Esta es una historia en la que sus protagonistas más visibles son prácticamente unos ilustres desconocidos en nuestro país. Pero eso no significa que no se movieran de la mano de prominentes personajes de la vida política.
De hecho, la aparición de estos ilustres actores da sentido a muchas de las interrogantes que esta investigación ha planteado.
Por ejemplo, ¿por qué el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) pasó de repudiar el proyecto portuario en Isla Margarita, Colón, a apadrinarlo abiertamente dentro y fuera de Panamá? Si la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) había decidido revocar el contrato de concesión, ¿por qué, en lugar de ejecutar la orden, su administrador extendió su vigencia por 20 años más? ¿Qué les hizo cambiar de parecer?
Giro en la AMP
El 23 de junio de 2021 marcó un punto de inflexión en esta historia.
Ese día se reunió la junta directiva de la AMP, con dos importantes puntos en la agenda. Uno era la prórroga del contrato a favor de Panama Ports Company (PPC), para la explotación de los puertos de Balboa y Cristóbal. El otro era la cancelación administrativa de dos concesiones de fondo de mar para desarrollar un puerto y un patio de contenedores en Isla Margarita.
Lógicamente, toda la atención del país estaba puesta en el contrato de PPC, así que el de Isla Margarita pasó prácticamente inadvertido. Por eso, el gobierno pudo adoptar decisiones que posteriormente incumplió sin que nadie se inmutara en alzar la voz, y mucho menos salir a protestar.
Aquel 23 de junio, la ingeniera Flor Pitty, que en ese momento fungía como directora general de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, le explicó a la junta directiva que el proyecto portuario adjudicado 10 años antes a la sociedad Panama Colon Container Port Inc. (PCCP) presentaba una cadena de incumplimientos contractuales, debidamente certificados a través de una auditoría conducida por la Contraloría General de la República.
José Alejandro Rojas Pardini, quien era ministro consejero de “facilitación de la inversión privada”, estaba presente en la reunión, como miembro de la junta directiva de la AMP. Ahí comentó que la construcción del proyecto tenía “casi tres años de estar parada”.
El mismo grupo inversor tenía otro contrato de concesión para establecer un patio de contenedores en un área adyacente. Ese contrato también registraba incumplimientos, ya que su ejecución estaba ligada a la construcción del puerto.
La ingeniera Pitty informó, además, que a PCCP nunca se le había multado ni sancionado, pese a que había un evidente atraso en el cronograma de construcción y arrastraba una morosidad en el pago de arriendos mensuales a la AMP.
Posteriormente, de forma unánime, la junta directiva votó a favor de la cancelación administrativa del contrato.
No obstante, el entonces administrador de la AMP, Noriel Arauz, en lugar de ejecutar la orden, adoptó una decisión diametralmente opuesta.
New York, New York
El domingo 19 de septiembre de 2021, casi tres meses después de la reunión de la junta directiva de la AMP, el presidente Cortizo viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. De paso, arregló citas con directivos de empresas y fondos de inversión. Lo acompañaba el ministro consejero Rojas Pardini.
Una de esas reuniones fue con ejecutivos de Notarc Management Group (NMG), un fondo de inversión dirigido por los bahamenses Dion Bowe y Leslie Bethel. Se desconoce exactamente de qué conversaron, porque la Presidencia de la República no informó nada al respecto.
Cortizo habló en la plenaria de la ONU el jueves 23 de septiembre y, una vez concluyó su intervención, se dirigió a la sede del Nasdaq, donde participó en la presentación del “Panama Development Fund”, un nombre sugerente para un fondo “de capital de riesgo y oportunidades enfocado en América Latina”, establecido por la ya casi omnipresente NMG, en asociación con Fuel Venture Capital Partners, con sede en Miami.
Localmente, casi nadie conoce ese fondo, aunque —según una nota de prensa de los creadores— su objetivo sería “expandir las inversiones tecnológicas en América Central y del Sur, a través de su centro en Panamá, donde ya cuenta con una cartera de más de $7,000 millones en inversiones en infraestructura, bienes raíces y energías renovables”. Esa cantidad representa dos veces el presupuesto inicial de la ampliación del Canal. Seguramente, algo de esa dimensión alguien tendría que haberlo notado en Panamá. En cambio, transcurrió de forma casi imperceptible.
Puertas abiertas
En la AMP, todos los pormenores sobre los incumplimientos del proyecto en Isla Margarita empezaron a ser ignorados.
El 19 de abril de 2022, el administrador Noriel Arauz recibió una nota de Dion Bowe, anunciando que el fondo de inversiones NMG había adquirido la totalidad de las acciones de PCCP. Bowe pidió que la AMP revocara la orden de rescisión del contrato de PCCP. A cambio, prometió una inversión de $1,000 millones, saldar todas las deudas pendientes, generar “por lo menos” 1,340 empleos, renovar las pólizas y fianzas, y completar las obras en 15 meses.
