Bolivia desde el 21 de mayo, en espera de una decisión sobre su solicitud de asilo. López y Caballero están detenidos en La Nueva Joya, y el paradero de Cerrud es desconocido. La Policía Nacional ha ofrecido una recompensa de $5,000 por información que permita su localización.
Los movimientos en la CA
¿De dónde obtuvo el Suntracs los $3 millones que le entregó a la cooperativa para que esta se los “prestara” de regreso?
En ese momento, el sindicato tenía varias cuentas en la Caja de Ahorros. El 5 de septiembre de 2022, una de ellas registraba un saldo de poco más de $6.1 millones. Ese mismo día, ingresaron $3 millones producto de la cancelación de un plazo fijo a nombre del sindicato.
Posteriormente, el 29 de septiembre de 2022, se emitió un cheque por $3 millones a nombre de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs RL, monto que fue transferido directamente a la cuenta de esta en la misma entidad bancaria. Hasta entonces, la cooperativa mantenía depósitos por apenas $201 mil.
Los millones no permanecieron mucho tiempo en su cuenta.
El 21 de octubre de 2022, exactamente 22 días después, el mismo monto fue retirado de la cuenta de la cooperativa y depositado nuevamente en la del sindicato. Así consta en un informe financiero elaborado por la División de Delitos de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con fecha 23 de mayo de 2025.
Estas transacciones encendieron las alarmas. En poco más de seis semanas, el Suntracs había recibido, entregado y vuelto a recibir la suma de $3 millones, una cifra que, además, excedía lo declarado al momento de abrir la cuenta.
Este patrón fue reportado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ya que los estados financieros del sindicato no han sido auditados.
“La transacción no tiene una razón comercial lógica aparente, ya que el sindicato contaba con los fondos suficientes y pudo haber pagado directamente las liquidaciones, sin necesidad de recurrir a un préstamo de una cooperativa a la que ellos mismos le proporcionaron los recursos mediante una línea de crédito rotativa”, indica el informe.
“El Suntracs no es una entidad autorizada para conceder créditos, según la normativa vigente sobre sindicatos”, añade el documento de la DIJ.
Las faltas de la cooperativa
El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) también lanzó alertas. Ya había advertido que el Suntracs “funge como proveedor de recursos económicos utilizados por la cooperativa para el otorgamiento de créditos”. Esto resulta preocupante, ya que el sindicato no está sujeto a supervisión de ningún regulador en materia de prevención de blanqueo de capitales. Además, según Ipacoop, la cooperativa no aplicó medidas de debida diligencia para verificar el origen de los fondos.
En cuanto al préstamo entre el sindicato y la cooperativa, el último abono se realizó el 28 de marzo pasado. El saldo actual es de $2,984,308.22, pese a que el contrato firmado en 2022 exige pagos mensuales de $20,301.69, con un interés anual del 6%. Es decir, hasta hace poco, el repago no parecía ser una prioridad.
La cooperativa mantiene préstamos por cobrar por un total de $6 millones, de los cuales el 79% están respaldados con garantías hipotecarias, a pesar de que su reglamento no permite este tipo de servicio.
Tanto los trabajadores querellantes como la fiscalía y la DIJ cuentan con un avalúo realizado por la empresa Servicios Profesionales de Avalúos & Construcción, que muestra una “subvaloración” de las 14 fincas en isla Bastimentos. El valor de reposición se estimó en $28.6 millones, mientras que el valor de mercado (según la demanda actual) alcanzó $27.5 millones.
Algunos extrabajadores todavía desconocen lo ocurrido con sus prestaciones.
Ignoraban que el Suntracs los había representado en un acuerdo extrajudicial con Pillar Construction, ya que nunca firmaron documentos cediendo sus derechos. Otros ni siquiera saben leer o escribir, o viven en islas remotas de Bocas del Toro, lo que dificulta su localización. Se está intentando contactarlos a todos.
Hasta el momento, 144 extrabajadores se han sumado a la querella, representados por los abogados Abel Fernández Bultrón y Camilo Candanedo.