En esa nota a Arauz, Bowe aludió a una “comunicación del día 24 de marzo de 2022”, en la que se había informado a la AMP y al presidente Cortizo sobre el nuevo rol de NMG en el proyecto de Isla Margarita. Además, prometió que uno “de los operadores más grandes del mundo” se encargaría de gestionar el puerto.
El operador resultó ser Mediterranean Shipping Company (MSC), que se sumó a través de su filial Terminal Investment Limited.
El 18 de mayo de 2022, durante el Bloomberg New Economy Forum que se celebró en Panamá en esa fecha, se firmó el acuerdo entre NMG y TIL. Como testigos de honor estuvieron el ministro consejero Rojas Pardini y el administrador Arauz. También estaba el abogado Juan Felipe Pitty, asesor de Notarc Port Investment.
Pitty fue embajador y cónsul en Filipinas durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009). En la firma forense Pitty Legal Bureau también trabaja Fernando Solórzano, administrador de la AMP de 2007 a 2009, también con Torrijos. Además, Solórzano fue “asesor del administrador” de la AMP entre 2019 y 2021; por tanto, estaba cerca de Noriel Arauz en momentos en que se discutía el futuro de la concesión en Isla Margarita.
Pero todavía quedaba formalizar una adenda al contrato ley que PCCP había firmado con la AMP en 2013, ya que era necesario modificar el cronograma de trabajo, los montos de inversión, el polígono de la concesión y la vigencia de la misma, que se extendió hasta el año 2042.
Las adendas
El tema fue discutido en el Consejo de Gabinete del 11 de octubre de 2022. Nadie preguntó por qué no se ejecutó la orden de rescisión del contrato, a pesar de tantos incumplimientos. Ni Cortizo, ni Arauz, ni Rojas Pardini (quien también estaba presente en la reunión del Gabinete de ese día) mencionaron nada respecto a sus encuentros con Notarc y el “Panama Investment Fund”, así que la firma de la adenda recibió una autorización exprés. La sesión, que había iniciado a las 3:24 p.m., terminó a las 5:30 p.m.
Las adendas al contrato ley de 2013 fueron llevadas a la Asamblea Nacional, que las aprobó el 24 de octubre de 2022 (es decir, apenas 13 días después de que el tema fuese tratado en Gabinete). Cortizo las sancionó el 1 de noviembre de ese año.
Pero el cuento está lejos de tener un final feliz.
La disputa legal
En febrero de 2024, Bowe, Bethel, Colin Michael Martínez, Liang Zhang, NMG y otras cuatro sociedades fueron demandadas por Lanbridge Port Services (Hong Kong) Ltd., la cual alega haber sido despojada de su participación accionaria en PCCP. La demanda fue presentada en Delaware, Estados Unidos, ya que la mayoría de las sociedades involucradas fueron creadas en esa jurisdicción.
Landbridge los acusa por supuesto enriquecimiento, apropiación indebida y conspiración, entre otros delitos. Además, pide que se suspenda el arbitraje que Notarc solicitó ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (Cecap), por considerarlo una farsa.
Dion Bowe, a su vez, presentó en febrero de 2023 una querella penal contra Haiyan Tang, David Michael Orta y Lucas Loviscek, socios de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, la firma de abogados que representa a Landbridge en el litigio en Delaware.
Bowe presentó la querella penal a través de la firma Infante & Pérez Almillano, fundada por el abogado Héctor Infante, quien actualmente es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores.
Nada de lo que Bowe prometió a la AMP pareciera haberse materializado, porque el presidente José Raúl Mulino —quien reemplazó a Cortizo el 1 de julio de 2024— ya se quejó públicamente y opinó que el contrato había sido “mal otorgado”.
Notarc, que había guardado silencio desde aquellas declaraciones de Mulino, ahora estaría vendiendo su participación en PCCP a “United States Strategic Fund.”
‘Se vende’
En un supuesto comunicado enviado por correo electrónico por la firma de relaciones públicas Cavalry Strategies, se indica que la AMP ya fue debidamente notificada de la transacción, “que actualmente se encuentra en proceso de culminación”. El propósito, supuestamente, es fomentar la “cooperación” entre Estados Unidos y Panamá.
Además, sostiene que los anteriores concesionarios del proyecto tenían “vínculos confirmados con el Partido Comunista Chino”. Asegura haber invertido “millones de dólares en la revitalización del proyecto” y comprometido más de $1,000 millones en capital a largo plazo.
Se desconoce quién es el comprador y el comunicado compartido por email no está en las redes sociales de las empresas
La Prensa consultó a la AMP sobre esta transacción y en la entidad se mostraron sorprendidos. Incluso solicitaron copia del comunicado que mandó Cavalry Strategies.
Un giro inesperado en una historia que todavía tiene más sorpresas.
Más detalles en la continuación de esta nota.
